Los grupos parlamentarios de PP y Vox aprobarán mañana jueves, según han anunciado hoy en las Cortes Valencianas, la nueva ley de protección y ordenación de la costa valenciana, tramitada con urgencia, que pretende salvaguardar o compensar a los propietarios de los inmuebles afectados por los deslindes de la ley de Costas y compatibilizar su protección con la actividad económica, con un punto de apoyo clave, que no recoge esta ley pero que está regulado en la ya en vigor ley de simplificación administrativa de la Generalitat: la reducción de 500 a 200 metros la posibilidad de construir terciario en el litoral valenciano. La oposición, de PSPV y Compromís, denuncia que es una ley “negacionista”, en la que el PP se ha sometido a las exigencias de Vox, y “tramposa” porque rebaja la protección del anterior plan de de la costa aprobado por el Consell del Botànic, el Pativel.

El proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, aprobado el pasado enero por el Consell, ofrecerá alternativas a los afectados por los deslindes a través de tres figuras de protección, además de reformular el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) y de prohibir el fondeo de embarcaciones sobre la posidonia. La norma acaba su tramitación parlamentaria después de que el PP aceptara incluir las 17 enmiendas presentadas por Vox y ninguna de PSPV y Compromís.

El diputado del PP Wenceslao Alós ha destacado que es un gran día para las asociaciones de pueblos de la costa valenciana que ven que el PP cumple con sus promesas electorales. Es una ley que defiende el patrimonio medioambiental pero también el patrimonio turístico, histórico y económico público y privado, ha dicho el parlamentario. “Es una ley que lucha por los núcleos costeros con valor etnológico. Nos oponemos con esta ley a los deslindes y en contra de expropiaciones sin indemnizaciones a sus legales propietarios”, ha defendido Alós en alusión a los afectados de Torre la Sal, en Cabanes; Tavernes, Guardamar o Denia. “No actuar es destruir, que es lo que han hecho en los últimos años”, ha concluido.

Ana Bellver, parlamentaria de Vox, ha insistido en que su grupo “no vamos a permitir que un puñado de iluminados nos lleve a las cavernas en nombre del planeta. La conservación de los espacios naturales no puede perjudicar a los propietarios de las casetas de Nules, Denia o Guardamar, ha dicho. “La extrema izquierda no quiere saber nada de la actividad económica ni de los injustos deslindes en la costa”, ha apostillado Bellver tras defender que esta ley protegerá a las viviendas “de la accion confiscatoria” de la Administracion central.

La socialista Charo Navalón ha insistido en que la norma forma parte de la cadena de “contrarreformas y desmantelamiento de los avánces en la sostenibilidad que se habían logrado con los gobiernos del Botànic. “Lo que está a punto de perpetrarse es una ley negacionista, que los expertos dijeron que era claramente mejorable y cuya tramitación de urgencia el Consell Jurídic Consultiu no vio justificada”, ha dicho la parlamentaria, que ha lamentado que se hayan incorporado las enmiendas de Vox sin discusión alguna “hincando la rodilla ante sus preceptos negacionistas”.

Navalón ha denunciado que esta ley es menos proteccionista que la anterior, el Pativel, lo que contraviene la Constitución, y se ha tramitado aceleradamente. “Sus amigos promotores inmobiliarios les han debido de pedir que saquen adelante sus asuntos cuanto antes no sea que Mazón vaya a dejar la Presidencia de la Generalitat pronto y su pelotazo prometido se quede pendiente”, ha lanzado la parlamentaria socialista. Ha acusado a PP y Vox de crear falsas expectativas a los propietarios de inmuebles que están en el dominio público marítimo-terrestre de que podrán conservarlos cuando saben a ciencia cierta que la comunidad autónoma no tiene competencias en esa franja.

“Les están confundiendo cuando dicen que con una declaración de bien de relevancia local salvaran sus inmuebles. Y no será cierto porque si no es Bien de Interés Cultural (BIC), según establece la ley de Costas en vigor, no se podrá hacer nada”, ha apostillado. Y ha desvelado que la recién aprobada enmienda del PP a la disposición adicional quinta de esta ley, dice que para que las personas puedan beneficiarse de la bolsa de suelo autonómico en la costa, con la que se quiere indemnizar a los dueños de los inmuebles condenados al derribo, tendrán que costear ellos mismos la demolición de sus casas. “No sé si lo sabían pero desde luego lo que están prometiendo queda lejos de ese idilio en el que plantean que todo va a ser posible”, ha remachado Navalón.

Agresión al territorio

“Lo que proponen ya se podía hacer con el Pativel, con la ley de Costas de 1988 y 2013 o con el texto refundido de la Lotup. Esta ley es inútil porque la Comunidad Valenciana, aunque tiene competencias en la ordenación del territoriolitoral, no tiene la posibilidad de definir el dominio público, ni los deslindes ni las actuaciones de regeneración de la costa. Es una ley tramposa y negacionista”.

Para la parlamentaria de Compromís Paula Espinosa, la ley ni protegerá ni ordenará el litoral. “Es una agresión directa al territorio y a su biodiversidad. “Podríamos hablar de políticas publicas para renaturalizar la costa o, siendo honestos, hablar de la afección de la ampliación del puerto a las playas del sur de Valencia. Pero en cambio ustedes no quieren hablar de eso”, ha espetado.

“Después de la dana, no entendemos cómo en su ley solo hablan de proyectar, urbanizar, de dar expectativas a gente que vive a 50 metros de la mar. No sería más conveniente estudiar los efectos del cambio climático sobre el turismo”, ha enfatizado Espinosa, que denuncia que el 74% de la fachada litoral valenciana está hormigonado y el 64% de las playas están en regresión. “No podemos continuar así, no podemos permitir que el litoral se convierta en un muro de hormigón, con reclasificaciones urbanísticas y más ladrillazo”, ha denunciado Espinosa.

La diputada de Compromís ha lamentado que el 29 de octubre, día de la catástrofe, en las Cortes Valencianas se aprobase una ley de simplificación administrativa que permite la construcción en la costa a 200 metros desde la orilla del mar.



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