La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha insistido en su defensa de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, a quien el gobierno de Estados Unidos le ha cancelado la visa, lo mismo que a su esposo Carlos Torres. La mandataria ha confiado en los dichos de la gobernante emanada de las filas de Morena y ha negado que tenga cuentas bancarias en la Unión Americana. “Algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas, hablamos con la gobernadora y nos dijo que no tiene cuentas en el extranjero, es información de la gobernadora”, lanzó la mandataria en su conferencia matutina de este martes.
En medio del escándalo y la poca información sobre las causas que motivaron la cancelación del visado, la presidenta ha matizado el tono de su exigencia de información, y se ha conformado con la escueta respuesta que el consulado estadounidense ha emitido de manera general en el que se limita a decir que es información confidencial. “Lo único que informaron públicamente, que era un asunto privado, personal, así lo informó la embajada de los Estados Unidos en México y no hemos recibido mayor información”, es la respuesta de la mandataria a la exigencia de comunicación que un día antes reclamaba al gobierno de Donald Trump para conocer los detalles de la revocación de visa a la gobernante de uno de los Estados fronterizos del norte de México.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha hecho su aparición en la incipiente crisis política que enfrenta el gobierno de Sheinbaum y el de Baja California, con la exigencia de una explicación contundente sobre las causas y las implicaciones que tiene para el Estado la decisión de EE UU.
Los hechos han propiciado un torbellino interno de dimensiones aún incalculables que ponen al Gobierno de Sheinbaum y al de Ávila contra las cuerdas. Los hechos no son menores, se trata de la primera funcionaria de alto nivel del Gobierno de México a la que EE UU le cancela la visa y con ello le prohíbe la entrada a su territorio. De acuerdo con fuentes en Morena, la gobernadora cuenta, al menos, con una propiedad en San Diego, California, donde había instalado a su familia. Adicionalmente, los dos hijos de la mandataria estatal nacieron en Brawley, California y cuentan con doble nacionalidad.
El presunto congelamiento de cuentas a Ávila en Wells Fargo y Bank of America, instituciones bancarias de EE UU, han provocado la intervención de Sheinbaum que ha negado, sustentada en los dichos de la gobernadora, que tenga cuentas bancarias en el extranjero. La mandataria estatal también ha tenido que salir a frenar la polémica. “No me fueron canceladas cuentas en Estados Unidos simplemente porque no existen. No tengo ninguna cuenta bancaria en el extranjero”, publicó en su cuenta de X, la tarde de este martes.
La gobernadora, de 36 años, ha tenido que salir a defenderse en más de una ocasión en las últimas 24 horas. “No le busquen, no hay nada que esconder, no hay nada que averiguar para dañar mi imagen”, ha sostenido este lunes en una corta conferencia de prensa con medios locales en la que esta vez no mencionó a su esposo, ni salió en su defensa como lo hizo el fin de semana cuando anunció la cancelación del visado. “No hay delito, no hay falta, no hay nada que perseguir”, comentó mientras insistía en que la revocación del permiso para ingresar al vecino país no significa que haya hecho algo malo y sostuvo que se trata de una cuestión administrativa.
La falta de información sobre las causas que motivaron la decisión del Departamento de Estado de EE UU ha abierto la puerta a suspicacias. De acuerdo con legisladores de Morena, la medida obedece a las investigaciones y operativos que se realizan contra el llamado huachicol fiscal o contrabando de combustible en Baja California, en las indagatorias, dicen, ha salido a flote el nombre del esposo de Ávila y de su cuñado, Luis Torres. El PAN, el partido en el que militó el cónyuge de la gobernadora hasta hace poco, ha tirado de esta hipótesis para pedir explicaciones. “Exigimos transparencia, queremos saber si la razón por la que se retiró esa visa tiene que ver con que estaban lavando dinero del crimen organizado relacionado con el huachicol fiscal”, lanzó Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado. Al embate se han sumado los diputados federales y la dirigencia panista que han exigido una explicación clara. “Lo que está ocurriendo va más allá de lo mediático: compromete la imagen internacional del Estado y mina la confianza en su administración”, se lee en el pronunciamiento de Acción Nacional. El partido además ha pedido que la gobernadora de aparte de las mesas de seguridad por las posibles investigaciones en su contra.
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