PSOE, Compromís, Sumar, Podemos y ERC han recurrido al Tribunal Constitucional la modificación de la Ley de la Huerta de Valencia, acometida por la Generalitat, presidida por Carlos Mazón, del PP, con el apoyo de Vox. 50 diputados han presentado este jueves el recurso contra el decreto aprobado el pasado mes de febrero porque consideran que se desprotege el espacio agrícola que rodea a la ciudad de Valencia y solicitan medidas cautelares para evitar que se ejecuten obras o recalificaciones de suelo que podrían producir daños irreversibles.
Los representantes políticos se han reunido en la puerta de los Leones del Congreso, en Madrid, para hacer una foto de familia y dar a conocer la decisión adoptada porque sostienen que la modificación de la ley impulsada por el anterior gobierno autonómico de izquierdas va en contra de los derechos constitucionales de protección del medio ambiente.
La secretaria de Ordenación del Territorio y desarrollo sostenible del PSPV-PSOE, María José Salvador, y el diputado por Alicante en el Congreso, Alejandro Soler, han alertado de que el PP utiliza la dana “como excusa para desproteger la huerta y a las personas, incrementar el riesgo y reducir su seguridad”.
Salvador ha explicado que el Consell de Mazón ha modificado por decreto la ley de la Huerta basándose en “falsedades”, y ha criticado la “grave irresponsabilidad” del PP y Vox al respaldar estas medidas” que suponen “una involución y una contrarreforma” en materia de urbanismo, que “desprotege” a los valencianos.
Soler ha señalado que el PP utiliza la dana “para hacer negocio sobre una terrible tragedia y usarla como excusa para facilitar la construcción” en la Comunidad Valenciana, y ha insistido en que “el PP está volviendo a la senda del urbanismo salvaje con el único interés de hacer negocio”.
La diputada de Compromís Àgueda Micó ha indicado que también tienen el apoyo de Esquerra Republicana para recurrir este decreto ley que busca “desmantelar toda la protección de la huerta de Valencia”y poder urbanizar 3.800 hectáreas de huerta y hacer “toda la especulación urbanística que quieran”, sin evaluación ambiental ni consulta pública. Se obvia también su capacidad como infraestructura verde clave para la protección ante fenómenos meteorológicos extremos, como la dana del pasado 29 de octubre que causó 228 muertos.
Podemos se ha adherido al recurso porque, según la coordinadora autonómica de Podem, María Teresa Pérez, esta reforma es “un atentado antidemocrático que elimina el Consell de l’Horta para acallar la voz de sindicatos agrícolas y asociaciones de defensa del territorio” y “recalifica el suelo agrícola convirtiéndolo en suelo urbanizable”.
Además, se elimina el Consell de l’Horta, órgano de coordinación entre municipios y Generalitat, “recentralizando competencias y marginando la participación local”, sostienen los representantes políticos de izquierdas. El decreto supone un “ataque al patrimonio cultural”, reconocido por la rta que c (art. 46 CE): La Huerta de Valencia, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial.
Por último, los recurrentes consideran que se vulnera el principio de seguridad jurídica al introducirse modificaciones normativas con efectos estructurales “sin claridad, ni previsibilidad ni debate parlamentario, ya que no solo se altera el ordenamiento jurídico aplicable a la Huerta de Valencia de forma sustantiva, sino que lo hace de forma opaca, repentina, incoherente y sin garantías, generando un entorno jurídico incierto y arbitrario”.
La Ley de la Huerta entró en vigor en 2018, firmada por el Botànic (el anterior gobierno de izquierdas formado por PSOE-PSPV y Compromís al que en 2019 se unió POdemos), con el objeto de salvaguardar 11.000 hectáreas de una huerta que ha ido menguando por el avance de los planes urbanísticos y las infraestructuras. La ley creó un consejo rector y fijó una serie de medidas para incentivar la recuperación de tierras de cultivo abandonadas o degradadas, medidas que el PP las considera fracasadas.
Con la devastadora dana de fondo —aunque los cambios se anunciaron mucho antes de las riadas—, el Consell abrió la posibilidad de construcciones residenciales en un tercio de los suelos protegidos, concretamente los de grado 3, y suprimió el Consell de l’Horta, su órgano rector “por inoperativo”. La Generalitat también ha incidido en que la ley de la Huerta frenó actuaciones en el barranco del Poyo, principal causante de los fallecimientos por la dana, extremo que niegan los defensores de la normativa.
Laura Chulià, portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, la ley de 2018 del Gobierno del Botànic ha sido un “rotundo fracaso” porque no ha cumplido los objetivos marcados y no ha contado con la opinión de los municipios. También niega que se busque desproteger la huerta: “Las de grado 1 y 2 seguirán estando protegidas y solo las de grado 3 podrán, en algunos casos, usarse para construir viviendas. Chulià argumenta el fracaso de la ley en los datos de pérdida de tierras en la huerta: de 2010 a 2018 se perdía a razón del 0,96% anual. Y de 2018 a 2023, con la ley en vigor, se ha perdido un 3,5% anual.
Comentarios