La negociación con los exparamilitares enfrenta a Petro con su comisionado de paz

La ambiciosa política de paz total, con la que el presidente colombiano Gustavo Petro busca negociar en simultánea con todos los grupos armados del país, genera tensiones cada vez mayores en el Gobierno. El pasado 29 de abril se instaló formalmente, con bajo perfil y en la ciudad Montería, una mesa de trabajo que busca “cerrar el Acuerdo de Ralito”, el pacto firmado en 2003 entre el Estado y los jefes de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La iniciativa cuenta con la participación de 18 de los principales excomandantes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, pero no con la del comisionado de paz del Gobierno, Otty Patiño, pese a que Petro respalda el proceso.

Desde el comienzo de su mandato, en agosto de 2022, Petro ha criticado el pacto que firmó su enemigo político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hace 22 años. En octubre de 2024, en un encuentro con Mancuso en Montería, el mandatario anunció que su Gobierno se iba a encargar de “terminar el proceso de desmovilización”. “Podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado a las víctimas los bienes que ustedes le entregaron a la justicia y el proceso quedó interrumpido”. Ese día, después de un intercambio de sombreros, el mandatario propuso instalar una mesa de negociación con los exparamilitares. “Esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, dijo en crítica velada a Uribe. Los paramilitares han señalado al expresidente de traición al haberlos extraditado en 2005, y de haberlo hecho para evitar que revelaran las supuestas relaciones ilegales con el entonces presidente. Uribe siempre ha argumentado que violaron el acuerdo al seguir delinquiendo desde la cárcel.

La mesa instalada en Montería es, justamente, la concreción de la idea de Petro. Pero no ha sido sencilla por el elemento clave de que, a diferencia del resto de negociaciones de la paz total, la contraparte del Gobierno no es un grupo armado. Una fuente cercana a esa mesa dice que el comisionado Patiño se ha opuesto a negociar con los exparamilitares. Desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz han entregado una respuesta tajante: no existe un diálogo con ellos.

Por eso, quien se sentó con los ex paramilitares a nombre del Gobierno no fue Patiño sino la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), María Gaitán Valencia. Los antiguos comandantes, que llevan 23 años desmovilizados, han planteado compromisos como ayudar en la búsqueda de desaparecidos, entregar tierras y hacer nuevos actos de reconocimiento a las víctimas. Juan Carlos Villamizar, asesor del proceso, explica que también han solicitado que se cierren de forma definitiva sus expedientes judiciales en el marco del sistema de Justicia y Paz, la justicia transicional que desde el acuerdo investiga sus crímenes. “Este proceso va a ser corto, tres o cuatro meses y se firma”, señala el abogado. Si el Gobierno acepta la propuesta, y no hay enredos legales, los exparamilitares quedarían exentos de sus obligaciones pendientes con la justicia.

Esa difícil propuesta ha pasado desapercibida, pues el Gobierno ha dado poca visibilidad a la mesa. El CNMH deberá presentar en las próximas semanas un informe sobre la implementación del Acuerdo de Ralito, los pendientes que buscan finiquitar y los plazos para ello. Desde el Centro coinciden en que, tras ese diagnóstico, la negociación será un proceso corto, que terminaría durante este año. Carlos Blanco, abogado de varios desmovilizados, ha anunciado que ellos celebrarán una nueva reunión en Bucaramanga con el fin de consolidar una mesa nacional de exintegrantes de las AUC, que concretaría sus propuestas al Gobierno.

A 10 meses de las elecciones legislativas, el afán es notorio. En un reciente consejo de ministros, el presidente reiteró a su intención de “terminar” el proceso de Ralito. “Yo entregué un listado para que fueran gestores de paz, pensando que quizás con esa figura podían salir [de la cárcel], pero no (…) estoy pensando que puedan salir dos, si se comprometen con terminar el proceso”. Otra fuente cercana a esa mesa ha confirmado que uno los que quedaría libre sería Carlos Mario Jiménez, Macaco. El antiguo comandante paga una pena de 17 años de prisión recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Antioquia), y quien ha acompañado los acercamientos que ha hecho el Gobierno, dentro de la paz total, con las bandas criminales de Medellín y sus alrededores.

En la misma reunión televisada, el jefe de Estado afirmó que la negociación “podría incluir a miembros del Clan del Golfo”. Villamizar explica que si el marco jurídico que soportará la mesa de cierre de Ralito logra incluir al autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, se convertiría en uno de los procesos más ambiciosos de la paz total. El problema es que no hay una estructura legal que permite un acuerdo. Por eso, el abogado lanza una propuesta: “Si se logra adecuar Justicia y Paz a la nueva mesa de Ralito y disponerla a los rearmados [bajo la premisa de que los miembros del Clan son reincidentes de las AUC], se resuelve el problema”.

El asesor de Mancuso ve en la mesa, también, una jugada política. “No es descabellado decir que firmar un proceso y cerrar el Acuerdo de Ralito es una victoria política de Petro sobre Uribe”, señala, en referencia a que uno de los logros más preciados del expresidente de derechas ha sido su negociación con los paras, y que un nuevo acuerdo por lo menos debilitaría ese reclamo. Además, sería un éxito especialmente relevante para el presidente que prometió una negociación fácil con la guerrilla del ELN y ha visto cómo se deshace su bandera de la paz total.