Las elecciones judiciales serán históricas por muchas razones, ahora también por la inédita cantidad de ojos vigilantes que se posarán sobre ellas en cada casilla de votación. Más de 316.000 personas han solicitado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) acreditarse como observadoras electorales para los comicios que se celebrarán en dos semanas. Hay mucho en juego y nadie parece dispuesto a dejarle al otro la posibilidad de controlar cómo se resolverán las vacantes para los cargos en liza: casi 900 jueces, ministros y magistrados federales serán elegidos por primera vez en la historia por voto popular. Detrás de este aluvión de solicitudes se esconden dos fenómenos: por un lado, los partidos y grupos de interés están intentando colocar a sus afines, un escenario que preocupa a los expertos y al INE por la fina línea que separa la observación de la condicionación del voto; por el otro, la creciente desconfianza en un proceso plagado de polémicas está llevando a los ciudadanos a organizarse para extremar el control civil.

Para entender lo extraordinario del número basta con mirar las solicitudes de los comicios presidenciales del año pasado: apenas 34.000. De todas las solicitudes recibidas para el actual proceso, 88.000 ya han sido aprobadas, más del doble. Hay pendientes de resolución 170.000 y se han rechazado hasta ahora aproximadamente 58.000. Esta última cifra responde a la enorme cantidad de militantes de partidos que intentaron acreditarse, a pesar de que la normativa lo prohibe explícitamente. “[Las cifras de solicitudes] son totalmente inusuales, por eso el INE ha tomado algunas acciones extraordinarias para tratar de comprobar que quienes piden su registro están cumpliendo los requisitos”, apunta Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Organización Electoral del organismo. Por ejemplo, menciona, están contrastando los datos y la fotografía de la solicitud con los que aparecen en el padrón, y también se está verificando la afiliación a los partidos. “De ahí se ha rechazado mucho”, puntualiza.

Resta saber cuántas de entre las solicitudes aprobadas corresponden a gente afín a los partidos, los candidatos o los grupos con intereses involucrados en la elección, a pesar de la ausencia de un registro oficial en alguna de las organizaciones excluidas de este tipo de participación. “La cantidad inusual de observadores en las casillas puede tener un efecto coercitivo sobre los electores. Que la presencia no abiertamente invasiva de observadores haga que algunos electores sientan que están siendo vigilados para que voten”, sugiere Rivera, que aclara que evitar ese posible escenario excede las facultades del INE.

Además de los partidos políticos, el consejero apunta a los llamados servidores de la nación y a los sindicatos. “Los afiliados a los sindicatos no tienen impedimento legal para inscribirse, pero sí llama la atención que quieran hacerlo más que nunca”, sostiene. El investigador jurídico Javier Martín Reyes apunta en la misma dirección. “Las tres ministras que están en funciones iniciaron su campaña en eventos con sindicatos. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa tener perfiles cercanos a la Corte eventualmente, y pueden ofrecer sus estructuras para movilizar votos”, señala.

Esta situación deriva de unos comicios por de más extraordinarios, también en lo que respecta a la vigilancia. “En el sistema electoral, la suma de desconfianzas es lo que genera confianza. Si tienes al representante de Morena, al del PRI y al del PAN en una casilla, lo que están haciendo es una vigilancia cruzada”, incide el experto: “Aquí no tenemos representantes partidistas porque no es una elección de partidos, y logísticamente no es viable que cada candidato tenga representantes”. Sin embargo y a pesar de ello, todos quieren meter a los suyos.

En la otra cara de la moneda se observa otro fenómeno nada desdeñable: la vigilancia ciudadana. Diversas organizaciones civiles están recurriendo a esta herramienta que fue perdiendo relevancia a medida que las instituciones electorales fueron ganando autoridad y prestigio: ambos se han antojado insuficientes para mantener la confianza en el actual proceso. El sindicato Coparmex junto con las organizaciones Juicio Justo, Laboratorio Electoral y Defensorxs A.C. han firmado un comunicado conjunto este miércoles en el que destacan la importancia de este recurso “fundamental para evidenciar las irregularidades del proceso electoral judicial”, según se lee en el documento. Las entidades, que han encabezado en algunos casos las denuncias contra los perfiles cuestionados por su falta de idoneidad, han anunciado el despliegue de una “estrategia conjunta para vigilar el desarrollo del proceso, la votación y el conteo”, y han llamado a la ciudadanía a sumarse a esa vigilancia.

Estas organizaciones encarnan la tercera vía que se está abriendo camino en la conversación pública. “La primera es la gente que llama a votar. La segunda es la gente que está llamando a no votar por no legitimar el proceso, y hay una tercera dinámica que dice, ni votar ni no votar. Hay que observar, vigilar y fiscalizar”, señala Josafat Cortez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. “Eso también me parece llamativo de este proceso, que la sociedad quiere ver y documentar lo que va a suceder”, destaca.

La grandísima cantidad de gente anotándose para vigilar el proceso contrasta con las sospechas de que la participación será más bien limitada. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, apuntaba en enero a una afluencia prevista de entre el 8% y el 18%, un rango que hacía referencia a los últimos precedentes extraordinarios: la consulta popular de 2021 y el revocatorio de mandato del presidente López Obrador en 2022, respectivamente. Martín Reyes, sin embargo, considera que ninguno de esos comicios son comparables a los actuales. “Ahí no había nada en juego. Aquí sí hay incentivos para los candidatos y para grupos muy variados para buscar el voto: desde los grandes intereses económicos hasta el crimen organizado. Yo creo que terminaremos en un escenario intermedio”, vaticina, y agrega: “Más que una lógica de diferencias entre la federal y las estatales, la diferencia estará entre los tipo de órgano. El mayor número de votos estará previsiblemente en la Suprema Corte”.

Para el consejero Jaime Rivera, no hay todavía ningún dato que permita hacer proyecciones sobre la participación, el gran reto y la gran incógnita de estas elecciones. “El doble dígito se ve difícil”, se atreve a sugerir, aunque inseguro, Josafat Cortez, que apunta a la que quizá termine por ser la clave: “La conversación pública se está polarizando en torno a si votar o no votar. Comienza a haber una corriente que llama a hacerlo para impedir que ciertos candidatos nocivos para la vida pública lleguen a ocupar el cargo. Estas dos semanas van a ser decisivas: la moneda está en el aire”.



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