Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes al que fuera secretario de Estado de Seguridad durante los gobiernos del PP de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, y al pirata informático José Luis Huertas, alias Alcasec, en un operativo en el que hay otros dos arrestados, según ha adelantado El Independiente y han confirmado fuentes policiales y jurídicas a EL PAÍS. Los otros dos detenidos son el youtuber Álvaro Martín ―que ha sido arrestado en Andorra y para el que se pedirá a la justicia de este país su extradición― y un cuarto individuo llamado Adrián Molina, según detallan estas mismas fuentes.
En la causa, que permanece secreta y dirige la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, se investigan delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos por intrusismo en un sistema informático, apoderamiento y cesión de datos reservados.
En el caso de Martínez, que ha sido detenido por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) este martes por la mañana en su domicilio de Madrid, la investigación le atribuye la creación de dos empresas para Alcasec que, presuntamente, este utilizó posteriormente para blanquear el dinero que obtenía con sus actividades delictivas. Según defienden fuentes del entorno del ex secretario de Estado de Seguridad, este se limitó a crear las mercantiles, por las que el hacker ―al que conocía porque fue su abogado defensor cuando fue detenido por primera vez en 2020, cuando aún era menor de edad― le pagó 1.500 euros.
Martínez está en la actualidad procesado por su presunta participación en la Operación Kitchen, el operativo policial montado para espiar sin control judicial al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y arrebatarle la documentación comprometedora que pudiera tener contra los dirigentes de este partido. Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción pide para él 15 años de cárcel. La Sala de lo Penal tiene previsto juzgarlo por ello el próximo año. Sin embargo, no es su única causa judicial pendiente. El que fuera número dos del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz se encuentra actualmente imputado en otras pesquisas paralelas del magistrado Santiago Pedraz que investiga la guerra sucia impulsada contra Podemos en época de Rajoy.
La investigación por la que ahora ha sido detenido el político tiene, sin embargo, un cariz muy diferente a estas dos. En esta ocasión, las pesquisas de la Policía se centran en la supuesta sustracción de datos confidenciales de entidades publicas y privadas a través del pirateo informático. Esta información reservada luego era vendida a terceros a cambio de pagos en criptomonedas que, posteriormente, eran blanqueados a través de un entramado societario, según fuentes de la Audiencia Nacional.
Estos hechos son similares a los que han motivado, en los últimos cinco años, la detención en media docena de ocasiones de Alcasec. Su actuación más conocida se produjo en octubre de 2022, cuando el hacker perpetró una intrusión en el Punto Neutro Judicial (PNJ), la red de telecomunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del Estado, y se hizo con información de 575.186 contribuyentes, que luego transfirió a dos servidores alojados en Lituania para ponerlos a la venta a través de una plataforma con pagos en criptomonedas. Por estos hechos, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo dejó en libertad tras confesar, y después lo procesó en octubre de 2023 por un delito continuado de revelación de secretos consistente en el acceso a datos y otro de acceso ilegal a sistemas informáticos. En julio de 2024, también se le detuvo por usurpar las credenciales de empleados de una compañía distribuidora de electricidad y hacerse con información sensible tanto de la empresa como de sus clientes y usuarios para luego venderlos.
Tras este último arresto, la Policía constató que, pese a no tener actividad laboral conocida, Huertas llevaba una vida de lujos que incluía viajes caros, vehículos de alta gama, ropa de marcas exclusivas y visitas a locales de moda de ocio y restauración. Según reveló ya entonces la investigación, Alcasec convertía en moneda física gran parte de los beneficios de su actividad ilícita a través de una compleja estructura de ocultación del dinero con criptomonedas para borrar cualquier vínculo entre los fondos que cobraba y él. Las fuerzas de seguridad consideran que, en contra de la imagen que él intentaba mostrar en internet, “no es ningún Robin Hood”, y que su principal objetivo es el lucro.
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