Un juez ha sentenciado a cinco años de prisión a Diego N, exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Ciudad de México, por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil. La sentencia fue emitida el 14 de mayo y la lectura de la misma fue llevada a cabo este miércoles. El joven de 20 años fue detenido en 2023 acusado de presuntamente haber tomado fotos de las redes sociales personales de sus compañeras, así como de otras alumnas, y las habría alterado con inteligencia artificial con fines sexuales para venderlas a través de Internet. Más de un año después, el 4 de diciembre de 2024, fue absuelto por un magistrado que argumentó que “no había elementos suficientes” para demostrar su culpabilidad en el delito contra la intimidad sexual de dos de las ocho víctimas que sentaron denuncia contra el acusado.
La denuncia contra Diego “N” se remonta al 6 de octubre de 2023, cuando se encontró al joven en el campus del IPN con un dispositivo en el que, según la investigación del Ministerio Público, se halló 166.000 fotografías alteradas, así como 20.000 videos y compilaciones de fotografías reales y alteradas de las que al menos 40% eran de alumnas del Politécnico, de entre 17 a 25 años. Ante esa evidencia y la gravedad del delito, la fiscalía capitalina abrió una investigación de oficio, sin necesidad de solicitud de la parte afectada, por pornografía infantil, según ha dado a conocer este viernes la abogada Valeria Martínez, quien representa a las ocho jóvenes que fueron víctimas de Diego N.
“El delito de pornografía infantil se sigue de oficio porque esta víctima no es reconocida y porque nunca hizo una denuncia. La fiscalía tiene la facultad para iniciar una investigación sin que haya una víctima reconocida”, aclara la defensora legal vía telefónica.
El caso de las ocho estudiantes del IPN es el más icónico documentado sobre violencia digital con inteligencia artificial hacia mujeres universitarias, que tiene que ver con mercados de explotación sexual y sobre difusión y producción de contenidos. La defensa de las víctimas, tras más de un año de seguir este proceso, buscaba sentar un precedente importante respecto al uso de la tecnología para la creación de contenidos sexuales falsos sin consentimiento. En su momento, el magistrado argumentó “que sí se podía acreditar que existía un delito”, pero que “no se le podía acreditar a Diego la probable participación”, a pesar de que fue hallado en flagrancia.
Martínez afirma que esta sentencia contra Diego N es “moralmente positiva” para sus clientas. “Para ellas es reconfortante saber que su agresor por lo menos obtuvo una sentencia de las siete u ocho carpetas que todavía tiene en su contra. Sabemos que no es por el delito contra la intimidad sexual, que es lo que reconoce la Ley Olimpia, pero se sienten al menos satisfechas de que empiecen a caer las sentencias condenatorias en contra de Diego”, complementa.
Un proceso largo hacia adelante
La abogada de las víctimas ha dado a conocer que la apelación contra el fallo que absolvió a Diego N, petición que fue realizada en diciembre del pasado año, apenas ha sido recibida, cinco meses después. Respecto a las otras seis carpetas de investigación en curso, ha dicho que se está reforzando las pruebas para que no vuelva a suceder como con los dos primeros casos. “Creemos que esto va a ir para largo. Creo que están esperando a que la Reforma Judicial suceda para que después se pueda resolver la apelación, eso en cuanto a la sentencia absolutoria”, agrega la jurista.
La Fiscalía vinculó a proceso a 2.458 personas por delitos relacionados con violencia de género desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de 2022. Del total de las detenciones, 40 personas fueron aprehendidas por el delito contra la intimidad sexual.
Martínez recuerda que en noviembre del pasado año, la madre de Diego N e integrantes del Colectivo Nacional No más presos inocentes afirmaban que era un “preso inocente” y acusaban a la fiscalía de “armar carpetas ficticias”. “El hecho de que se haya logrado una sentencia condenatoria por un delito tan fuerte como es pornografía infantil, cambia toda la dinámica y todo el estigma que sostenían de que Diego era un preso inocente. Ahora vemos que es un preso, pero que sí es culpable”, dice la abogada.
La Fiscalía vinculó a proceso a 2.458 personas por delitos relacionados con violencia de género desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de de 2022. Del total de las detenciones, 40 personas fueron aprehendidaspor el delito contra la intimidad sexual.
Según el Informe Violencia Digital. Un estudio de los perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital, 72,3% de las víctimas de agresores sexuales tienen escolaridad universitaria, de las cuales 48,7% son estudiantes. Desde enero de 2020, se reformó el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Ciudad de México, en lo que se ha conocido como la Ley Olimpia, para admitir como delito la difusión de imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la implicada.
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