El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cancelado casi por completo los programas de asilo a extranjeros y lleva a cabo políticas de deportación masiva contra los inmigrantes irregulares. Pero hace una excepción clamorosa: los granjeros afrikáners (descendientes de los colonos europeos) blancos de Sudáfrica, de los que la Administración estadounidense asegura que son diana de una grave discriminación por parte del Gobierno sudafricano. En febrero, se puso en marcha para ellos un proceso acelerado de asentamiento en EE UU como refugiados. Y este lunes han llegado los primeros 59 beneficiados, según confirmó el Departamento de Estado a la agencia Reuters. Mientras, los solicitantes de países como Afganistán, la República Democrática del Congo o Sudán ven bloqueados sus trámites.
El grupo de afrikáners, que viajaba en un vuelo chárter fletado por el Departamento de Estado, aterrizó pasado el mediodía, en torno a las 18.30 (hora peninsular española), en el aeropuerto Dulles International, a las afueras de Washington, en el Estado de Virginia. Poco después, los recién llegados se dividían para abordar otros vuelos hacia sus destinos finales, en diversos puntos del país. Algunos de ellos se instalarán en Minnesota, según la agencia Reuters. El resto, en Estados republicanos, sobre todo del sur del país, como Alabama.
En la Casa Blanca, donde comparecía ante la prensa antes de emprender una gira por las monarquías árabes del golfo Pérsico, Trump ha defendido su política. El republicano ha negado que pretenda favorecer a los solicitantes de asilo blancos mientras perjudica a los demás, y ha alegado sin aparente fundamento que en el país africano se está llevando a cabo una masacre de granjeros blancos. “Lo que está ocurriendo es un genocidio del que vosotros (los periodistas) no queréis escribir”, ha asegurado el republicano. “Es algo terrible lo que está pasando, los granjeros están siendo asesinados. Resulta que son blancos, pero el que sean blancos o negros a mí me da lo mismo”.
Pero desde febrero, pocos días después de la investidura del 20 de enero, su Administración se ha mostrado muy hostil hacia el Gobierno del presidente Cyril Ramaphosa, al que acusa de aplicar políticas de flagrante discriminación contra los granjeros blancos. Además de haber puesto en marcha el programa de acogida para esta minoría, la Casa Blanca también ha cancelado, mediante una orden ejecutiva, los fondos de asistencia financiera a Sudáfrica, a la que la Administración de Trump también reprocha el haberse personado en la causa del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Israel por posible genocidio en Gaza.
Trump y su equipo alegan, para justificar sus acusaciones de discriminación contra Sudáfrica, que este país ha aprobado una ley que facilita la expropiación de propiedades privadas. La medida es una de las más recientes en una serie de pasos en los últimos 30 años que buscan atajar algunas de las profundas desigualdades causadas por el apartheid, el sistema de segregación racial que negaba derechos a la mayoría de población negra y vigente en ese país hasta 1991.
Pero la nueva legislación, según la Casa Blanca, permite incautar propiedades agrícolas a la “minoría étnica de los afrikáners sin compensación”. El presidente estadounidense también acusa a Sudáfrica de fomentar “una retórica de odio” que alienta “una violencia desproporcionada contra unos propietarios de tierras desfavorecidos racialmente”.
Las alegaciones de Trump han sido acogidas con sorpresa en Sudáfrica, donde el Gobierno de Ramaphosa ha asegurado que la Administración republicana “ha entendido las cosas mal”. Pretoria defiende que no hay pruebas de que se lleve a cabo una persecución contra la minoría blanca y mucho menos de un genocidio contra este grupo.
“Hemos expresado nuestra preocupación porque las personas que han sido persuadidas para ir a Estados Unidos no se ajustan a la definición de refugiados. Un refugiado es alguien que tiene que abandonar su país por temor a la persecución política, religiosa o económica”, ha denunciado Ramaphosa en una cumbre del sector privado africano en Costa de Marfil, informa Efe.
“Los que han huido no están siendo perseguidos, no están siendo acosados, no están siendo maltratados y se van porque, ostensiblemente, no quieren aceptar los cambios que se están produciendo en nuestro país de acuerdo con nuestra Constitución. Así que creemos que el Gobierno estadounidense lo ha entendido mal, pero seguiremos hablando con ellos”, ha señalado el presidente sudafricano.
Sudáfrica ha puntualizado que el Gobierno no ha confiscado ningún tipo de terreno y que la ley a la que alude Trump tiene como objetivo atajar las profundas disparidades raciales que aún existen en el país africano tras el fin del sistema de apartheid hace 30 años: solo un 4% de las tierras de propiedad privada están en manos de dueños negros, mientras que la minoría blanca, un 8% de la población, controla tres cuartas partes del total.
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