El clima de inseguridad se ha apoderado de la campaña electoral en Veracruz, que el 1 de junio elegirá a sus 212 presidentes municipales con todas las alertas encendidas. El Estado del Golfo, donde concurren también los comicios judiciales federales y estatales, unos 150 cargos entre unos y otros, concentra las preocupaciones de las autoridades, que están tratando de blindar el territorio frente al asedio incansable de la violencia, una vieja conocida en periodo electoral. El Gobierno federal ha enviado esta semana 3.500 guardias nacionales como parte de la estrategia de refuerzo de la seguridad, según especificó el secretario del ramo, Omar García Harfuch, en una entrevista en Fórmula. A ellos se suman otros 300 elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General, que esta misma semana perdió a dos de los suyos en ese Estado en un tiroteo en Boca del Río, en la zona costera.
Estas medidas buscan apaciguar un ambiente tensionado en extremo. Más de 75 candidatos han solicitado protección al Gobierno estatal, que asegura que ya han recibido “acompañamiento”. El destino de algunos de sus compañeros o competidores no ha sentado el mejor precedente: el domingo por la noche asesinaron a Yesenia Lara, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec; al día siguiente caían los dos agentes de la Fiscalía que investigaban un secuestro y, un día después, mataron a balazos al exalcalde y exregidor de Actopan Esteban Alfonseca Salazar y Edmundo Martínez Pérez, respectivamente, ambos del partido guinda, principal blanco de la embestida. Son cinco personas, entre políticos y funcionarios, tiroteados en un espacio de tres días.
García Harfuch ha prometido llegar hasta el fondo de los crímenes y dar con los responsables, pero las cifras de impunidad en el país entibian las esperanzas. La preocupación ha alcanzado tanto a autoridades como a candidatos. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, también de Morena, viajará la próxima semana a Ciudad de México para estudiar con el Gobierno central cómo reforzar la seguridad de aquí a las elecciones, según anunció la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, tras afirmar que la violencia “no está afectando el proceso”. Mientras tanto, el PRI ha anunciado que cancelará hasta nuevo aviso sus actos de campaña en el Estado, después de que la sede de su Comité Directivo Estatal fuera vandalizada este jueves.
Para Jaime Talancón, abogado electoral y analista en prevención de riesgos políticos, el problema viene de lejos y no basta para resolverlo con la sola presencia de guardias y personal de seguridad, da igual cuántos envíen. “La pregunta que tenemos que hacernos, en el contexto de violencia política, es a quién se le está permitiendo llegar a los centros de votación y a quién se le está permitiendo llegar a las elecciones”, plantea. “En el momento en que el crimen organizado interviene en sacar de la jugada a candidatas y candidatos, claramente está jugando un papel fundamental y activo en quién sí y quién no puede llegar a las posiciones de poder. Lo que está de por medio es el control de los presupuestos, las alcaldías y, sobre todo, las policías”, incide.
La excandidata Elia Merlín Castro encarna el ejemplo más cercano. La morenista aspiraba a la alcaldía de Cosoleacaque, pero renunció a contender a comienzos de abril, alegando la falta de seguridad necesaria para continuar en la carrera. “Hago un alto en el camino porque no hay condiciones para que podamos, yo y el equipo, caminar libremente sin ser seguidos en una clara intimidación a lo que se está haciendo”, dijo entonces. Su hermana y su sobrina, ambas involucradas en la política local, ya habían sido asesinadas a tiros en su vivienda en 2021.
La impunidad es la mayor garantía para que estos sucesos sigan produciéndose, especialmente en los comicios locales, el nivel más frágil y más expuesto al crimen organizado. Con 13 incidentes, Veracruz es la segunda entidad con más episodios de violencia política en el primer trimestre del año, según un informe de la consultora Integralia que sitúa a Morelos a la cabeza con 17. El 79,3% de la población adulta en el Estado costero dice sentirse insegura, ligeramente por encima de la media nacional, que se sitúa en el 73,6%, según el Inegi.
La violencia política que amenaza estos comicios contrasta con la aparente calma que vive Durango, el otro Estado que elegirá ediles y alcaldes este 1 de junio, además de jueces y magistrados. Allá ha enviado el Gobierno 2.460 guardias, mil menos que a Veracruz. La razón de esta diferencia la sintetiza el abogado en dos palabras: “Pax narca”. En este Estado del noroeste, uno de los últimos bastiones que mantiene la coalición del PRI y el PAN, la falta de alternancia en el color del Ejecutivo garantiza cierta armonía, indica Jaime Talancón, que desarrolla: “Parte de los problemas cuando hay cambio de partido en las entidades o municipios es que lo que se juega no es solo el cambio de partido sino el perder el control de las policías ya controladas”. La ausencia de este escenario en Durango, frente a Veracruz, que cambió de color en 2018, podría explicar en parte las diferencias en el desarrollo de las campañas.
El Estado costero enfila pues las dos semanas previas a la convocatoria bajo el silbido de las balas, una situación que se vuelve más grave cuanto más normalizada. Los comicios de 2024 fueron los más grandes de la historia de México, también los más violentos. La espiral no terminará hasta que el país enfrente de verdad el problema de impunidad, dice el experto: “México se está quedando corto”.
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