El chantaje como política exterior y comercial. Ese ha sido el enfoque que Donald Trump ha adoptado hacia gran parte del mundo, pero especialmente hacia América Latina. Lo hizo durante su primer mandato, presionando a varios países de la región para que se hicieran responsables de frenar la migración al norte y para que accedieran a recibir cientos de deportados. Y ahora, de vuelta en el poder, ha tirado de nuevo de la estrategia que tan fructífera le resultó en aquel entonces para, en esta ocasión, avanzar en su campaña de deportaciones masivas. Esta vez, a diferencia de la primera, cuando lanzaba sus amenazas sobre todo en forma de sanciones, su táctica principal de intimidación han sido los aranceles, con los que ha arrancado concesiones de aliados históricos como México o Colombia.
“El peso comercial de Estados Unidos en América Latina es tan grande que [Trump] ha logrado extorsionar a casi todos los países”, aseguró a EL PAÍS Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, en una entrevista reciente. Con solo tres meses en el cargo, el presidente ha conseguido que el Gobierno de Claudia Sheinbaum militarice la frontera mexicana con Estados Unidos y que Colombia, Costa Rica y Panamá accedan a que las autoridades migratorias estadounidenses deporten a migrantes a sus territorios. Todos bajo la presión de una escalada en los aranceles que el Gobierno del republicano ya les ha impuesto en medio de su guerra comercial global.
México
Es el país latinoamericano que más puede perder en la guerra arancelaria de Trump: Estados Unidos es su principal socio comercial, a la vez que México es el principal proveedor de Estados Unidos. Por tanto, y siendo consciente de su ventaja en la relación bilateral, el republicano hizo de la nación —junto a Canadá— el principal blanco de sus amenazas arancelarias desde el inicio de su mandato. En su segunda semana de vuelta en la Casa Blanca anunció la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de México a partir del 4 de febrero. ¿La justificación? Que el país vecino no estaba haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo y migrantes a Estados Unidos.
El Gobierno de Sheinbaum sucumbió a la presión y logró frenar la entrada en vigor de las nuevas tarifas a cambio de concesiones. Aceptó reforzar el lado mexicano de la frontera al desplegar 10.000 militares para combatir el narcotráfico y la inmigración irregular, como Trump le exigió. Un mes después, el republicano impuso los aranceles del 25%, que continúan en vigor a día de hoy, aunque con un impacto muy disminuido, pues todo lo cubierto por el tratado de libre comercio entre los tres países norteamericanos, la inmensa mayoría del intercambio, no recibe los aranceles.
No obstante, la presidenta mexicana ha cedido aparentemente a la coacción de Trump en materia migratoria y de seguridad, con la extraordinaria entrega de 29 capos del narcotráfico a Estados Unidos como ejemplo perfecto de ello. Ahora, el Gobierno trumpista también ha resucitado una vieja amenaza de su primer mandato, la de una intervención militar contra los carteles en suelo mexicano, para añadir a la presión arancelaria, aunque por ahora no ha anunciado nuevos aranceles.
Colombia
El guion se repite en el caso de Colombia. El republicano también amenazó con aranceles al Gobierno de Gustavo Petro desde el comienzo de su mandato, cuando el presidente del país andino se negó la mañana del 27 de enero a aceptar dos vuelos con deportados de Estados Unidos que anteriormente había accedido a recibir. Trump reaccionó diciendo que golpearía a Colombia con aranceles del 25%, los cuales aumentarían al 50% la siguiente semana, así como con una serie de sanciones financieras y bancarias. También suspendió los visados para todos los funcionarios del Gobierno colombiano y sus asociados.
El enfrentamiento diplomático duró menos de un día. Aunque inicialmente le plantó cara al republicano, Petro acabó cediendo la misma noche de ese domingo a todas sus demandas, “incluida la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de los Estados Unidos, incluso en aeronaves militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras”, como comunicó su Gobierno. Más adelante, en marzo, tras una visita a Bogotá por parte de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, Colombia anunció que ambas naciones también habían acordado compartir datos biométricos para identificar migrantes irregulares y delincuentes transnacionales.
Finalmente, sin embargo, al país sí se le impusieron los gravámenes base del 10%, como parte del gran paquete de medidas arancelarias anunciadas por la Administración Trump a principios de abril.
Costa Rica y Panamá
Otros dos países de la región que han aceptado recibir vuelos de deportados son Costa Rica y Panamá, aunque cabe destacar algunas particularidades. Primero, ninguno de los dos países fueron amenazados, al menos públicamente, con aranceles del 25% como lo fueron México y Colombia. Algunos analistas teorizan que sí lo fueron a puerta cerrada, ya que el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó ambos países en febrero, tras lo cual anunciaron que recibirían deportaciones de Estados Unidos. Pero de momento, al igual que Colombia, ambas naciones fueron gravadas con la tarifa mínima del 10% en abril.
Panamá, además, ha tenido que lidiar con las amenazas imperialistas de Trump, que insiste en que quiere retomar el control del canal interoceánico del país. Aunque Estados Unidos cedió el control de la vía fluvial a Panamá hace más de 20 años, el presidente se ha quejado de que China ejerce influencia sobre el canal mientras que Washington es obligado a pagar más por utilizarlo. Aunque el Gobierno panameño ha rechazado la idea de base, ha tenido que ceder en otras cosas para aplacar al republicano, como permitir que la empresa estadounidense BlackRock comprara puertos del país.
Venezuela
Las tácticas de coacción que el Gobierno de Trump ha empleado contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela son aún más diversas. Ha usado aranceles, pero también la amenaza de sanciones y golpes al sector petrolero del país, a la vez que ha deportado a nacionales venezolanos a El Salvador, donde han sido encarcelados en una cárcel de máxima seguridad.
Después de que Washington anunciara el 4 de marzo que retiraba las licencias que permitían la operación de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, Caracas informó cuatro días después de que no aceptaría deportaciones de sus ciudadanos desde Estados Unidos. Esto llevó a la Administración Trump a amenazar al país sudamericano con nuevas sanciones “severas y crecientes”. Finalmente, Maduro dio marcha atrás y acordó reanudar los vuelos, que reiniciaron poco después ese mismo mes.
El día 24, sin embargo, el Gobierno de Trump anunció otras dos medidas. Por un lado, aseguró que, a partir del 2 de abril, impondría aranceles del 25% a todos los países que importen petróleo y gas venezolano porque, según justificó, Caracas ha enviado “decenas de miles” de criminales violentos a Estados Unidos. Y por el otro, prorrogó hasta finales de mayo la salida de Chevron, que estaba prevista para principios de abril. Esta pausa le dio un respiro al ya de por sí asfixiado régimen de Maduro, ya que la multinacional es responsable de un cuarto de la producción petrolera local. A eso se añade la imposición de gravámenes del 15% a las exportaciones de Venezuela, aún pendientes de aplicación debido a la moratoria de 90 días anunciada por la Casa Blanca para todos los países, con la salvedad de China.
Mención aparte: El Salvador
El caso de El Salvador amerita una mención especial. La relación entre Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, ha sido beneficiosa para ambos. El republicano, por su parte, ha encontrado en Bukele un socio que acepte —y encarcele— a migrantes deportados por Estados Unidos sin hacer preguntas. Así Bukele no solo gana el favor del hombre más poderoso del mundo, sino que bajo el acuerdo también recibe dinero —20.000 dólares al año por cada deportado encarcelado en el país centroamericano— y la convalidación de su modelo carcelario, duramente criticado por sus malas condiciones y la violación de derechos humanos de los reclusos.
Además, y probablemente lo más importante para Bukele, El Salvador recibirá de devuelta a por lo menos nueve pandilleros clave de la MS-13 que Estados Unidos tiene bajo su custodia. Por ese trámite, Bukele le ofreció al Gobierno de Trump un descuento del 50 % en la tarifa por recibir migrantes deportados en su megaprisión. Un win-win.
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