Los abogados de Joakim Peter Broberg, hijastro de la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), han lanzado este martes su primera ofensiva en el juicio que celebra la Audiencia Nacional contra él por blanqueo y tráfico de drogas. La defensa del familiar de la regidora, para quien la Fiscalía reclama 22 años de cárcel por liderar una de las facciones de una organización de narcos asentada en la provincia malagueña y con ramificaciones en el extranjero, ha acusado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de impulsar una investigación prospectiva para cazarlo. A su vez, durante la fase de cuestiones previas al arranque de la vista oral, los letrados de Broberg han reclamado que se declaren nulas las intervenciones telefónicas y los registros que sostienen el sumario.
Tras una larga investigación, el juez instructor Manuel García-Castellón procesó en 2022 a Joakim Peter Broberg y a su progenitor, Lars Gunnar Sune Broberg, marido de la alcaldesa Ángeles Muñoz hasta su fallecimiento en 2023. La Fiscalía mantiene que el hijastro de la dirigente del PP encabezó una rama de una organización internacional de narcos; que participó en “entregas de marihuana desde España a Francia”; y que, además, urdió una red de empresas para lavar el dinero procedente del crimen, para lo que contó con la ayuda de su padre.
Sin embargo, los letrados de Broberg defienden su inocencia. Durante la sesión del juicio celebrada este martes, sus abogados Sylvia Córdoba y Sergio Nuño Díez de la Lastra han cargado contra la investigación policial que condujo hasta el hijastro de la alcaldesa, a la que han calificado como “prospectiva” —es decir, una causa general para ver si se encuentra un indicio de delito, en lugar de investigar a partir de indicios existentes—, algo que está prohibido por la ley.
El juicio contra Broberg, que se sienta en el banquillo junto a otra veintena de personas, debía haber comenzado este lunes, pero la Audiencia Nacional decidió posponerlo un día, ya que varios abogados no pudieron llegar a tiempo al tribunal debido a la interrupción del tráfico ferroviario por el robo de cable del AVE. Finalmente, la vista ha comenzado este martes. Y, durante esta primera sesión, 11 acusados han reconocido los hechos que les atribuye la Fiscalía tras cerrar un pacto con el ministerio público.
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