Muchos jiennenses han recibido estos días un mensaje por Whatsapp alertando de que “se van a expropiar 100.000 olivos centenarios en Lopera (Jaén) para instalar plantas solares”. Se refiere a siete parques que Greenalia impulsa en tres pueblos de Jaén (Marmolejo, Arjona y Lopera). Mientras el sector de las renovables se queja de que esta cifra es una exageración (ya que solo se talarán 36.000 árboles y la mayoría, con acuerdo) y asegura que se oculta información para enfrentar al campo con las energías limpias, algunos olivareros rechazan las expropiaciones y señalan que esto condena el futuro de la región.
A pesar de la fuerte polémica, la Junta de Andalucía señala que los propietarios de más del 80% del terreno han llegado un acuerdo con la promotora Greenalia, que impulsa estos parques, y que los proyectos cuentan ya con todos los permisos y declaraciones de impacto ambiental. Incluso si esa cifra exagerada fuera cierta, ese número es el 0,14% de los 67 millones de olivos que hay en la provincia, que, por otra parte, siguen aumentando cada año
Los afectados se quejan de que se perderán empleos en el olivar tradicional, que no es el más rentable pero sí el que más empleo genera y fija población al medio rural. Antonio Miguel Ruiz, un olivarero de 66 años de Lopera, ya ha visto cómo las máquinas han arrasado con 600 olivos de sus fincas. “Me he visto casi coaccionado y antes de que me expropien he preferido arrendarlos a las empresas promotoras por 40 años”, señala Ruiz, que dice respetar a otros muchos agricultores que sí han alcanzado acuerdos de conformidad para la expropiación de sus explotaciones.
Este olivarero va a recibir unos 3.000 euros anuales por hectárea (hay 100 olivos por hectárea) que, según apunta, es una cantidad similar a lo que le genera actualmente su explotación olivarera. “El problema es que de este modo se pierden muchos jornales en el campo y se amenaza el futuro de nuestros hijos y nuestros pueblos”, afirma. La cooperativa La Loperana estima en más de tres millones de euros las pérdidas anuales entre los 800 socios afectados por las expropiaciones.
Greenalia responde que habrá inversiones millonarias que “son una oportunidad de desarrollo para Jaén”: 176 millones en los seis parques, entre los que se incluyen 7,6 millones en impuestos para los tres municipios y una media de un millón de euros en alquileres para los propietarios del terreno a lo largo de 25 años. También 210.000 euros al año para un proyecto destinado a proteger al lince ibérico y el águila imperial. En cuanto a los empleos, calculan que serán 2.170 durante la construcción y 37 de mantenimiento en todo el periodo. Mientras, la plataforma Campiña Norte contra las Macroplantas Solares —Principal opositora a los proyectos—, considera que los vecinos perderán 2,5 millones al año.
“La gente que se forme en construcción de parques puede trabajar luego en otros proyectos, y los de mantenimiento no son muchos puestos, pero son bien pagados y todo el año”, apunta José Donoso, director de la patronal fotovoltaica Unef. Y continúa: “La empresa va a pagar de 3.000 a 3.800 euros por alquiler de hectárea, un precio récord, cuando la media del sector son 1.500 euros”.
Esta patronal señala que la inmensa mayoría de los proyectos cuentan con acuerdos con los propietarios del suelo: “Ninguna comunidad te aprueba una planta si no cuentas con la gran mayoría de los propietarios a favor”, dice Donoso. Sin embargo, al ser proyectos de utilidad pública —imprescindibles para la descarbonización y la independencia energética de España—, en algunos casos se puede recurrir a expropiaciones. “No sería razonable frenar un proyecto de interés público por un solo propietario”, dice. Ocurre igual con otras infraestructuras, como vías o estaciones de tren, carreteras o centrales eléctricas, pero en esos casos no suele haber polémicas.
La Consejería de Industria explica a EL PAÍS que en estas seis plantas —la séptima todavía tiene que hacer modificaciones— el arrendamiento del 86% del suelo de los parques ha sido acordado de forma voluntaria entre la promotora y los propietarios, mientras que en las líneas de evacuación —que enlazan los parques con la red eléctrica— el acuerdo alcanza el 80,5% de la superficie. “Los olivos afectados por Declaración de Utilidad Pública (DUP) rondan los 13.000 [del total de los 36.022 afectados]; en ningún caso la cifra de 100.000 olivos se ajusta a la realidad”, apuntan. Además, señalan que “ni los propietarios de las parcelas, ni ninguno de los ayuntamientos presentaron alegaciones, y los informes ambientales han sido todos favorables”.
Estrategia de extrema derecha
“Una de las estrategias de la extrema derecha para oponerse a las energías verdes es hablar del número de árboles cortados y sobredimensionarlos. Es lo mismo que pasó en el clúster del Maestrazgo, donde hablaron de dos millones de árboles y al final eran 98.000, que además se van a replantar”, resume Pedro Fresco, autor de Energyfakes: Mitos y bulos sobre la transición energética (Barlin), un libro que desmonta bulos sobre las renovables. En los tres pueblos jiennenses donde se ubicarán los siete parques (Marmolejo, Arjona y Lopera) la afectación prevista es de 36.022 olivos, según Greenalia y la Junta.
¿Qué tiene que ver la ultraderecha? “SOS Rural sale de la Fundación Ingenio, una entidad de las grandes empresas alimentarias murcianas, y que pretende liderar un movimiento agrarista muy conservador que se enfrente a las renovables”, continúa Fresco. “Hay movimientos similares en toda Europa, impulsados por la extrema derecha, que explotan la dicotomía entre urbanitas progres y el campo que mantiene las esencias”, añade. Un portavoz de SOS Rural, por su parte, responde que son apartidistas y que se reúnen con todos los grupos parlamentarios.
Otra de las críticas a los proyectos es que “estas plantas van a acabar con el olivar tradicional”. La Junta responde que la superficie de olivar en Jaén se ha incrementado en 4.000 hectáreas en los últimos cinco años, mientras el Ministerio de Agricultura señala que, a nivel nacional, en 2024 las hectáreas de olivar crecieron un 1,4% hasta los 2,8 millones. “Si se instalaran todas las renovables del PNIEC supondrían el 0,4% de la superficie agrícola nacional. Si la agricultura se hunde por eso tenemos un problema. Lo cierto es que la agricultura tiene muchas más tierras que se abandonan por no ser rentables que lo que se usa para fotovoltaica”, comenta Donoso, de UNEF.
Una tercera crítica es que las empresas “trocean los proyectos para que la tramitación sea más sencilla”. Un portavoz de Greenalia responde: “No es cierto, cada proyecto está redactado individualmente. Y es más garantista tener siete evaluaciones ambientales que una sola. Además, el Supremo ya nos ha dado la razón en una sentencia sobre este tema, aunque referida a un parque eólico en Galicia”.
Pese a ello, algunos siguen sin estar convencidos. “Queremos que se pare la masacre tan grande que van a cometer, estamos indefensos. Están acabando con el futuro de nuestros hijos”, explica Nieves García, que intenta evitar la tala de 2.000 olivos, la mayoría centenarios, que su familia lleva cultivando en Jaén desde hace varias generaciones. Esta oleicultora ya ha recibido la notificación de expropiación forzosa de cultivos para instalar en sus fincas una planta solar. Ya se han arrancado en torno a 11.000 árboles. La paradoja es que estas renovables van a ocupar parte de los terrenos que estaban llamados a su declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco, una candidatura que la Junta de Andalucía retiró en octubre por la oposición de un grupo minoritario de agricultores a la protección de sus olivos.
Los afectados, que llevan varios meses movilizándose para evitar la tala de sus olivos, han llevado el caso a los tribunales. El Juzgado de Andújar (Jaén) ha abierto diligencias penales por posibles delitos contra la flora y la fauna y prevaricación ambiental interpuesta por la plataforma Campiña Norte contra la instalación de estas plantas en los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo. La denuncia se dirige contra las delegaciones de Economía y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Jaén —aunque la aprobación depende de Industria— y también contra las empresas promotoras de varios proyectos, Greenalia Solar Power y FRV Arroyadas
Las plataformas Campiña Norte contra las Megaplantas Solares y SOS Rural han entregado en el Parlamento de Andalucía más de 56.000 firmas en contra de la tala de miles de olivos para instalar en su lugar instalaciones fotovoltaicas. “Esto va de salvar olivos centenarios, no de negar las renovables, queremos energía verde pero no a cualquier precio”, manifiesta Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural. “No estamos en contra de las renovables, estamos en contra del modelo especulativo que destruye nuestro modo de vida y que trae la ruina a nuestros pueblos”, apostilla Rafael Alcalá, de la plataforma Campiña Norte de Jaén y otro de los afectados.
Mientras, Greenalia comienza los trabajos para poner en marcha los seis parques solares, que deben estar terminados antes de junio del año que viene: “La tramitación fue rigurosa, contó con los informes favorables de los tres ayuntamientos. Estamos en medio de un fuego cruzado entre unas plataformas y la Junta de Andalucía con el que no tenemos nada que ver”, dicen.
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