Hace unas semanas la Fiscalía de Valencia abrió, previa denuncia de los socialistas, una investigación en torno a un contrato menor, de 14.500 euros más IVA, de unas jornadas en Madrid en noviembre de 2024 que otorgó el concejal de Vox Juan Manuel Badenas cuando dirigía el área de Empleo o Parques y Jardines en el gobierno municipal. Los socialistas aseguraron que no tenía ningún tipo de interés para la ciudad y su tramitación podía ademas ser constitutivo de los delitos de prevaricación, malversación y delito de falsedad documental. Agentes de la UCO se plantaron en el consistorio para recabar toda la documentación. Ahora, el grupo municipal que lidera Borja Sanjuan ha aportado a la investigación otros 15 contratos de las concejalías que comandaban el año pasado Badenas y Cecilia Herrero, los dos ediles de Vox que durante unas semanas estuvieron fuera de la formación pero luego fueron reintegrados al grupo municipal de ultraderecha que garantiza la mayoría a la alcaldesa María José Catalá, del PP.
En total, los 17 contratos entregados a la fiscalía sumarían unos 482.000 euros de dinero público “que se ha destinado presuntamente para fines ilícitos o de manera irregular”, denuncia Sanjuan. Son cuatro grupos de contratos que tienen parecido patrón para las contrataciones menores, en las que los ediles de Vox han seleccionado las mercantiles invitadas de una forma supuestamente arbitraria y “pese a que está prohibido por ley tienen vinculaciones entre ellas”. También denuncian que el objeto de algunos de esos contratos se modifican posteriormente a la adjudicación” o carecen “de informes o declaraciones responsables que son preceptivas para poder otorgarlos”, ha resumido Sanjuan.
El grupo de la oposición empezó a tirar del hilo a raíz de unos audios atribuidos a Badenas y publicados hace unos meses por una publicación digital, en los que aparecía el nombre del empresario José Parés. “Cuando empezamos a revisar todas las empresas relacionadas con Parés encontramos a Next Service 2000, Puro Bienestar SL, The Mun, Sinergizate, Eventsempren, Ágora Bienestar o Fundación para la Accesibilidad y Responsabilidad Social, entre otras”, ha explicado el portavoz socialista.
Todas estas adjudicaciones a Parés son procedimientos presuntamente irregulares de contratación que han podido aportar en esta ampliación de demanda. Y a esto se suman otros tres elementos de contratación irregulares tanto de Badenas y de Herrero. En la documentación aportada constan 310.000 euros de procedimientos presuntamente irregulares solo en la fundación municipal de empleo València Activa, que dirigía Badenas el año pasado y cuya presidencia recae en la alcaldesa María José Catalá, ha remarcado el portavoz del PSPV.
Los socialistas recuerdan además que en el último pleno el PP votó en contra de fiscalizar los contratos sospechosos a pesar de que la UCO se presentó en el consistorio a reclamarlos. Por eso, “en la ampliación de la denuncia ante Fiscalía señalamos la responsabilidad de Badenas y de Herrero, pero también la posible responsabilidad penal de Catalá por administración desleal o por omitir su deber de perseguir delitos”, ha manifestado.
En la mayoría de estos trámites, como ha explicado Sanjuan, se produce o bien el fraude en la obligación legal de solicitar tres ofertas para adjudicar un contrato menor, una invitación arbitraria porque son los propios concejales de Vox los que eligen y escogen a las empresas que, además tienen vínculos entre ellas, modificaciones del objeto del contrato a posteriori, ausencia de informes y declaraciones responsables o bien falsedad o graves errores en la motivación de los contratos y en el precio.
Y ha puesto como ejemplo un contrato de 17.000 euros por un evento que duró solo dos horas o una adjudicación en la que el subdirector de Valencia Activa aseguró que un evento ya se había realizado para que el Ayuntamiento les pagase cuando, realmente, tuvo lugar más de un mes después de que se les abonase. “Es decir, que se falsifica un informe para poder pagarles antes de que celebren el acto”, ha apuntado.
En otros casos, se ha llegado a pagar a una de las empresas investigadas 16.000 euros por la presentación de 28 diapositivas e imágenes o dos estudios sobre el impacto de la dana a pesar de que el objeto del contrato era otro que no tenía nada que ver con la riada.
El portavoz socialista ha detallado que todos los contratos objeto de la ampliación de la denuncia ante Fiscalía comenzaron en enero de 2024 con la contratación de forma irregular del abogado de Valencia Activa por 17.000 euros y se extendieron, por ejemplo, con la contratación de Daniel Lacalle para realizar un plan de Empleo 2025-2028 que no se ha presentado todavía.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento Juan Carlos Caballero ha reaccionado a las denuncias de los socialistas: “Ni el señor Borja Sanjuan ni el partido socialista están en disposición de dar lecciones absolutamente de nada. Deberían ser más prudentes y dejar de embarrar el terreno político. Les recordamos que la UCO ha requisado [también] informacion de la etapa del gobierno de izquierdas, algunos vinculados directamente con el marido de la delegada del Gobierno; y otros, cuyos máximos responsables son del PSPV. Quizás eso debería invitar a la mesura a los hijos de los políticos de José Luis Ábalos antes de dar lecciones de ejemplaridad. Primero debería de mirar su propia casa”.
Preguntado, el grupo municipal de Vox en Valencia ha declinado hacer valoraciones de esta ampliación de denuncia de los socialistas. El concejal de Vox en Valencia Juanma Badenas manifestó el mismo día que la UCO recabó los expedientes del consistorio que se ponía a disposición de “cualquier autoridad de cualquier tipo para colaborar en cualquier tipo de averiguación” y denunció que es objeto “de persecución política”.
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