Cinco de las siete asociaciones judiciales y fiscales que existen en España han convocado un paro de diez minutos el próximo 11 de junio a las 12 del mediodía a modo de protesta por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada el pasado enero. En un comunicado emitido este viernes, las entidades firmantes consideran que dicha reforma recoge “medidas altamente perjudiciales” por “afectar gravemente a la independencia judicial” y debilitar “los valores en los que se sustenta nuestro Estado de derecho”. No lo respaldan las dos asociaciones progresistas de las carreras, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
Las entidades que respaldan el paro son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Desde que se debatió la reforma, estas asociaciones han criticado duramente algunos puntos de su contenido. En el comunicado en el que convocan el paro, piden la retirada de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ya que consideran que “supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas”. Añaden que se dan “pasos atrás” en este sentido, “al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado”, sin establecer “contrapesos internos” ni “verdaderas garantías” que aseguren, según ellos, la independencia de los fiscales.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras su comparecencia en la comisión del Senado este viernes, ha manifestado su “respeto” a todas las asociaciones judiciales, pero ha afirmado que “muchos de los temores que están planteando son infundados”. Esto, ha declarado, “se puede acreditar leyendo el proyecto de ley”. Bolaños ha dicho tener “la mano tendida” para seguir hablando con las asociaciones y “mejorar la ley en lo que sea necesario.
La reforma que estas asociaciones piden revocar deja en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales, aumenta el mandato del fiscal general del Estado a los cinco años e impide que el Ejecutivo pueda dar instrucciones al jefe del ministerio público. El ministro de Justicia presentó esta reforma en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del martes de la semana pasada. Allí explicó que se trata de “una reforma a largo plazo” y que entrará en vigor en 2028. Además, insistió en que el objetivo de estas medidas es que la justicia “se acerque los mejores estándares europeos” y que cumple con las demandas que exige el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco). Este organismo, creado por el Consejo de Europa para mejorar la capacidad de los países que lo conforman de luchar contra la corrupción, lamentó el pasado abril que España hubiese ignorado sus recomendaciones sobre la independencia judicial.
Otro de los puntos al que los jueces se han opuesto es al proceso de estabilización extraordinario de jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes. El departamento encabezado por Bolaños ha presentado un sistema de concurso-oposición para acabar con la interinidad en la que trabajan más de 1.200 profesionales de la justicia. En el comunicado, las cinco asociaciones firmantes se comprometen “a impugnar judicialmente dicho proceso, asumiendo los costes de forma conjunta”.
Este proceso de estabilización ha enfrentado a Justicia con los jueces titulares. Por un lado, la Comisión Europea ha apercibido en dos ocasiones al Gobierno sobre el problema de la interinidad en la justicia. Por otro, las asociaciones judiciales emitieron otro comunicado hace una semana en el que manifestaban que el modelo propuesto para la oposición “no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales”.
Con este acto, las asociaciones judiciales materializan los rumores de un paro en protesta por la reforma. Esta semana, El Español adelantó la existencia de un grupo con más de mil participantes, al margen de las asociaciones, donde ya se hablaba de “paros” y “huelgas”.
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