Desaparecieron el 25 de abril, pero hasta hace unos días el Ejecutivo y la Policía dudaban de que el secuestro fuese real. Este domingo las suspicacias se han disipado con una escena desoladora: 13 cuerpos inertes, desnudos y maniatados, dentro de un socavón en la localidad de Pataz, en la región de La Libertad. Los 13 trabajadores de la empresa R&R que le brindaba servicios a la minera Poderosa, una de las principales compañías de extracción de oro del Perú, fueron ejecutados por presuntos sicarios y mineros ilegales, en medio de una cadena de negligencias de parte del Gobierno de Dina Boluarte y las fuerzas de seguridad.
El último miércoles, cuando los familiares de las víctimas marchaban con desesperación y concitaban la atención de los medios, Gustavo Adrianzén, el presidente del Consejo de Ministros, puso en tela de juicio la veracidad del secuestro y, además, señaló que no pertenecían a la minera Poderosa. “Nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia de que el suceso que se informó sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento”, sostuvo. El general Guillermo Llerena, jefe policial de la región, secundó las declaraciones de Adrianzén.
La provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde febrero del 2024 a causa de diversos atentados de parte de mineros ilegales y mafias vinculadas a la extorsión. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía, han asumido el control interno y han realizado diversos operativos en la zona. Pero aun así no se tenían certezas sobre la desaparición de los obreros. El viernes, la minera Poderosa emitió un comunicado en el que afirma que los 13 trabajadores ejercían funciones para un “minero artesanal” que mantiene un contrato de explotación con ellos, que el secuestro se produjo cuando los criminales intentaron tomar control del lugar y que les llamaba “poderosamente la atención” que la semana pasada la Policía movilizara a 800 efectivos para un operativo que no tuvo incidencia en las zonas donde se produjeron los enfrentamientos.
Al dejarlos en evidencia, las fuerzas de seguridad se activaron y comenzaron la búsqueda tardíamente. “Los miembros de las rondas campesinas están colaborando con nosotros. Con ellos estamos ingresando a los socavones”, dijo el general Llerena. Trascendió que los delincuentes exigieron cuatro millones de soles (1,081 millones de dólares) para liberar a los 13 trabajadores. Pero la Policía lo desmintió. “Quien tiene a nuestros muchachos es un delincuente apodado Cuchillo y los tienen en la mina de un tal Galindo. Estamos negociando, pero los delincuentes no quieren saber nada. Que la Policía tenga conocimiento de esto y vayan a rescatarlos. No estamos de brazos cruzados”, dijo un compañero de los secuestrados.
Desde distintos rincones del país, los familiares viajaron a Pataz a la espera del rescate. “No más indiferencia. El tiempo corre en contra”, decía uno de sus carteles. Pero el rescate nunca llegó. Los trabajadores fueron asesinados a quemarropa dentro de un socavón. Por ahora se ha identificado a nueve de ellos. Se trata de Nilver Joel Pérez Chuquipoma, César Rospigliosi Arellano, Frank Jesús Monzón Valeriano, Jhon Cristian Facundo Inga, Franklin Vicente Facundo Inga, Josué Carbonell Beltrán, Alexander Domínguez, Juan Ñaupari Salva, Darwin Javier Coveñas Panta. Sus restos han sido trasladados a la morgue de Trujillo, la capital de La Libertad, para ser reconocidos por sus seres queridos.
“La criminalidad avanza ante la inacción del Gobierno, que no respondió con la urgencia que la situación exigía, incluso en pleno estado de emergencia. Este hecho también evidencia la falta de garantías de seguridad por parte de la empresa para quienes laboran en sus operaciones”, ha condenado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El periodista Paul Acevedo Gutiérrez, columnista del diario Correo, ha sido contundente: “Pataz no necesita más decretos; necesita presencia real, inteligencia operativa y, sobre todo, voluntad política. Porque hoy, en esta provincia, quien manda no es el Estado sino el crimen”.
Este sábado, en la víspera del asesinato de los 13 mineros, 20 trabajadores de otra mina en la provincia de Pataz fueron tomados como rehenes. Los delincuentes irrumpieron en la planta de procesamiento de la minera Caravelí, en el distrito de Tayabamba. Se produjo un enfrentamiento y se reportaron ocho heridos, dos de ellos son policías. Recibieron impactos de bala en el cuello, la cadera y los hombros. Están siendo atendidos en el Hospital de Alta Complejidad de Trujillo. A fines de marzo un vehículo de la mina Poderosa fue emboscado. Murieron cinco personas. El grupo armado, además, destruyó una torre de alta tensión, dejando a oscuras a la población.
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