La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) empuja cada vez más a la disolución del organismo para dar paso a lo que han llamado, desde 2024, como la Defensoría Nacional de los Pueblos. En un comunicado que retoma una polémica causada tras las declaraciones de su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, la Comisión ha publicado este lunes: “La CNDH reitera ser parte del Estado mexicano, y también que tiene que transformarse en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”. El pasado 8 de mayo, durante una reunión entre Piedra Ibarra y el embajador de Países Bajos, la presidenta aseguró que el organismo que representa es parte del Estado mexicano y planteó que no puede ser un contrapeso a ninguna autoridad. Estas declaraciones le valieron duras críticas por parte de varios sectores que la acusaron, nuevamente, de estar al servicio de los gobiernos de Morena.

En un primer comunicado, publicado tras la reunión del pasado 8 de mayo, las declaraciones de Piedra Ibarra prendieron la llama de las últimas polémicas que la rodean: “No somos una entidad ajena al Estado, somos parte de él, por lo que así como es claro que el gobierno no es el Estado, la CNDH no mide su autonomía hoy a partir de sus desencuentros con las autoridades ni se asume como contrapeso de ningún poder”, dijo.

La polémica no quedó ahí, y este lunes, en un largo texto en el que a ratos se lee como un extracto académico —pese a que en el principio se aclara que no pretenden convertir el comunicado en un tema filosófico debido a las definiciones de Estado de varios autores—, la CNDH retoma las declaraciones de su presidenta y reclama una “guerra sucia” en su contra y la urgencia de que sea creada la nueva Defensoría. “Esta Comisión Nacional lamenta que a más de 34 años de su creación se siga ignorando su función y su papel en el Estado mexicano, producto justamente de la simulación en la que se vivía hasta hace seis años y una prueba más de la urgencia de transformar y dejar atrás el modelo con el que fue creada y, sin entrar en polémica con los ‘juristas doctos’, reitera lo que es real y evidente”, dicen.

Este es el más actual de los encontronazos entre críticos de varios sectores de la sociedad y la política que vieron con desconfianza la reelección en noviembre de 2024 de Piedra Ibarra para un segundo mandato al frente de la CNDH, tras una evaluación poco favorable de su trabajo frente a la organización que fue creada en 1990.

“Eso de que la CNDH no es parte del Estado o que es o debe ser un ‘contrapeso’ no es más que un invento del salinismo para aparentar lo que nunca fue, pero necesitaba simular: el equilibrio de poderes que, según la teoría clásica, la garantiza la coexistencia de tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todo lo demás es demagogia. ¿O alguien puede decir, legítimamente, que sí existía equilibrio e independencia entre poderes, y más aún, que la CNDH fue ‘contrapeso’ de alguno de esos gobiernos?“, cuestiona el comunicado.

En ese texto, la Comisión asegura que es el momento para que México abra un debate sobre el tipo de institución nacional de derechos humanos que necesita el país y plantea dos sendas para hacerlo: “Si queremos que siga el modelo que crearon Gutiérrez Barrios, Carpizo y los agentes de la Dirección Federal de Seguridad habilitados de “defensores de derechos humanos” en los años noventa, o empezamos a plantearnos, pero en serio y de verdad, los alcances de cumplir con lo que dice nuestra Constitución. Específicamente el artículo 1º, y creamos la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”, concluyen.

Piedra Ibarra fue propuesta en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir el CNDH. La hija de la activista y política de izquierda Rosario Ibarra —conocida por fundar el Comité Eureka por la Búsqueda de Desaparecidos— fue cuestionada desde el día de su elección, cuando representantes de la oposición denunciaron una ilegalidad en el proceso de votación en el Senado. Desde entonces, activistas y especialistas reclaman que la institución ha sido ineficaz e inactiva frente a múltiples violaciones de derechos humanos en México. El enfado llegó incluso puertas adentro. En octubre de 2023, los seis miembros del Consejo Consultivo del CNDH renunciaron a sus puestos tras afirmar que Piedra obstaculizaba su trabajo e ignoraba sus recomendaciones.

Su reelección, en 2024, tras una negociación ardua en el Senado, no fue bien recibida por un amplio sector de la sociedad. Los más críticos a su trabajo temían que beneficiara al Gobierno de López Obrador, y acusan que lo hizo. También esperaban que fuera omisa a las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, y aseguran que lo fue.

En noviembre, pasado, un grupo de organizaciones de derechos humanos analizó con datos la gestión de la Comisión en los últimos cinco años. El reporte apunta que, de 164 recomendaciones emitidas, 110 pertenecían a acciones cometidas en administraciones anteriores. Las que fueron hechas a los antiguos Gobiernos estaban relacionadas principalmente con seguridad y justicia, mientras que las 54 sobre el periodo de López Obrador estaban centradas en la falta de acceso a la salud y acceso a la información.

La CNDH formalizó en enero de 2024 su propuesta de crear la Defensoría ante los diputados en un documento que explica la reforma de la Constitución mexicana, específicamente el artículo 102 en su apartado B, relativo al establecimiento de instituciones para la protección de los derechos humanos.





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