Red Eléctrica (Redeia) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya advirtieron en 2023 de que existía un riesgo de apagón por la sobretensión que se estaba generando en el sistema eléctrico. Dos años antes del fundido a negro del pasado 28 de abril, el regulador hizo suyos los argumentos del operador del sistema en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El texto alertaba de que “las elevadas tensiones en la red podrían provocar el desacoplamiento intempestivo de instalaciones conectadas a la misma”. Según señaló entonces el organismo, los niveles de tensión eran “cercanos o incluso superiores a los valores admisibles”. Un desacoplamiento del sistema implica la desconexión automática de determinadas tecnologías o centrales de la red ante el exceso de tensión para no colapsar. Un episodio que sucedió el pasado el último lunes de abril.
El objetivo de estas advertencias era crear un grupo de trabajo para lograr a través de ajustes técnicos en los grandes consumidores (la denominada industria electrointensiva) controlar la tensión y evitar problemas. Ese grupo planteó trabajos sobre dos zonas concretas: Galicia y Andalucía. La CNMC validó entonces un proyecto piloto, que fue renovado a principios de este 2025 para recabar más datos y que actualmente continúa con su labor.
El día del apagón, los expertos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaron que a las 12:33h de la mañana se habían desacoplado de golpe 15 gigawatios de generación, el equivalente al 60% de la demanda en ese momento. En el documento de la CNMC de finales de 2023 se apuntó que el riesgo podía ir “en aumento” si no se tomaban “medidas urgentes para corregirlo”. El organismo supervisor presidido por Cani Fernández llegó a dicha conclusión después de que REE acreditara en un informe técnico-económico realizado en septiembre que las horas de tensión superiores a los niveles normales se habían triplicado entre 2021 y 2023. La empresa reveló a través de un gráfico que el momento de mayor sobretensión ese año fue entre el final de abril y el inicio de mayo. Es decir, justo dos años antes del apagón.
Con este panorama, Redeia empezó a trabajar al menos desde 2022 en soluciones para mejorar desde el punto de vista de la seguridad de suministro y aliviar costes al consumidor. El punto de partida era ya preocupante. La compañía presidida por Beatriz Corredor expuso en su informe de verano de 2023 que “Red Eléctrica no dispone de herramientas suficientes para evitar que las tensiones en la red de transporte (RdT) alcancen valores muy elevados, llegando en ocasiones a superar los rangos admisibles establecidos en la normativa e incluso llegando a provocar, en momentos puntuales, la desconexión por sobretensión de instalaciones de generación y de consumo”.
Según describió, el problema se veía agravado por varios factores, entre los que destacaba el “descenso de la demanda peninsular que, en términos de energía anual, es similar a la que había hace 20 años y, en concreto, el descenso de la demanda industrial que cubría un porcentaje significativo de la demanda total en horas valle”. También subrayó “el aumento muy relevante en el mix energético de generación renovable, de cogeneración y residuos (RCR) que, hoy en día [septiembre de 2023], no sigue consignas de tensión en tiempo real, sino que mantiene rangos de factor de potencia fijos que no son efectivos para controlar tensión”. En tercer lugar, Red Eléctrica destacó la “disminución en el mix energético de generación síncrona (centrales térmicas de gas o carbón, plantas nucleares, complejos hidroeléctricos) que controla tensión mediante consignas de tensión fijas”.
En términos más simples, lo que vino a decir Redeia en su informe es que el sistema eléctrico funciona cada vez con más centrales renovables (asíncronas), que no dan firmeza. Ante la misma demanda, se provoca sobretensión (flujo energético superior a lo que admite la red para cubrir la misma demanda de consumo). Esta sobretensión en última instancia genera que haya desconexiones por seguridad (como cuando saltan los plomos de un hogar). Esta es, precisamente, la tesis más extendida que mantiene el consenso de expertos sobre lo que ocurrió en el gran apagón del 28 de abril.
Tanto desde el Gobierno, como desde Redeia o la CNMC han confirmado que antes del black-out nacional se habían producido valores anormales de tensión y frecuencia. Ahora falta por dilucidar por qué esos problemas de sobretensión no se aislaron y acabaron con todo el país sin luz. Los grupos de investigación que trabajan sobre este asunto no esperan conclusiones a corto plazo. Pese a la falta de información sobre las causas, el operador del sistema ha cambiado radicalmente su operativa y desde el 28 de abril funciona con menos renovables y más ciclos combinados de gas. El Gobierno ha admitido que ahora quiere ser más cautelosos.
En la misma línea que Redeia se mostraba hace dos años la CNMC, que quiso hacer un dictamen lo más motivado posible. Un año antes de lanzar sus conclusiones, en julio de 2022, remitió la propuesta de resolución a la Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio para la Transición Ecológica) para que aportara sus comentarios al respecto. También hizo extensiva esta resolución al Consejo Consultivo de Electricidad, un organismo asesor experto que reúne a los principales agentes del sector energético y de la Administración.
En este escrito, la CNMC ya aseguró que “de acuerdo con la descripción facilitada por el operador del sistema en su propuesta, el sistema eléctrico ha evolucionado a lo largo de los últimos años convirtiéndose en un sistema cada vez más capacitivo, lo que está provocando un incremento generalizado del nivel de tensión en la red de transporte que, en determinados momentos, supera los valores máximos admisibles. Estas elevadas tensiones en la red podrían provocar el desacoplamiento intempestivo de instalaciones conectadas a la misma”.
Entre los motivos que, según el supervisor, habían provocado tal situación se encontraban la disminución de la demanda eléctrica y el despliegue de generación distribuida, lo que habría requerido el crecimiento de las redes para permitir su evacuación. “Esta situación viene haciendo necesario un uso más intensivo de las herramientas de control de tensión disponibles en el sistema, entre las que se encuentra el acoplamiento de generación convencional por restricciones técnicas. En momentos puntuales, aun activando la totalidad de herramientas disponibles para el control de tensión, los recursos no han sido suficientes para asegurar que los valores de tensión se sitúen dentro de los márgenes admisibles establecidos”, remachó.
Para acreditar sus advertencias, el regulador documentó en el BOE un incidente del 24 de julio de 2021. El panel de expertos compuesto por la patronal de distribución europea ENTSO-E y los Operadores de Sistemas de Transmisión (TSO) pertinentes, así como por representantes de las Autoridades Reguladoras Nacionales (ARN), publicó un informe sobre un incidente que desconectó el 24 de julio de 2021 durante aproximadamente una hora la península Ibérica del resto del sistema eléctrico de Europa continental. En el apagón del pasado 28 de abril, uno de los primeros efectos documentados fue la desconexión de la interconexión entre España y Francia, que permitió aislar el problema a sur de los Pirineos.
Las conclusiones preliminares de Redeia de hace 15 días, justo después del apagón, descartaron el ciberataque a sus instalaciones, según destacó un responsable del operador del sistema que citaba el trabajo realizado en coordinación con el Centro Criptológico Nacional (adscrito al CNI) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital.
En las primeras comparecencias tras el denominado cero nacional, Redeia hablaba de una gran oscilación de tensión y frecuencia antes de la desconexión masiva de la red. También Redeia pidió hace dos años controlar “oscilaciones no deseadas”. Sobre esta cuestión, dicho documento incidió en que “se ha puesto de manifiesto que la ausencia de capacidad reactiva obligatoria puede provocar oscilaciones de tensión, asociadas a los cambios en las capacidades de reactiva, que pueden poner en riesgo la seguridad del sistema”.
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