En el estado brasileño de Río Grande do Sul, las inundaciones extremas que afectaron a centenas de ciudades entre abril y mayo de 2024 han dejado una huella profunda. Cerca de 200 muertos, más de 500.000 personas desplazadas, barrios destruidos y negocios cerrados compusieron un escenario de devastación, donde la esperanza de la reconstrucción ha ido llegando lentamente para apaciguar el trauma colectivo. Pero en esta región, la crisis climática no sólo ha dado lugar a la incertidumbre, sino que también ha dejado al descubierto un nuevo mapa de vulnerabilidad estructural que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se repite con mayor frecuencia en América Latina.
Un año después de la catástrofe, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH (Redesca) ha publicado un estudio de los impactos de las inundaciones en el Estado del sur de Brasil. Se trata del primer informe de este órgano dedicado a una tragedia climática. Tras una visita a diversas comunidades afectadas, el documento profundiza sobre la relación entre el cambio climático y las decisiones políticas locales que, en un contexto de degradación ambiental gradual, intensifica las desigualdades preexistentes en las localidades y deja a millares de personas atrapadas entre el abandono institucional y la urgencia por la reconstrucción.
“La tragedia climática en Río Grande do Sul tuvo una magnitud muy grande”, dice Javier Palummo, relator especial de la CIDH. “Es muy importante decir que los esfuerzos del Estado brasileño para movilizar recursos públicos, articularse entre diversos niveles de Gobierno y dar respuesta a esta crisis climática fueron enormes. Pero la degradación ambiental acumulada, la disminución de la protección ambiental, la presión creciente sobre el bioma de la Pampa y los efectos de los modelos de expansión agropecuaria abrieron el camino a un desastre sin precedentes”.
El informe de Redesca destaca que más de dos tercios de los municipios de este Estado fueron afectados. En zonas rurales, cerca de 206.000 propiedades sufrieron daños y, en los municipios más afectados, entre el 84% y el 92% de los empleos quedaron comprometidos. También al menos 16.000 miembros de comunidades indígenas resultaron directamente afectados.
Este desastre, sin embargo, no fue uniforme. “El racismo ambiental se manifiesta en la exposición desproporcionada de comunidades afrodescendientes, quilombolas e indígenas a los riesgos socioambientales”, afirma Redesca en el informe, que fue producido tras diversas conversaciones con representantes de las comunidades quilombolas, pueblos indígenas, personas que se desempeñan en el ámbito de las economías informales, agricultores familiares sin redes de apoyo y mujeres que lideraron comités de emergencia en refugios precarios.
De acuerdo con Palummo, una de las mayores consecuencias de esta crisis climática ha sido la aparición de nuevas formas de vulnerabilidad. “Personas que no estaban identificadas como un público al que el Estado tenía en cuenta a la hora de proporcionar apoyo social, pasan a estar en este grupo de la noche a la mañana. Se trata de personas que se quedaron sin nada”, afirma el relator. “Los riesgos climáticos están creando nuevas formas de vulnerabilidad, y esto es muy presente en Brasil (…) La vulnerabilidad climática provoca que los Estados tengan que repensar la forma en la que se organizan para dar protección social”.
En Porto Alegre, Pelotas, y en otras ciudades afectadas, como las de la región de Vale Tacuarí, la Redesca visitó escuelas transformadas en refugios. Allí fueron documentadas las condiciones precarias de personas con discapacidad o enfermedades crónicas, además de diversas denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas ocurridas durante los momentos más tensos del desastre. Según el informe, el Protocolo Nacional de Protección Integral, que está vigente en Brasil desde 2013, no fue aplicado plenamente. Las autoridades afirman, sin embargo, que diversas investigaciones fueron puestas en marcha inmediatamente después de las denuncias, llevando incluso a prisión a muchos sospechosos.
La situación de la niñez fue crítica durante las inundaciones. Unicef estima que más de 10.000 menores fueron acogidos en refugios improvisados. Las rutinas escolares fueron interrumpidas. Y, luego de que pararon las lluvias extremas, muchos de estos menores tuvieron que ser reinsertados en escuelas de otros municipios.
“La situación de la salud mental es un tema central en este tipo de tragedias”, dice Palummo. El 42% de la población entrevistada por la Redesca presentó síntomas de estrés postraumático. “Los impactos emocionales de este evento seguirán presentes por mucho tiempo”.
“Respuesta tardía e ineficiente”
El informe también abarca cuestiones más allá de la emergencia. Para Palummo, uno de los objetivos más importantes del estudio fue entender qué llevó a que se intensificara la catástrofe. El sistema de contención de crecidas en Porto Alegre, por ejemplo, fue uno de los más problemáticos. Fueron identificados hasta siete fallos en los diques y estaciones de bombeo de la ciudad. Pero el sistema de alertas, del que dependía la población para la salida de emergencia de las casas, no funcionó correctamente. “La respuesta fue tardía e insuficiente en los territorios periféricos”, concluye el informe.
Una reciente investigación realizada por la Agencia Nacional de Águas (ANA) en colaboración con la Universidad Federal de Río Grande do Sul, la Universidad de Brasilia y el Servicio Geológico de Brasil indican que eventos como el de 2024, antes considerados raros, pueden volverse más intensos y repetirse a cada diez años; una frecuencia cinco veces mayor que la década anterior. Las proyecciones apuntan a un posible aumento del 20% en las crecidas de los ríos del Estado. Y en ciudades como la capital, Porto Alegre, u otras como Eldorado do Sul o Pelotas, el nivel del agua puede superar en hasta un metro los niveles actuales de protección. En la mayoría de las comunidades no se han licitado aún obras de protección contra inundaciones. Y a muchos residentes, sólo les queda esperar que no llueva como el año anterior.
Mientras tanto, el Gobierno del Estado enfrenta el desafío de reconstruir la región mirando hacia un modelo compatible con las nuevas condiciones climáticas, con proyectos más amplios como el Plan Río Grande. Hasta el momento, se han destinado 89.000 millones de reales (17.100 millones de dólares) a la recuperación de Río Grande do Sul, que equivalen al 80% de los recursos previstos. Sin embargo, un año después de la tragedia, miles de familias siguen sin ser reasentadas, mientras otras docenas viven en hogares temporales o refugios. Muchas de las comunidades han criticado la falta de participación en las complejas decisiones de reubicación y de proyectos urbanísticos.
“Es preciso reconocer las desigualdades históricas y estructurales que definen quiénes sobreviven, quiénes esperan y quiénes nunca son escuchados”, concluye el informe de Redesca. Para Palummo, que presentará el informe primeramente en un evento organizado por las comunidades afectadas de Porto Alegre este lunes, el papel activo del Estado en este momento es fundamental: “Estas cuestiones tienen que ser abordadas por el Estado y formar parte de una agenda de mitigación. Es necesario que se tenga en vista el impacto diferenciado de esta catástrofe a poblaciones más vulnerables”, afirma.
Comentarios