Un cortocircuito congeló la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que impulsaba el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Una brecha entre la idea original de la presidenta y el proyecto final entregado al Congreso. La mandataria decidió frenar la iniciativa, que estaba encarrilada para aprobarse en cuestión de días, al advertir que entrañaba algunos artículos ambiguos que motivaron las acusaciones de la oposición de que el Gobierno pretendía controlar los contenidos de radio, televisión e internet. La urgencia de prohibir la transmisión de propaganda extranjera en los medios masivos estaba enviando a segundo plano el debate en torno a aspectos técnicos y políticos que merecían mayor reflexión, como la gestión del espectro radioeléctrico, la asignación de permisos de explotación a las empresas y el derecho de la ciudadanía a la cobertura y acceso a internet y telefonía. Entonces, vino el freno de mano de la presidenta.
A Sheinbaum le preocupó la lectura de que la reforma buscaba dar al Estado el poder de regular y censurar programas, de acuerdo con fuentes del entorno de la mandataria. Ella misma indicó en su conferencia Mañanera que el polémico artículo 109 de la iniciativa, que abría la puerta a que el Ejecutivo “bloqueara” plataformas digitales, debía quitarse del proyecto. La mandataria también escuchó advertencias sobre posibles violaciones al acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el TMEC, y sobre lagunas que daban ventaja a ciertos empresarios del mercado de las telecomunicaciones, agregan las fuentes. La presidenta pidió debatir el proyecto de ley en foros públicos con la participación de académicos y empresarios, y encargó su conducción al senador Javier Corral, que tiene larga experiencia en política de telecomunicaciones.
“Hubo una falta de cuidado entre proyecto inicial y borrador final. Se conjugaron las prisas con la falta de cuidado y malas redacciones en la iniciativa. Lo que la presidenta realmente quería no se había logrado trasladar al proyecto”, señala Corral, que relata un encuentro entre Sheinbaum y un grupo de colaboradores donde se abordó el tema. “Ella dijo con toda claridad: ‘Yo no voy a ser quien decida a quién se le dan concesiones, se le quitan o se le renuevan, y menos andarme metiendo en vigilar contenidos, quién dice qué y qué no. Nosotros no llegamos para eso [al Gobierno]. Y esto no puede ser una decisión política. Tiene que ser una decisión técnica’. Entonces, a mí me consta que ella pidió acotar cualquier discrecionalidad política en la reforma”, añade el legislador del bloque gobernante.
La presidenta sopesó que la mejor alternativa era detener el trámite de la reforma y abrir un diálogo público con todas las partes involucradas en el mundo de las telecomunicaciones: expertos, usuarios, audiencias y empresarios. Corral señala que en la conversación con Sheinbaum se planteó “por primera vez que debe haber un cuerpo colegiado, técnico, especializado, plural, con autonomía de gestión, para resolver cuestiones que son tan técnicas”. El proyecto congelado otorgaba a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el poder de administrar el espectro radioeléctrico, y le daba facultades para otorgar permisos para la explotación del espectro, supervisar su uso e imponer sanciones, que incluyen la posibilidad de revocar la concesión.
Parte de las preocupaciones se centraban en el impacto negativo de la reforma en el TMEC. Las violaciones a dos de los artículos del tratado comercial norteamericano, el 18 y el 21, relativos a las telecomunicaciones y la regulación de la competencia, suponían un nuevo roce en la ya vacilante relación de México con el Gobierno de Donald Trump. El capítulo 18 del TMEC establece que “ninguna Parte otorgará un trato más favorable a un proveedor de servicios de telecomunicaciones en su territorio que el otorgado a un proveedor de servicios similar de otra Parte, sobre la base de que el proveedor que recibe un trato más favorable es propiedad o está bajo el control del nivel central de gobierno de la Parte”.
El artículo 57 de la iniciativa pausada permitía a la ATDT otorgar —sin licitación— a una dependencia del Gobierno federal la concesión para el aprovechamiento del espectro radioeléctrico con fines comerciales, bajo el argumento de cumplir los objetivos de cobertura social y universal del Estado. Ello implicaba que el Gobierno pudiese ofrecer servicios de telefonía e internet a nivel nacional de manera preferencial. Corral ha asegurado que ese párrafo se corregirá en el proyecto. “El Estado puede tener concesiones del espectro para uso comercial, pero en igualdad de condiciones con los privados. Tiene que participar en la licitación pública y pagar, porque persigue un fin de lucro”, indica el senador.
Otro motivo técnico de peso, de acuerdo con Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue el vacío legal que deja abierta la puerta para que los actores preponderantes, es decir, los operadores de telecomunicaciones que dominan el mercado, como Televisa o América Móvil, puedan ejercer un control asimétrico, sin límites sobre cada sector —telefonía, televisión de paga e internet—. El problema, en la propuesta inicial, es que no se alinea con lo establecido en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 y tampoco con el tratado comercial norteamericano. “De acuerdo con el artículo 28 de la Constitución y a lo establecido en el TMEC, la regulación asimétrica a la que deben ajustarse los actores preponderantes debe quedar a cargo de la autoridad de [regulación de] competencia [para evitar las prácticas monopólicas]”, refiere el vicecoordinador. En la propuesta de ley, estas facultades se le otorgan a la ATDT, dista de ser una autoridad técnica especializada en la materia, como establece el TMEC.
Los empresarios han ejercido mucha presión en la negociación de la reforma, según indican fuentes parlamentarias. “No quieren al Estado compitiendo, quieren que baje el costo de las concesiones, que no haya multas, que haya estímulos fiscales”, comparte un legislador morenista. El Gobierno no ha hecho oídos sordos a los reclamos. Por ejemplo, frente al señalamiento de que el costo de la concesión es muy alto y desincentiva la inversión, la reforma contempla descuentos bajo el compromiso de cobertura social, esto es, llevar telefonía e internet en zonas marginadas. Sin embargo, si bien el oficialismo está dispuesto a introducir cambios sustanciales, hay puntos no negociables, como el monto de las multas contra las radios y televisiones que violen la prohibición de transmitir propaganda extranjera.
Para la presidenta Sheinbaum, el Estado tiene el deber de garantizar el acceso al servicio de telecomunicaciones, la cobertura, la calidad y su universalidad. “Ella quiere conectar al país. Y no está en contra de los mercados ni de la libre competencia”, apunta Corral, “pero las empresas tienen 30 años descremando zonas urbanas e incumpliendo metas de cobertura social y universal. Entonces, la presidenta está redefiniendo el papel del Estado para garantizar el derecho de internet y de telefonía ahí donde el mercado no ha podido, no ha querido o lo hace mal”, agrega el senador. Morena prevé que la iniciativa, ya ajustada, se apruebe en el Congreso en el transcurso del actual periodo extraordinario de sesiones. Aunque tiene la suficiente mayoría para sacarla adelante, el oficialismo aspira a que los cambios integren a la oposición y legitimen la reforma de Sheinbaum.
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