La insólita elección judicial en México tiene también una importante derivada económica. La incertidumbre que atraviesa todo el proceso ha llevado a los inversores a tomar precauciones. Un cada vez mayor número de compañías con intereses en México están revisando sus contratos y agregando cláusulas preventivas, ante el inminente cambio del Poder Judicial que se reformulará en las elecciones del 1 de junio. Estas adendas incluyen previsiones que permitan resolver conflictos mercantiles, entre privados o con el Gobierno federal, en cortes internacionales o mediante arbitrajes alternativos, con el fin de evitar llevar las querellas a los juzgados mexicanos, al menos hasta que no quede claro cuáles serán los perfiles que compondrán el nuevo andamiaje judicial.

Al menos tres abogados con conocimientos directo de los cambios confirmaron la estrategia a EL PAIS, aludiendo las mismas preocupaciones que están deteniendo las inversiones y, con ello, el crecimiento económico que se proyecta como cercano a cero para el final del 2025. Aunque la Inversión Extranjera Directa (IED) –un indicador del apetito que genera el país– inició el año con un histórico de 21.373 millones de dólares y un aumento interanual de 5,2%, el detalle de las cifras muestra que la mayor parte de los fondos son reinversiones y no capital nuevo, que también está siendo afectado por las amenazas de aranceles del Gobierno de Donald Trump.

Los opositores a la Reforma Judicial, cuyo punto focal son las elecciones populares de unos 900 jueces, ministros y magistrados federales, han objetado que la votación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y adelantada por su heredera política Claudia Sheinbaum, moverá la balanza de la justicia para hacerla más favorable a los intereses gubernamentales. En el otro lado de la acera, los defensores de la enmienda sostienen que las cortes no han protegido los intereses de los ciudadanos en un país con una gran potencia industrial, pero que aún sufre los agobios de la pobreza y la falta de inclusión económica y social. Al unísono, la presidenta intenta mediar con los capitales, locales y extranjeros, desde una posición pragmática que los invite a incrementar de la confianza en el país.

“Esta reforma no pasa en un vacío”, describe Matías Gómez Léautaud, analista principal para México de Eurasia Group, una firma de riesgo político. “Es un frente más de incertidumbre para inversionistas y compañías. A esto se suma una situación geopolítica y comercial muy complicada, que no ha permitido que la buena disposición del Gobierno de Sheinbaum e iniciativas que tienen sentido, como el Plan México, puedan alcanzar su máximo potencial, dada la falta de claridad de cómo se va a ver el sistema judicial en un año, en cinco, en diez”, agrega.

Si bien las cifras oficiales no muestran una huida de capitales o de empresas, que mantienen su reinversión, sí hablan de las dudas de nuevos inversores que están esperando ver qué pasa al final de este año y en el transcurso de 2026. También aguardan a ver cómo –y en qué tono– se revisará el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (TMEC), que hasta ahora ha sido un garante para las empresas extranjeras que hacen negocio en los rubros dentro del pacto.

“Cláusulas preventivas”

Un abogado de una firma mexicana que asesora a empresas globales describió que han agregado “cláusulas preventivas” que les permitan solucionar controversias mediante vías alternas y no sólo en los juzgados locales. “Hasta que no conozcamos los perfiles que formarán parte del sistema judicial, es mejor evitar”, afirma el asesor legal que ha pedido mantener su nombre en reserva para no exponer la confidencialidad de sus clientes. También dice que han recomendado a sus clientes ser extra cuidadosos con el cumplimiento legal referente a seguridad social o laboral, por ejemplo, para mantenerse lejos de los litigios que involucren entes oficiales.

“En este intento de ser proactivas, estas empresas están explorando opciones internacionales. La mediación entre particulares también va a ser algo muy claro, un recurso mucho más eficiente que un sistema judicial que, sin importar cómo se conforme ni quienes queden, va a experimentar una curva de aprendizaje muy importante al cambiar de tajo a la mitad de la judicatura federal. Eso es un hecho”, añade Gómez.

En el trasfondo, los indicadores económicos del país están demostrando retrocesos en sectores que tradicionalmente son termómetros de la productividad, como la construcción o la actividad bancaria. La sorpresa de un Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre que fue positivo (0,2%) alivió las expectativas de recesión, aunque no las eliminó del todo. Como suelen decir los mismos inversores, los capitales tienden a ser cobardes.

“Hemos perdido inversiones: empresas que se han retirado o que están suspendiendo hasta saber qué va a pasar. Y desafortunadamente, en la práctica estamos viendo jueces y magistrados haciendo campaña política, lo cual va en contra de todos los principios de una jurisdicción imparcial”, señala Carlos Torres, abogado especializado en el sector financiero y nuevas tecnologías. La normativa impide a los candidatos hacer campaña asociada a partidos o contratar espacios en radio, internet, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación.

Torres reporta un desinfle de las inversiones de capital de riesgo en emprendimientos tecnológicos y financieros: un área de servicios que el cual el Plan México, la hoja de ruta de Sheinbaum, también está tratando de crear incentivos.

Esa adición de mayor nerviosismo, tiempos en los procesos y gastos legales también repercutirá en los costos de empresas, que a la larga –y con pocas excepciones– suelen trasladarse a los consumidores.

“Esto elevará el costo de hacer negocios”, resume Antonio Ocaranza, director de una firma de manejo de riesgo reputacional corporativo. Y antes de la negociación del TMEC, que México espera se adelante para este año, esos costos caerán en cascada hacia el acuerdo tripartita. “Si México tiene un sistema judicial que no genera tranquilidad, ¿que le van a exigir sus socios? Los capítulos de salvaguarda serán de los más complicados para negociar”.



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