Solo un tercio de los 153 municipios de más de 50.000 habitantes que ya deberían tener una zona de bajas emisiones (ZBE) —al inicio eran 151 pero se han sumado dos más por crecimiento de su población— la ha puesto en marcha. Un informe de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, respalda que el Ministerio de Transportes sancione a los ayuntamientos que pidieron ayudas para implantar una de estas áreas de tráfico restringido si no las ponen en marcha antes de final de año. Además, el departamento de Óscar Puente exige ya contar con una de estas áreas de tráfico restringido para recibir ayudas estatales al transporte público.
Las zonas de bajas emisiones son áreas —normalmente en el centro de las urbes— en las que se impide el paso a los coches más contaminantes, los más antiguos, basándose en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT); en general, se veta a los que tienen una A (o sin etiqueta) y en algunos casos también a aquellos con una B o C, y se permite el paso a vecinos, híbridos y eléctricos. Es una herramienta para reducir la contaminación y las emisiones en las ciudades, como han logrado Madrid y Barcelona, las primeras en aplicarlas.
La Ley de Cambio Climático de 2021 obligaba a que las 153 ciudades de más de 50.000 habitantes tuvieran una en marcha el 1 de enero de 2023, pero más de dos años después la mayoría siguen sin tenerla. Según los últimos datos de Transición Ecológica, 53 cuentan ya con una ZBE, aunque tres se encuentran en municipios no obligados a implantarlas —Gavà, Sant Joan Despí y Sant Adrià de Besòs—. De las restantes, hay 94 en trámite; es previsible que muchas se instalen antes de final de año, aunque otras no llegarán a tiempo.
Además, hay nueve que se niegan a cumplir la ley y no han iniciado los trámites (o no lo han comunicado al ministerio), además de 11 territorios insulares. La norma de Transición Ecológica no incluía un mecanismo para sancionar a las urbes incumplidoras. Transportes, que subvencionó la instalación de muchas de estas áreas, ya advirtió que su intención era sancionar a las localidades que pidieron fondos para instalar una ZBE y no la han puesto en marcha. La última fecha de ejecución de estas ayudas es el 31 de diciembre de 2025.
Ahora, un informe de la Abogacía del Estado respalda esta postura de Transportes. El departamento encargado de realizar la interpretación jurídica de las normas estatales señala que los municipios que han recibido una subvención —procedente de los fondos europeos Next Generation— pueden ser sancionados y, además, se les puede pedir el reintegro de la subvención.
Así, considera que los municipios de más de 50.000 habitantes que hayan incumplido la obligación de tener implantada una zona de bajas emisiones, podrían ser sancionados por la comisión de una infracción grave o muy grave, lo que puede conllevar una cuantía de dos y hasta tres veces la ayuda percibida.
Además, el documento señala que las entidades locales que hayan incumplido la obligación de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, una vez transcurrido el plazo establecido para su presentación, podrían ser sancionados por la comisión de una infracción grave.
Y señala que el incumplimiento del compromiso de tener implantada una ZBE será causa de reintegro cuando se refiera a las actuaciones subvencionables destinadas a cumplir el objetivo de acelerar la implantación de zonas de bajas emisiones y del incumplimiento resulte la no ejecución de las actuaciones que han sido objeto de la ayuda concedida en el plazo estipulado.
Fuentes de Transportes consideran que esta interpretación respalda su postura. “Con los fondos europeos se da un dinero a los ayuntamientos para que la instalación de ZBE no les cueste tanto. Pero si no se emplean para lo que se pidieron, hay que devolver ese dinero a Bruselas, lo que, además, genera un perjuicio para el Estado. Por eso es importante que la Abogacía diga que, en algunos casos, podría llegar a plantearse una infracción por incumplimiento”.
Sin ayudas para los incumplidores
El ministerio exige ya contar con estas una de estas áreas de tráfico restringido para recibir ayudas estatales al transporte público del segundo semestre de 2025. “Los municipios tienen que mandar una declaración responsable de que la ZBE se encontrará en funcionamiento a lo largo de 2025. Es decir, pueden a día de hoy no tenerla pero estar en proceso de tenerla”, señalan.
Se trata de fondos que reciben las urbes para sus redes de autobuses urbanos o interurbanos, que pueden llegar de forma directa o bien a través de organismos regionales como el Consorcio Regional de Transportes de Madrid o el Área Metropolitana de Barcelona.
El plazo para solicitar dichas ayudas ya ha terminado, aunque todavía no hay cifras sobre cuántos municipios se van a quedar fuera por no contar con una ZBE en funcionamiento a lo largo del año. Si alguna urbe presenta la declaración responsable pero no la pone en marcha antes de que acabe 2025, se le podría pedir que devuelva los fondos recibidos para impulsar el transporte público.
Con estas dos medidas, el Ejecutivo quiere dejar clara su apuesta por reforzar las ZBE y vincularlas a una mejora del transporte público. Sobre todo, en un momento en que estas áreas de tráfico restringido parecen en tela de juicio en algunos países: los diputados de una comisión de la Asamblea Nacional de Francia votaron en marzo a favor de la eliminación de estas zonas, en una decisión que todavía tienen que refrendar la Asamblea y el Senado de ese país.
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