La jueza estadounidense Lisa Walsh ha condenado a Genaro García Luna y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar al Gobierno mexicano casi 2.500 millones de dólares. La sentencia de la corte civil de Miami, en Florida, supone un gran triunfo para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que lleva desde 2021 detrás de la fortuna que amasó el exsecretario de Seguridad Pública con un esquema de corrupción y desvíos millonarios de fondos públicos.
La UIF está de fiesta. Después de una persecución judicial de más de cinco años, el brazo antilavado del Gobierno mexicano ha logrado que una corte estadounidense obligue a García Luna a devolver, por triplicado, el dinero que se presume que robó a las finanzas del país. La UIF reclamaba al exsecretario 250 millones de dólares y la corte del Décimo Primer Circuito Judicial del Condado de Miami Dade le ha sentenciado a pagar 750. Misma dinámica para Pereyra, la unidad reclamaba a la esposa 580 millones dólares y la jueza la ha condenado a devolver 1.740 millones.
La sentencia se ha emitido sin juicio, puesto que ninguno de los dos demandados se ha hecho presente en el proceso. En el caso de García Luna, recoge la solución, “no ha presentado o notificado ningún documento en respuesta a la demanda como exige la ley”. El que fuera el zar de seguridad del presidente Felipe Calderón (2006-2012) fue condenado por la Corte de Nueva York en octubre del año pasado y sentenciado a 38 años de cárcel por narcotráfico y delincuencia organizada por haber colaborado durante dos décadas con el Cártel de Sinaloa.
Su esposa, en cambio, sí empezó contestando a la demanda del Gobierno mexicano. Se quedó sin defensa en julio de 2023 y la corte asumió que se iba a representar a sí misma, sin embargo, ya no volvió ni a contestar ni a presentarse a las audiencias. Actualmente no se conoce el paradero de Pereyra. En consecuencia, y ante el desacato, la jueza ha decretado el fin del proceso judicial y la sentencia contra ambos.
“La sentencia es consecuente con 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa y sus 5 empresas como resultado de su omisión de concurrir al juicio”, ha informado este martes la Secretaría de Hacienda mexicana. La dependencia ha explicado que, previamente, el Gobierno de México ha conseguido el pago de 2,7 millones de dólares, a raíz de la ejecución de otras sentencias dentro del mismo juicio. Esos recursos corresponden a activos de la firma fachada Delta Integrator LLC, a la transmisión de un inmueble y al vencimiento de una hipoteca. “Los recursos líquidos recuperados fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta”, ha indicado la dependencia.
La estrategia legal emprendida por el Gobierno ha sido disruptiva: es la primera vez que México, como Estado, reclama el derecho sobre una fortuna personal construida a partir del saqueo al erario. La primera demanda fue presentada cuando el titular de la UIF era Santiago Nieto, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Tras la salida de Nieto de la unidad antilavado, su sucesor, Pablo Gómez, dio continuidad al recurso legal.
De acuerdo con la demanda, García Luna amasó 745,4 millones de dólares a partir de 30 contratos simulados con la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía de la Ciudad de México entre 2009 y 2018. El periodo del saqueo abarca los sexenios de Felipe Calderón (PAN) y de Enrique Peña Nieto (PRI). Durante el primer sexenio, García Luna formó parte de la administración pública; al terminar el calderonismo, vendió al Gobierno sus servicios como “asesor y empresario”.
Más de la mitad del total —427,6 millones de dólares— corresponde a desvíos desde Gobernación entre 2013 y 2018, en la época en que su titular era Miguel Ángel Osorio Chong, uno de los hombres fuertes de Peña Nieto. Particularmente, los contratos fueron adjudicados desde el Cisen, el órgano de inteligencia y espionaje del Gobierno mexicano, y de la dirección que administra las prisiones federales (OADPRS, por sus siglas), ambas unidades bajo el mando de Osorio Chong. Los contratos desde Gobernación tuvieron fines variados: la supuesta adquisición de “equipos de comunicación especial”, la creación de una “plataforma para seguridad nacional”, la compra de tecnología para prisiones o una genérica “ampliación de equipos”. Para la UIF, todas fueron contrataciones simuladas.
Los desvíos hacia García Luna y sus testaferros también incluyen un contrato de la Fiscalía de Ciudad de México (antes Procuraduría General de Justicia) de octubre de 2017 por 1,5 millones de dólares, cuando el encargado de la institución era Edmundo Garrido Osorio, y el jefe de Gobierno de la capital era Miguel Ángel Mancera. El resto de los desvíos ocurrieron entre 2009 y 2012, cuando García Luna aún estaba en funciones de secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Calderón. En ese periodo, el aún funcionario se benefició con 10 contratos simulados por 316,6 millones de dólares provenientes de la Policía Federal (corporación que a la postre fue desaparecida) y también del órgano administrador de prisiones.
El dinero, según la demanda de la UIF, se transfirió a cuentas de las empresas GLAC Security Consulting, de la que era dueño directamente García Luna; Nunvav Inc. y Nunvav Technologies, ambas con sede en Panamá, propiedad de los empresarios —socios y testaferros del exfuncionario— Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub; y Nice Systems LTD, una compañía israelí que supuestamente pagaba sobornos a García Luna y los Weimberg mediante cuentas bancarias en Barbados, de donde era enviado a EE UU y a Israel.
La demanda del Gobierno mexicano considera cómplices a la esposa de García Luna; a José Francisco Niembro González, exsubsecretario de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Seguridad, y a su esposa, Martha Virginia Nieto Guerrero; así como a la esposa de Samuel Weinberg, Sylvia Donna Pinto. La denuncia también incluye a una cincuentena de empresas acusadas de participar en el esquema de desvíos y blanqueamiento de activos en México, EE UU y Panamá.
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