La red hospitalaria catalana y su actividad de agudos representó en 2022 (aparte del gasto vinculado a la covid) el 54,2% del presupuesto de la actividad sanitaria de Cataluña, el equivalente a 670 euros por persona y año o a 5.689 millones de euros. La magnitud de esas cifras ha hecho que la Sindicatura de Cuentas haya decidido fiscalizar esa actividad que financia el Servei Català de la Salut (CatSalut), con unos resultados que, a vistas del informe, son más bien críticos. El fiscalizador detecta incoherencia entre los objetivos del sistema de contraprestación y los del Plan de Salud, discrecionalidad en la asignación de los pagos por las consultas externas y otros servicios, que no existen criterios objetivos en los contratos entre Administración y proveedores y considera que no están garantizados los principios “de eficacia, eficiencia y economía”. Y peor es la conclusión sobre la prestación de los servicios del Institut Català de la Salut (empresa pública propietaria de ocho hospitales) a cuenta del CatSalut: existen “problemas graves de incumplimiento de la legalidad”.
Sobre esa última cuestión, el informe afea que ambas partes no hayan suscrito el contrato programa que ha de fijar su relación, de forma que la actividad se financia directamente de transferencias del presupuesto del CatSalut, teniendo en cuenta a final de año “unas condiciones de facturación y pago ficticias que no se cumplen” y que pueden ser anuladas. Según la Sindicatura, ambas entidades son responsables de ese “incumplimiento del principio de mal gobierno”, pero también el propio Ejecutivo de la Generalitat, “por la falta de control de evaluación normativa”.
Asimismo, hay una crítica a la falta de estudios sobre la adecuación de los precios a los costes de la actividad hospitalaria. Ese hecho impide saber si la remuneración de los servicios “incurre en un riesgo de sobrefinanciación”, de forma que los hospitales estén ingresando más que el coste de sus servicios más la amortización de sus inversiones.
Preguntado por EL PAÍS, un portavoz del Departament de Salut señala que el informe de la Sindicatura no recoge las extensas alegaciones presentadas por el departamento, que colaboró con la Sindicatura. Asimismo, apunta que en el plan normativo para este año, el Govern ha incluido el impulso de una ley reguladora de los sistemas de provisión en el ámbito del CatSalut, cuya memoria ya está en tramitación.
La Sindicatura de Cuentas afea la falta de un criterio objetivo y uniforme en los convenios que firma con sus proveedores. Incluso cuando se trata de agrupaciones de hospitales que están vinculados: en ocasiones se firma un único contrato y en otras se firma con cada hospital. Lo que a vista de los profanos puede parecer una trivialidad, en realidad no lo es, porque puede representar costes significativamente más altos.
Un ejemplo es el del Hospital Clínic y el Hospital Plató, al que el CatSalut paga como si fueran un mismo centro desde 2021. Al ser el Clínic un centro de alta complejidad con muchos más servicios (tenerlo en funcionamiento es mucho más caro que uno pequeño) cobra más por cada servicio y al incluir al Platón en la agrupación sus servicios son pagados al mismo precio que el Clínic, pese a que su coste de mantenimiento es inferior. Así, por ejemplo, cada alta médica del Platón se pagaba, cuando se consideraba un hospital que funcionaba en solitario, a 1.837 euros. Ahora cada una de esas altas se pagan a 3.166 euros, un 72% más. Lo mismo sucede con las altas quirúrgicas (todavía más caras). Al final, ese cambio de contabilización representó un coste añadido de 11,2 millones de euros para las arcas públicas. Y lo mismo sucede con la integración entre el Hospital del Mar y el de la Esperança.
La Sindicatura aconseja, además, que se vuelvan a revisar los niveles asistenciales de los hospitales, que no se han movido en la última década pese a los cambios que se han producido. Porque el actual sistema es “ineficaz” a la hora de compensar factores como la estructura, la casuística de los pacientes atendidos o las atenciones urgentes
Sobre la eficacia del sistema de remuneración hay blancos y negros en la fiscalización. Por ejemplo, la Sindicatura da por buenos los incentivos económicos creados para fomentar tanto la actividad quirúrgica como el fomento de la hospitalización domiciliaria, no así en el caso de los reingresos hospitalarios. Pero las conclusiones también evidencian que los incentivos económicos para aumentar la cirugía sin permanencia en el hospital, que ha crecido de forma considerable en los últimos años, ha dejado de ser eficaz.
Los autores del informe Sistema de contraprestación de los servicios de atención hospitalaria y especializada de agudos prestados por los centros del Siscat por cuenta del CatSalut, que han utilizado también aportaciones de las patronales hospitalarias catalanas, destacan que tan solo 6 de los 11 programas revisados se enmarcaban dentro de las directrices y objetivos establecidos en el Plan de Salud. Y uno de ellos es el sistema de fijación de precios, sobre todo en lo que se refiere a los incentivos que reciben los proveedores, que son considerados por la Sindicatura suficientemente “anacrónicos” como para que “acaben revistiendo carácter de permanencia”. Y se señala que el sistema de pago a los hospitales “no ha sido eficaz a la hora de dotar las entidades proveedoras de financiación adecuada en tiempo y cuantía”, además de existir incertidumbre sobre si son suficientes para cubrir los gastos de los servicios que se prestan.
En ese capítulo, la fiscalización desvela que apenas una cuarta parte (un 28%) de las contraprestaciones (pagos) están vinculados con los objetivos marcados con la normativa vigente. No se tiene en cuenta, por ejemplo, un objetivo que se definía por la disminución del tiempo de espera para ingreso en la hospitalización.
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