Miles de personas por todo el archipiélago canario han salido este domingo a la calle por tercera vez para protestar por los efectos del modelo de una industria turística que vive los mejores datos de su historia. La marcha más multitudinaria se celebró en Tenerife, donde se dieron cita 15.000 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno. En Las Palmas de Gran Canaria, la cita congregó a otras 5.000, además de 2.000 en Lanzarote, 150 en Fuerteventura o 500 en La Palma. A la de Madrid acudieron unas 300 más, según la organización, que cifran, por su parte, en más de 140.000 la asistencia total.
“El turismo en masa nos quita las casas”, “Canarias no se vende, se ama y se defiende”, “el Gobierno de Canarias es una inmobiliaria” o “dónde están, no se ven, esos pisos de alquiler”. Lemas como este han recorrido este domingo el Paseo de las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria —donde los asistentes prorrumpían en gritos y silbidos cada vez que se pasaba por un hotel— o la Plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife. Han sido los mismos escenarios que albergaron hace un año las históricas manifestaciones de 54.000 personas en las islas que posteriormente replicaron otras ciudades por toda España para protestar contra la turistificación y las dificultades de acceso a la vivienda.
Un año después, el archipiélago no solo ha cerrado el mejor primer trimestre de su historia, sino que lleva 21 meses consecutivos por encima del millón de turistas extranjeros mensuales. En 2010, la comunidad recibía 10,43 millones de visitantes, según el INE. En 2024, el dato había crecido hasta un récord de 17,7 millones -máximo histórico-, tantos como los que reciben Brasil y la República Dominicana conjuntamente.
“Allí donde voy veo turistas”, aseguran Fátima Pérez y su amiga Nora, dos estudiantes de ADE enfundadas en camisetas del recién descendido equipo de fútbol UD Las Palmas. “Pero eso no se nota en la sociedad. Solo notamos las consecuencias, el beneficio se lo llevan otros”. La población canaria soporta uno de los salarios más bajos de España. Es, además, la que más poder adquisitivo ha perdido en los últimos dos años, sufre una de las tasas de riesgo pobreza más altas (el 31,2%, frente al 33,8% del año anterior) y la cuarta tasa de paro más elevada (13,5%).
“Nosotros ya lo hemos vivido todo”, explican por su parte Sara Fernández y su marido Pablo, jubilados ambos. “Pero estamos aquí por nuestros hijos y nuestros nietos, que casi no pueden pagarse un lugar donde vivir pese a tener trabajo”. Son el testimonio de que Canarias sea la cuarta comunidad con el precio medio de compra más elevado, por detrás de Madrid, Baleares y el País Vasco. Según los últimos datos publicados por el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado en alquiler se situó en abril en 14,6 euros, tras registrar un aumento interanual del 7,2 %. Es el quinto más alto de España.
“Todo empeora”, han leído varios de los organizadores en la marcha celebrada en Santa Cruz de Tenerife. “La presión turística sigue aumentando, el número de nuevos residentes no deja de crecer, la desigualdad y la pobreza se disparan, la especulación urbanística nos asfixia cada vez más. Perdemos nuestro patrimonio natural —único en el mundo— a un ritmo alarmante, y los macroproyectos al servicio de la especulación extranjera no cesan. Las islas colapsan», alertan.
En su manifiesto, los organizadores han reclamado la “paralización inmediata y definitiva de proyectos ilegales como el hotel de La Tejita, Cuna del Alma o el Circuito del Motor” en la isla. Además, exigen una “moratoria hotelera y vacacional real”, una ley de residencia que “ponga freno a la llegada masiva” de personas. “No se trata de rechazo, se trata de justicia social y ecológica, de garantizar una vida digna en Canarias”.
Reclaman, a su vez, una ley que garantice el derecho a una vivienda digna y accesible, que frene la especulación, una “ecotasa real” y más medios para la protección de espacios naturales. “Hoy somos el pueblo. Gente cansada de ver cómo los intereses de unos pocos se imponen sobre el bienestar colectivo. Somos quienes no aceptamos ser condenados a la precariedad en nombre del falso progreso”.
En los últimos días, miembros del Ejecutivo canario, como el propio presidente, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), o la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, han admitido que se están estudiando la manera de lograr que la riqueza del turismo llegue a los trabajadores. El líder nacionalista, de hecho, ha viajado esta semana a Bruselas para sondear la posibilidad de introducir una ley de residencia. Su intención pasa porque el Estado actúe a través de la regulación básica de los ayuntamientos para imponer condiciones y, paralelamente, la Unión Europea puede imponer requisitos más restrictivos para adquirir un inmueble. Clavijo, además, ha reclamado en alguna ocasión a los empresarios que suban los sueldos a sus trabajadores.
De León, por su parte, admitió esta misma semana que será necesario “hablar y debatir” sobre fiscalidad en el sector en las mesas de debate para la reforma de la Ley turística, para lo cual ha invitado a los grupos parlamentarios a presentar en las mismas sus aportaciones. “Las soluciones no son tan sencillas como plantear tasas o moratorias”, sentenció.
Las palabras de Clavijo o De León no calman a los manifestantes. “Quienes gobiernan han decidido seguir dándonos la espalda”, han clamado los lectores del manifiesto de la marcha de este domingo. “No han abierto canales de diálogo ni han mostrado voluntad política para atender al movimiento ciudadano que impulsó la mayor manifestación de nuestra historia. La respuesta ha sido perversa”.
Agustín Sánchez es propietario de un bar en Las Palmas de Gran Canaria. Pasea solo entre los manifestantes, y expone una retahíla de quejas, desde el precio de los alquileres a la contaminación del mar. “Ha venido mucha gente de fuera a invertir, y esto es imposible ya para los residentes”. Y reclama a modo de resumen. “A ver si los de arriba trabajan por una vez para nosotros, no para ellos”.
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