El martilleo del PP y Vox es incesante: España es un “caos”, resultado de un Gobierno inútil, incapaz de gestionar lo más básico, como prueban el apagón y los retrasos ferroviarios. A ojos de ambos partidos, el país ofrece una imagen tercermundista, a pesar de que —sostienen— se paga una cantidad desmesurada de impuestos. En España la presión fiscal cae más que la media de la OCDE. Y es la única gran economía que se libra de los pronósticos de empeoramiento del FMI. Pero nada de eso cambia el guion de la oposición: despilfarro, desastre, ruina, caos. No es un discurso inane, sus efectos no son meramente coyunturales. Lejos de servir solo para desgastar al Gobierno, la difusión por tierra, mar y aire del mensaje del desastre nacional reúne todos los ingredientes para agravar fenómenos ya desatados y comprobables, como el creciente descrédito en el campo conservador del Estado del bienestar y los impuestos para sostenerlos.
La teoría del “caos”, que marida con la del “Estado fallido” que hizo fortuna tras la dana, no cae en un terreno baldío, sino ya sembrado de ideas negativas sobre los servicios públicos y la utilidad de la Hacienda pública, ideas que durante la etapa del presidente Pedro Sánchez no han dejado de crecer entre los seguidores del PP y Vox. Y hay algo más profundo. Las encuestas muestran también un retroceso del compromiso mismo con la democracia en la España conservadora durante la etapa Sánchez.
El avance de estas ideas no es fortuito, sino inducido. Los partidos, como acreditan investigadores sobre polarización como Mariano Torcal o Luis Miller, no solo se adaptan a las ideas populares para ganar votos, sino que, con las posiciones que toman, moldean el pensamiento popular. Son canales conectados. El uno alimenta al otro y viceversa.
Sobre todo a raíz de la pandemia, los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han optado por dibujar España como un país cuyo Gobierno “se forra” a base de impuestos desmedidos, cobrados injustamente a una ciudadanía tiranizada que ve cómo el fruto de su esfuerzo solo sirve para pagar caprichos ideológicos o ver el mundo a bordo de un Falcon, todo ello mientras se descuidan los servicios públicos.
¿Ha tenido efecto esta constante percusión ideológica? Los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apuntan a un sí rotundo.
El CIS tiene una serie en la que plantea a sus encuestados varias afirmaciones sobre los impuestos y los servicios públicos. Una de ellas es: “Los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué”. Cuando lo planteó por última vez en 2024, casi un 40% de los votantes del PP se mostraron de acuerdo con este punto de vista tan escéptico sobre impuestos y servicios públicos, y casi un 59% de los de Vox. Solo cinco años atrás, en 2019, eran el 27,3% y 40,2% en Vox, respectivamente. El empeoramiento es drástico.
En cambio, la evolución es contraria en la izquierda. Si en 2019 el porcentaje de votantes del PSOE (25%) y Unidas Podemos (18,1%) de acuerdo con esa frase ya era comparativamente bajo, ahora lo es aún más: 9,3% de los votantes del PSOE y 4,6% de los de Sumar. Los discursos de los partidos tienen eco en sus parroquias. Las posiciones se polarizan. Se estrecha el terreno para un proyecto común de Estado del bienestar.
Cuando los encuestados deben situarse entre el 0 —mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos— y el 10 —justo lo contrario—, los votantes del PP se colocan en el 5,5 y los de Vox, en el 6,2. Es decir, en la zona de menos impuestos a cambio de menos servicios. Los del PSOE y Sumar, se ubican en el 3,5 y el 2,7, respectivamente. O sea, al otro lado del eje. Otra vez, no solo hay brecha, sino que esta se ensancha. Cinco años atrás, los votantes derechistas estaba en el 4,5 (PP) y en el 4,1 (Vox). Los del PSOE, en el 3,9; y los de Unidas Podemos, en el 3,2.
La percepción de que la sociedad se beneficia “mucho” o “bastante” de lo que sale del bolsillo de los contribuyentes apenas supera un tercio de los votantes de Feijóo y no llega al 29% en los de Abascal, mientras se acerca al 60% en el caso de los partidos de izquierdas. Al igual que en los casos anteriores, la diferencia por bloques va en aumento. Hay un resultado impactante. Tres cuartas partes de los electorados del PP y Vox piensan que ellos mismos y sus familias reciben “menos” de lo que deberían por lo que pagan. Solo cinco años atrás, los porcentajes eran del 51% y el 66%. La evolución de la curva es la opuesta en los electores de las formaciones progresistas, entre quienes creen que reciben “menos” de lo merecido no llegan al 50% y decrecen.
Compromiso democrático
En El coste de la desigualdad (Ariel, 2022), el catedrático de Economía en Oxford Diego Sánchez-Ancochea advierte cómo la polarización social en temas vertebrales en una democracia dificulta la construcción de proyectos políticos más o menos aceptables para amplias mayorías, empujando a su vez a los partidos al encastillamiento ideológico y el agravamiento del problema, en un círculo vicioso. Aunque su investigación se centra en América Latina, sus conclusiones se presentan como advertencias para cualquier sociedad: sin mínimas ideas compartidas sobre impuestos, reparto de la riqueza y servicios públicos, se deshilacha el compromiso democrático de aquellos que no se sienten representados por quien ejerce el poder.
¿Está pasando en España? Los datos disponibles son una llamada de atención. Esta misma semana, el CIS ha hecho públicos los porcentajes de quienes creen en “en algunas circunstancias” es preferible un “gobierno autoritario” a una democracia. En todos los electorados son minoría, pero son más en la derecha que en la izquierda. Y de nuevo las tendencias divergen. En el electorado conservador el porcentaje de quienes no descartan la preferencia autoritaria crece entre 2019 y 2025, durante la etapa Sánchez: del 4,7% al 7% en el PP; del 21 al 30,3% en Vox. Este dato no es baladí: es casi un tercio. En el campo progresista, los porcentajes son más bajos y además menguan: del 3% al 2,2% en el PSOE, del 2,2% al 0,8% en Unidas Podemos primero, Sumar después.
Un efecto “devastador”
Es en este escarpado terreno en el que aterriza el discurso del atraso y el desgobierno español. ¿Puede ser eficaz para erosionar el Gobierno? Sí, coinciden la profesora de Ciencias Políticas de la UNED Carmen Lumbierres y el consultor político Jordi Sarrión-Carbonell. Pero también, añade Lumbierres, es el discurso que más “afecta a la opinión de los ciudadanos sobre la calidad de la democracia”. Una opinión que no atraviesa su mejor momento.
El politólogo Camil Ungureanu, profesor en la Pompeu Fabra que ha investigado el efecto de las distintas retóricas en el tejido democrático, no oculta su inquietud. Al utilizar cualquier problema para “maximizar el rédito político”, acusando a su causante y “enemigo mortal”, los partidos que a su juicio deberían estabilizar el sistema en el centro —el PP en España, Junts, en Cataluña— provocan un efecto “devastador”. ¿Cuál? Una inversión de la lógica del debate, por la que “la democracia es presentada como autoritarismo y los autócratas pasan a ser los verdaderos defensores de la democracia”. Todo ello provoca una “corrosión” del compromiso democrático de los destinatarios de estos mensajes, añade.
“Ante acontecimientos como el apagón, o los problemas ferroviarios, lo primero es reflexionar colectivamente, no rehuir la cuestión clave. ¿Qué está pasando? En mi opinión, es imprescindible una auditoría del sector público. Pero, al mismo tiempo, hablar de ‘caos’ y de ‘desastre’ es jugar con fuego, alimentar sentimientos de descrédito de la democracia que van en aumento y alimentar las opciones antisistema y de extrema derecha”, añade Víctor Lapuente, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia.
El PP, afirma, debería ser “muy cauteloso” al jugar la “carta del discurso antisistema” según el cual “todo va fatal”. ¿Por qué? Porque la evidencia dice que la percepción de servicios públicos disfuncionales es terreno abonado para la extrema derecha, responde Lapuente, que cita para ilustrarlo la investigación sobre Francia, Italia y Polonia Expectativas fallidas: calidad de gobierno y apoyo a partidos populistas en Europa, publicada en 2017 en European Journal of Political Research, que concluye que la “percepción” negativa de los votantes sobre los servicios públicos es un “fuerte predictor” del voto extremista.
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