A Movimiento Ciudadano (MC) se le acumulan los casos oscuros entre sus cuadros políticos locales. La detención hace unos días del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, por su relación con el rancho Izaguirre, por tanto, con el Cartel Jalisco Nueva Generación, es un golpe para el partido, que gobierna en esa presidencia municipal. La formación naranja ha visto también cómo asesinaban a una de sus regidoras en Teocaltiche, la enfermera Cecilia Ruvalcaba, entre acusaciones del Cartel Jalisco contra el Cartel de Sinaloa. Otro atentado, en Veracruz, contra la candidata Xóchitl Tress, de cuestionable pasado político, deja entrever aguas turbias. En las pasadas fiestas de Navidad, sorprendió el escándalo de un reparto de juguetes a nombre del Mencho, líder de la organización de las cuatro letras, en el que estuvo implicada la alcaldesa de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, a quien se le atribuyeron fuertes vínculos con los del crimen organizado. También es de Movimiento Ciudadano. Todos los casos no son iguales, sin duda, y así como el partido ha lamentado el asesinato de Ruvalcaba, como no podía ser de otro modo, también es cierto que condenó en su día el quehacer de la alcaldesa de los juguetes. De Teuchitlán poco más hay que decir. Pero para un partido que siempre ha preconizado una “nueva política”, estos casos hacen un ruido singular. No hay política más vieja en México que la que une sus fuerzas con los criminales.
Los pequeños cuadros políticos van conformando la sensación que los ciudadanos acaban por hacerse de las formaciones que los gobiernan, por más que los líderes nacionales sean ajenos a esos escándalos. Es conocido en México el afán, desde hace ya mucho tiempo, que tienen los criminales por hacerse con los Ayuntamientos, plataformas para tener controladas a la policía local o las oficinas de recursos humanos, por ejemplo, muy útiles para sus manejos. Y no siempre son alianzas consentidas por los políticos, a veces viven amenazados por los narcos sin que parezca fácil una escapatoria. La diputada Patricia Mercado, una de las grandes voces de Movimiento Ciudadano, es consciente de todo ello y cree que hay que buscar las formas de que estas relaciones no alcancen a los partidos. “Un partido que quiere hacer una política nueva debe tener candidatos queridos por los ciudadanos, por las comunidades, no por los que traen dinero, esa sí es la vieja política del PRI. El dinero no puede estar por encima de las propuestas”, dice sobre la vigilancia que debe asumir una formación política a la hora de designar a sus cuadros.
Mercado, que expone su opinión propia en este reportaje, sin alzarse en portavoz de nada, advierte, sabe que esto “está sucediendo en todos los partidos, que nadie se queda fuera de esta inmersión del crimen organizado y su incidencia en muchas localidades para decidir quienes tienen que gobernar. Incluso los matan”. Pero opina que si algunos de estos hombres o mujeres se ven bajo esa amenaza, deberían renunciar. “Si Movimiento Ciudadano quiere ser una alternativa fresca, nueva, juvenil, de la sociedad, debe extremar el cuidado con todas sus candidaturas. Debe dar instrucciones claras al conjunto del partido”.
La diputada, que fue presidenta de dos formaciones políticas, México Posible y Alternativa Socialdemócrata y Campesina, recuerda aquel tiempo en que la Secretaría de Gobernación ofrecía a los partidos información sobre los candidatos si la requerían. Con la información pública que hubiera, dice, uno podía hacerse una idea sobre el historial de aquellos ciudadanos que se postulaban. “En aquel entonces preguntamos sobre algunos”, dice. “Estaba bien, porque todo el Estado es responsable de hacer su parte para que los partidos sepan. Esas cosas deberían pactarse, no es solo responsabilidad de los partidos”, añade.
Movimiento Ciudadano tiene alrededor de 1.500 regidores en los diferentes territorios, pero su fuerza mayor está en Nuevo León y Jalisco y en este último Estado las relaciones con el narco son difíciles de eludir, tanto en los pequeños Ayuntamientos como en los grandes, dada la penetración que el crimen tiene en esas tierras. También en Michoacán, de donde es la alcaldesa Ávila Castrejón. Cuando esta responsable municipal fue señalada por el reparto de juguetes, el candidato a la presidencia por este partido, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la Fiscalía estaba haciendo sus investigaciones y que nada impedía que Ávila Castrejón fuera imputada si llegaba el caso, puesto que no tenía fuero. Semanas después, los líderes locales salieron en su defensa, la Fiscalía no tenía causa contra ella, por tanto, no estaban a favor de ningún juicio político en paralelo. El asunto se fue apagando, como tantos otros en México, y Ávila Castrejón sigue siendo la alcaldesa. Consultado el partido sobre este y otros casos, nadie ha respondido a los requerimientos de este periódico.
Solo Patricia Mercado, a nivel particular, ha querido entrar en el debate. “Son casos aislados, pero al final hay uno, dos, tres y te llevan incluso a asesinatos”, ha lamentado. “La política nueva se hace con candidatos que tienen una historia, no con los que ofrecen, y cada partido debe estudiar esa historia. Difícilmente el que no tiene señalamientos entre en niveles de corrupción”, afirma. “Lo que está sucediendo nos arroja un aprendizaje”.
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