La detención el fin de semana del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, ha revelado nuevos datos del rancho del horror, el predio donde el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaba sus actividades criminales en ese municipio, a hora y cuarto de Guadalajara, en el centro de México. Según informó la Fiscalía General de la República (FGR) en la primera vista ante el juez, el domingo, información que han recopilado diferentes periodistas presentes en la sala de audiencias, el alcalde recibía dinero del grupo delictivo, con el que colaboraba. Además, mantenía reuniones con sus líderes y, según un testimonio, que leyeron los fiscales, una vez arrojó incluso restos humanos en una zanja del rancho.
La detención de Murguía sorprendía el fin de semana, dada la pretendida ignorancia que había mostrado del asunto en sus contadas comparecencias públicas, desde el redescubrimiento mediático del predio, a principios de marzo. Entonces, integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas, Guerreros Buscadores de Jalisco, se presentaron en el lugar, donde encontraron cientos de prendas de ropa, además de cantidad de fragmentos de hueso, según explicaron, en varios hoyos. El colectivo infería que allí había funcionado un centro de exterminio del CJNG, que había manejado, supuestamente, crematorios ilegales en el lugar.
El relato de los buscadores inauguró un escándalo que el Gobierno ha tratado de contener, empleando aristas narrativas que dejan fuera conceptos como centro de exterminio o crematorio clandestino. El Ejecutivo federal, con Claudia Sheinbaum al frente, reconoce que el CJNG manejaba allí un centro de reclutamiento, entrenamiento y operaciones, pero poco más. La FGR, que atrajo el caso hace unas semanas, plantea la misma hipótesis, pese a las contradicciones en que ha caído su titular, Alejandro Gertz.
La semana pasada, Gertz compareció ante los medios por tercera vez en el último mes y medio para hablar del caso. El fiscal señaló que “no hay una sola prueba que acredite que [el rancho] era un sitio de cremación”, y añadió que “los resultados de desmagnetización por temperatura [de los fragmento óseos hallados], tanto en los especímenes de la zona quemada como de la zona sana y blancos, no presentan una temperatura de recalentamiento significativa (no mayor a 200 grados)”. La FGR, dijo Gertz, se apoyó en la UNAM para llevar a cabo el estudio de los restos óseos.
Lo declarado por Gertz contrasta con algunas de las informaciones desveladas este domingo en la audiencia de Murguía. Los agentes del Ministerio Público presentes hablaron de que en el rancho se habían encontrado fragmentos óseos con exposición térmica, algo que, por cierto, aseguró el mismo Gertz en una de sus primeras comparecencias sobre el tema, en marzo, pero que luego no ha vuelto a mencionar. La FGR no ha dado información sobre la detención y sobre la audiencia de Murguía por sus canales de comunicación oficial.
Las próximas audiencias del caso Murguía podrían arrojar algo de luz sobre este aspecto, tan controversial. En un reportaje publicado hace un mes, EL PAÍS revelaba los resultados de un estudio de investigadores adscritos a la Secretaría de Ciencia, que apuntaban la detección, en el rancho, en febrero de 2019, de “altas concentraciones de ceniza” y humo procedente de hogueras alimentadas con hidrocarburos “como gasolina, diésel o llantas”. El estudio alimentaba la hipótesis de que el CJNG había realizado quemas en el lugar.
La polémica con el rancho trasciende en todo caso a la existencia de posibles crematorios en el lugar. Autoridades federales y estatales conocían su existencia al menos desde septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional detuvo allí a 10 personas, rescató a dos y encontró un cadáver “emplayado”, como explicó Gertz la semana pasada. Pese a ello, el lugar quedó sin custodio. La Fiscalía de Jalisco, que intervino entonces el lugar, no analizó exhaustivamente el predio, dados los hallazgos de Guerreros Buscadores meses más tarde.
Ahora, la detención de Murguía señala el posible conocimiento que las autoridades locales habrían tenido del funcionamiento criminal del rancho, incluso desde antes. Y documenta, presuntamente, la cercana relación entre el alcalde, de Movimiento Ciudadano, cercano al gobernador, Pablo Lemus, del mismo partido, y los coordinadores del CJNG. Según la información revelada en la audiencia, Murguía recibía 70.000 pesos al mes y prestaba policías y armas a los criminales, para perseguir reclutas huidos o enganchar nuevas víctimas.
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