Viajar en el tiempo es uno de los grandes sueños de la imaginación humana y, de alguna manera, Javier Milei está logrando hacerlo realidad: el sistema de ciencia y tecnología de Argentina retrocedió casi un cuarto de siglo gracias a las medidas tomadas por el Gobierno ultra en sus primeros 17 meses de gestión. Los sucesivos recortes de fondos retrotrajeron el financiamiento de la investigación científica al nivel de 2002, cuando el país sudamericano atravesaba la peor crisis económica y social de su historia reciente. En el mismo lapso, cayó un 30% el poder adquisitivo de los sueldos de investigadores y becarios. Como consecuencia, según los datos oficiales ya se perdieron más de 4.000 empleos en el sistema científico y se redujo en un tercio la cantidad de jóvenes que aspiran a ser investigadores.
Desde que asumió, Milei gobierna sin ley de presupuesto. Tanto el año pasado como el actual se limitó a prorrogar la norma vigente en 2023, con actualizaciones definidas por el Ejecutivo y que están lejos de compensar el impacto de la inflación y las devaluaciones de la moneda local. De ahí proviene gran parte del filo de la “motosierra” que está cercenando a la administración pública.
La inversión estatal en ciencia y tecnología se retrajo 30 puntos porcentuales en 2024 y, a partir de las erogaciones del primer cuatrimestre, se estima que en 2025 caerá otros 25 puntos, concluye un reciente estudio del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI). “Se trata de una caída sin antecedentes en la historia de la política económica de la ciencia nacional”, advierte el informe.
Cuando Milei entró en la Casa Rosada, el gasto en ciencia alcanzaba al 0,30% del Producto Bruto Interno argentino. El año pasado, con un PBI estimado de 579 billones de pesos (unos 482.000 millones de dólares), ese porcentaje bajó al 0,21. La proyección del CIICTI para este año señala que la inversión en ciencia se desbarrancará hasta el 0,15% del PBI. “Los valores del actual presupuesto son irrisorios, son similares a los de la megacrisis de 2001-2002 y se aproximan a lo que invertía en ciencia la última dictadura militar hace 50 años”, dice Valeria Levi, doctora en química y vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Su comparación es literal: en 2002 la inversión en ciencia fue el 0,17% del PIB y en 1976 el 0,19%.
El recorte y el desguace del Estado, junto con la amenaza de cierre o privatización, golpea a todos los organismos científicos, mientras se multiplican las carencias de recursos para equipamiento, laboratorios, bibliotecas, obras o mejoras de infraestructura. El Ministerio de Ciencia fue degradado a secretaría por Milei, con la consecuente baja presupuestaria. La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, cuya función era subsidiar proyectos, está prácticamente paralizada por falta de autoridades y personal; ni este año ni el anterior se hizo la convocatoria para presentar propuestas. Y tampoco se está respetando la actualización de las líneas de financiamiento otorgadas en los años previos. “Acabo de cobrar la cuota de un año de subsidio y, en valores reales, es el equivalente a 185 dólares. En 2019 eran 16.000 dólares”, detalla Valeria Levi. En su caso, con ese subsidio debería poder sostener una investigación en química biológica sobre células madre: comprar reactivos, tubos de ensayos, preparaciones, participar de congresos científicos…
El mismo desajuste sufren los salarios de los investigadores y los estipendios de los becarios. Según los cálculos de los sindicatos, unos y otros sufrieron desde 2023 una merma del 30% de su capacidad de compra, una disminución superior a la sufrida por el resto de la administración pública. “Los sueldos del sistema científico y universitario se devaluaron completamente. La gran mayoría, entre el 80 y el 90%, está cobrando salarios paupérrimos”, explica Sandra Torlucci, rectora de la Universidad de las Artes e integrante de la comisión de ciencia y técnica del Consejo Interuniversitario Nacional. “Todo esto empuja a los docentes e investigadores al pluriempleo, genera renuncias, fuga de cerebros”, agrega Torlucci. “Las trayectorias de los grupos de investigación se interrumpen, los equipamientos se van deteriorando… No va a ser fácil recuperar todo eso, es el producto de años de trabajo e inversión”.
Las estadísticas oficiales muestran que el sistema nacional de ciencia viene sufriendo un marcado drenaje de personal, impulsado por la finalización de contratos resuelta por el Gobierno y por la dimisión de quienes buscan mayores ingresos en el sector privado o en otros países. De acuerdo con el seguimiento del CIICTI, entre diciembre de 2023 y abril pasado se perdieron 4.148 empleos científicos en organismos estatales de investigación, empresas públicas tecnológicas y universidades nacionales. El personal total pasó de 75.051 a 70.903.
Un tercio de las bajas registradas corresponde al Conicet, el mayor organismo de investigación del país, que perdió 1.513 investigadores y becarios. No solo los investigadores se están yendo, sino que además está obturado el ingreso de las nuevas camadas. Hay 853 jóvenes seleccionados por concurso en 2023 para comenzar la carrera de investigador científico que todavía no pudieron iniciar su actividad. Uno de los efectos de las trabas y los recortes es el marcado declive de la cantidad de aspirantes a entrar en el Conicet: en 2023 se habían anotado 1.960 personas y en 2024 fueron 1.378 los postulantes. En la Argentina de Milei, ser científico es un futuro poco atractivo.
Los reiterados reclamos de la comunidad académica ante el Gobierno no han tenido hasta ahora respuesta favorable. Más bien todo lo contrario. En la última semana, el Ejecutivo profundizó el ajuste sobre el sector con la eliminación del Fondotec, un fondo fiduciario dedicado desde 1990 a la promoción científica y tecnológica. El viaje al pasado continúa.
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