Cada vez hay más personas dentro de las cárceles mexicanas. Los centros ya estaban saturados a finales del año pasado, cuando el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional publicó en diciembre que las prisiones del país albergaban a 235.197 personas. Entonces, la sobrepoblación se estimaba en 10.157 presos y había 118 cárceles con exceso de reclusos. En solo cinco meses, el número de personas encarceladas ha aumentado y la sobrepoblación se ha duplicado hasta situarse en 20.212, mientras que los centros saturados han aumentado a 133.
El número de nuevos ingresos a prisión ha aumentado considerablemente en lo que va de año. El diciembre pasado los ingresos habían bajado a 12.739 tras varios meses con cifras que se mantenían entre los 13.000 y los 15.000 nuevos encarcelados mensuales. Sin embargo, en febrero y marzo de este año se rebasaron los 16.000 ingresos. En paralelo, el número de personas que salen de prisión se ha estancado. La diferencia entre ingresos y egresos se ha ido haciendo cada vez más grande, aumentado la población en las prisiones.
El Estado de México es el principal afectado por el exceso de población presa, con 22.048 personas por encima de la capacidad de los centros penitenciarios el pasado mes de abril. Le sigue Sonora con 4.588 y después Durango, con 2.348. Las cárceles con más plazas disponibles están en Ciudad de México y Baja California.
La organización civil por los derechos humanos AsíLegal advierte de los peligros de la saturación de las cárceles. Por un lado, se crea un contexto más favorable para la violación a los derechos humanos dentro de prisión. También se dificultan las tareas de seguridad al haber más presos para controlar y aseguran que ya se están notando los efectos en fugas, motines, riñas y homicidios en los centros. Sin ir más lejos, el pasado 4 de mayo Sául Francisco Hernández, líder de Los Salazar y “principal generador de violencia” en Sonora, se fugó del reclusorio de Hermosillo apenas 39 días después de su captura. Hace un mes murió bajo vigilancia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México el presunto feminicida serial Miguel Cortés, que llevaba un año esperando su juicio entre rejas. Y la semana pasada en Oaxaca se desató una crisis penitenciaria con la fuga de un preso, la muerte de dos de ellos dentro de una prisión y la detención del subdirector del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet y de tres custodios.
El director de AsíLegal, Jose Luis Gutiérrez, indica que los presos están cada vez más hacinados en sus celdas y aumenta la violencia entre ellos. “Al no tener la capacidad ni las instalaciones ni el personal, que es la gran crisis del sistema penitenciario, se alientan problemas como el autogobierno. Vemos con mucha preocupación este tema”, detalla en conversación por teléfono. Asegura que ante el aumento de ingresos en cárceles ya desbordadas no alcanzan los alimentos ni los medicamentos para todos. El agua potable que reciben los internos no es suficiente para subsanar demanda y las filas para las consultas médicas con cada vez más largas. “Por redes sociales nos piden intervenir en casos graves como aquellos que necesitan diálisis con urgencia. No hay personal penitenciario para atenderles, no hay espacio”, lamenta.
Respecto a las causas, Gutiérrez señala como principales factores la ampliación del catálogo de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa y el periodo de campañas antes de la elección judicial. La modificación de la prisión preventiva oficiosa, aprobada a principio de año, incluyó la extorsión, la emisión de falsos comprobantes fiscales y los crímenes vinculados a la producción y venta de fentanilo a la lista existente de violaciones a la ley que permiten al poder judicial encarcelar a alguien antes de que se le dicte sentencia. El Gobierno de México aprobó la ampliación pese a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ordenó eliminar esta figura.
Por otro lado, Gutiérrez indica que los jueces, fiscales y defensores públicos se encuentran sumidos en sus campañas ante la elección judicial del próximo 1 de junio. “No están atendiendo los casos. Se paralizan los procesos y salen menos personas”, apunta e insiste que el problema de sobrepoblación es alentado desde el poder judicial, en el que los propios fiscales llegan a duplicar los plazos de investigación de delitos mientras los acusados esperan en prisión para finalmente ser exonerados. “Este problema está sumamente exacerbado por la inoperatividad de los sistemas de administración de justicia”, sentencia.
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