El letrado mayor de las Cortes de Castilla y León, Marcos Herrero Tutor, ha dimitido este viernes tras una resolución judicial donde era condenado por acoso laboral. Una trabajadora de la institución denunció hace unos meses que el máximo cargo jurídico del Parlamento la estaba menospreciando en su ámbito profesional. El también secretario general de la entidad, figura clave para su operatividad y de asesoramiento del presidente, Carlos Pollán (Vox), apartó a la mujer del puesto de jefa de servicio de Gestión Administrativa en cuanto ascendió al cargo principal.
El caso recayó en el juzgado de Instrucción 4 de Valladolid, donde se investigó el caso, con la mujer de baja por depresión, entre quejas de vejaciones profesionales, humillaciones y aislamiento. Los partidos políticos autonómicos también han reprobado a Herrero por diversas controversias desde su nombramiento en 2022.
El dictamen judicial ratifica esa persecución laboral denunciada por la empleada de las Cortes. El ahora ex letrado mayor pertenecía al cuerpo de letrados de las Cortes de Castilla y León desde marzo de 2019 y ascendió a la cúspide jurídica tras las elecciones de 2022.
Las Cortes de Castilla y León no tienen un protocolo antiacoso o un reglamento al que las potenciales víctimas pudieran acogerse en caso de episodios similares. Tampoco existen inspecciones o sindicatos que puedan proteger a la plantilla en controversias laborales. La acusación remarcaba que siendo jefa de servicio de Gestión Administrativa fue contactada por Herrero por teléfono, estando ella de vacaciones, y se le comunicó que era depuesta de su posición laboral. A partir de entonces, según ella, empezó a perder permisos de certificados de firma electrónica, unidades de red o accesos a aplicaciones informáticas.
Este bloqueo implicó que el 26 de mayo de 2022 no recibiera siquiera su resolución de cese, remitida por correo electrónico. La funcionaria destacó que Herrero pretendía aislarla en lo profesional y sociolaboral, además de humillarla mientras le retiraba funciones y competencias en el único puesto al que ella podía acceder en las Cortes autonómicas. Esta acción le supuso menores sueldos y atribuciones respecto a otros compañeros del departamento. La denunciante establece que el alto cargo trató de impedir que entrara en puestos administrativos o de contratación pública al cambiar las convocatorias con requisitos que limitaban las opciones de la mujer.
EL PAÍS se ha dirigido a Tutor, quien ha comunicado su dimisión, pero ha rechazado dar más declaraciones. El paso a un lado del letrado mayor y secretario general conlleva que volverá a su plaza laboral en las Cortes y que la Mesa, que gestiona esta clase de nombramientos, decida si abre un proceso para nombrar a su sucesor o si se guía por el criterio de seleccionar al letrado más veterano, en este caso Edmundo Matía.
Herrero se ha visto implicado en varias polémicas procedimentales durante estos meses como figura clave para la institución, con sentencias en su contra en cuanto a cuestiones de acceso a los cargos y decisiones judiciales, además de esta pugna con la funcionaria, que volvió a su puesto tras una reciente resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El alto cargo jurídico había recibido críticas de los partidos del hemiciclo, particularmente del PSOE, de Podemos o del independiente Francisco Igea. El volumen de quejas y el ruido judicial hizo que Vox, a cuyo presidente institucional sostiene y asesora Herrero, le recomendara “recapacitar” sobre las sentencias adversas y las polémicas generadas por su figura.
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