En línea con las políticas contra la inmigración de la Casa Blanca, la propuesta de reforma fiscal que el Partido Republicano está preparándose para aprobar en el Congreso contiene una serie de propuestas que perjudica la situación fiscal de los inmigrantes indocumentados. Una de ellas crea un impuesto especial del 5% a las remesas.
Según el texto que ahora avanza con el impulso de los legisladores conservadores, este gravamen se puede deducir en la declaración de impuestos, pero solo en caso de que se presenten ante el IRS — la agencia de tributos—, por contribuyentes con Número del Seguro Social (SSN en sus siglas en inglés). Los indocumentados carecen de SSN y pagan impuestos con un Número de Identificación Fiscal (ITIN), lo que les impediría recuperar este dinero.
“Se está buscando que los indocumentados no tengan escapatoria, pero el objetivo, por lo que estamos viendo en otras situaciones, es más amplio y terminará afectando a muchos de los que vienen al país. Una de las maneras de hacerlo es a través del dinero, haciendo que llegue menos a sus hogares” dice José Iván Rodríguez-Sánchez, del Centro para Estados Unidos y México de la Universidad Rice de Texas. Este investigador explica que desde hace tiempo ha habido una corriente de opinión que ve a las remesas como una pérdida económica “como un dinero que no se queda en Estados Unidos”.
Jon Withen, subdirector del Instituto de Políticas Fiscal y Económica (ITEP en sus siglas en inglés), explica que según el Comité Conjunto de Tributos este gravamen en las remesas va a recaudar una cantidad baja de ingresos, unos 22.000 millones en 10 años. “Y esta no es la única reforma fiscal que afectará a los inmigrantes”, explica Withen, “es solo una parte de un ataque mayor, que es un tema central del proyecto de ley fiscal de la Cámara de Representantes”.
Una de las propuestas más importantes que siguen estas líneas es el fin del crédito tributario por hijos “para niños ciudadanos de familias de estatus mixto”, dice Withen. Este crédito tributario se incrementará temporalmente a 2.500 dólares por hijo frente a los 2.000 de hace cuatro años y se negará a 4,5 millones de menores ciudadanos por la nueva restricción que obliga a que los padres que sean contribuyentes tengan SSN y no ITIN.
Según los cálculos que maneja la ITEP, solo en California y Texas habrá 1,8 millones de niños que se quedarán sin estos créditos, que también afectarán a cientos de miles de menores en Florida, Nueva York e Illinois. “Cinco Estados en los que se recauda más de 1.000 millones de dólares en ingresos estatales y locales de inmigrantes indocumentados”, calcula el ITEP. Estos inmigrantes, con derecho a menos deducciones y programas sociales que el resto de los contribuyentes, pagaron 90.000 millones de impuestos en 2023.
En el texto de la propuesta fiscal conservadora hay más exclusiones: en lo referido al Medicare, en las rebajas fiscales a los salarios de propinas y horas extraordinarias —que solo podrán se reclamadas con el SSN —además del los créditos para acceder a seguros médicos del ACA (Obamacare).
Estas circunstancias, unidas al hecho de que el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional han llegado a un acuerdo para cruzar información, “puede tener un efecto disuasorio” para una comunidad que es contribuyente neta para el Estado, dice Withen.
Un impacto más allá de Estados Unidos
El potencial impacto negativo en las remesas cruzará fronteras y llegará a América Latina, el Caribe y Asia, entre otras zonas. Según un informe del banco BBVA de enero de este año, las remesas contribuyeron en 2024 al 27,2% del PIB de Nicaragua, el 25,2% al de El Salvador y el 19,6% al total de la economía de Guatemala. En México, el año pasado contribuyeron un 3,4% al PIB nacional. La mayoría de estos flujos de dinero, sobre todo los que llegan a México, proceden de Estados Unidos
A Rodríguez-Sanchez le preocupa que el dinero encuentre otra forma de fluir por vías alternativas que supongan más riesgos. “Es algo que puede acabar con la calidad, la seguridad y la transparencia de las operaciones para abrir la puerta a grupos de delincuentes que puedan gestionar ese mercado”, apunta.
La Cámara de Representantes tiene como objetivo aprobar la propuesta fiscal en las fechas cercanas al fin de semana de Memorial, alrededor del 26 de mayo. El Senado, con mayoría también conservadora, tiene que aprobar el texto que los legisladores quieren que el presidente Donald Trump convierta en ley con su firma el 4 de julio.
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