La elección judicial ha superado el primer y largo tramo de un camino empedrado. En menos de 20 días, los ciudadanos saldrán a las urnas a emitir su voto para elegir cerca de 3.000 cargos de impartición de justicia a nivel federal y local. Los resultados de los comicios del 1 de junio abrirán otro sendero que se avizora igual de incierto: el de las posibles impugnaciones en los tribunales. Janine Otálora (Ciudad de México, 67 años), magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), será protagonista de los nuevos retos que supone un proceso inédito de tal envergadura y con todo eso no prevé que la elección llegue a fracasar. Los recovecos legales, los tropiezos, controversias e inconsistencias que se han venido acumulando durante el proceso se verán reflejados después de los comicios con una ola de recursos legales que buscarán tumbar algunos triunfos por diversas razones, entre ellas evitar que perfiles de dudosa procedencia, sobre los que pesan delitos graves como abuso sexual y vínculos con células del narcotráfico, lleguen a ser los próximos juzgadores en México.
La magistrada, que ha protagonizado los debates más polémicos en el máximo tribunal, la última instancia para resolver problemas en materia electoral, recibe a EL PAÍS en su despacho en Ciudad de México. Con las limitaciones que le da su posición y le impiden hablar de temas que están en vías de resolución, da una radiografía del trayecto y de lo que el clima político pronostica después del 1 de junio. Otálora enlista las fallas que, desde su perspectiva, ha tenido el proceso, desde la reforma al Poder Judicial, hasta la actuación del tribunal para dar certeza a los comicios. Los cambios que deberían ser puestos a debate en una futura reforma constitucional y legal que corrija los yerros de cara a la segunda tanda de elección de cargos judiciales en las intermedias de 2027.
Pregunta. ¿Considera que la elección de juzgadores por voto popular es el camino para mejorar el sistema de justicia?
Respuesta. No estoy convencida de que una elección por voto popular de todas las personas juzgadoras sea lo que permita sanear el Poder Judicial. Se dice que es un poder corrupto, que gana demasiado, que gasta demasiado, y esos temas no se resuelven con la elección popular. Si se le hubieran dado al Consejo de la Judicatura Federal dientes para llevar a cabo investigaciones e inhabilitar, destituir a quienes estaban cometiendo irregularidades o incluso delitos contra la impartición de justicia, hubiera sido mejor que un cambio tan radical. Estamos sacrificando la formación y la capacidad.
P. ¿Cómo califica el proceso rumbo a la elección del 1 de junio?
R. Es una legislación hecha al vapor, desde la reforma constitucional hasta las leyes secundarias. No se dio tiempo para preparar la elección; la trascendencia requería mayor reflexión. Lo que debió hacer el tribunal es ir enderezando las fallas de la legislación, de manera que permitiera que todo funcionara mejor.
P. ¿Cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado la Sala Superior durante este proceso?
R. En la implementación, desde cómo han trabajado los Comités de Evaluación, las impugnaciones que han llegado, cómo se diseñaron las boletas electorales, entre otras. Sobre los comités judiciales, ha habido un criterio mayoritario de que son soberanos y que lo que deciden es irreparable. Las boletas. Se decidió que, como había un acuerdo del INE sobre el modelo de boletas, aunque no se hubiesen mandado a imprimir, ya no se podían modificar. El hecho de que todos los comités judiciales le hayan remitido sus listas al Senado y éste las haya remitido todas al INE hace que sea declarado irreparable modificar listas, pudieron haberse modificado antes de que se mandaran a imprimir las boletas y no tener el conflicto en el que se encuentran hoy. ¿Hay o no hay candidatos que no cumplen con los requisitos?
P. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante el Tribunal en la elección judicial?
R. Establecer criterios en materia de quejas por actos anticipados de campaña, por uso de recursos públicos. Una gran mayoría de candidaturas son de juzgadores en funciones. Ahí hay un tema de uso de recursos públicos. No se definió de manera previa si todas estas personas tenían que pedir licencia sin goce de sueldo para evitar estos conflictos de intereses. Están llegando quejas, que subieron propaganda en horas de trabajo, temas de violencia política de género, difamación, calumnias hacia candidatos. Temas que vamos a revisar.
P. Se habla de división en el seno de la Sala Superior. ¿Ha sido complicada su labor con este contexto?
R. Hay que aclarar que en momento alguno, en mis decisiones, proyectos o criterios, está la idea de detener una reforma judicial que está en curso y que se va a llevar a cabo. México lleva 30 o 40 años construyendo su democracia con la construcción de ciertos pilares. ¿Cuáles son?: En la campaña, el no uso de recursos públicos, no estamos atendiendo este tema. El cómputo de votos por la ciudadanía ha sido un gran logro en México, era algo que funcionaba perfectamente. Esta vez los ciudadanos no van a contar los votos. Las boletas que no se utilizaron las tenían que anular los funcionarios de casilla, esta vez no se van a anular y eso afecta la certeza de los resultados. En lugar de que haya una urna por tipo de elección, como en todo proceso, va a haber una sola y, cuando esté llena, se va a vaciar y se va a volver a llenar. Tocar los votos es algo sagrado en la historia. Solo se abren las urnas cuando los funcionarios [ciudadanos] hacen el cómputo dentro de la casilla. Estimo que era la ocasión para el Tribunal Electoral de fijar criterios para esta elección, que quedaran para 2027.
P. ¿Cómo califica el trabajo del Tribunal para resolver los vacíos que dejó el Legislativo?
R. Ha faltado determinación. No es ir en contra, es entrar en una lógica de mejorar, garantizar y de darle a la ciudadanía certeza. Hemos tenido juicios de aspirantes a un cargo que nos mandaron el video de la tómbola en la que salieron ganadores y que no están en la lista y otros que se inscribieron para estar en Sonora y que aparecen en la lista de San Luis Potosí. No se corrigió eso y se pudo hacer.
P. ¿Las controversias alrededor del proceso pueden interferir negativamente en los resultados de la elección?
R. Espero que no. Que vaya la gente a votar, que no haya tantas declinaciones después de la jornada electoral. Habrá que ver primero el nivel de participación y no se puede dejar de lado el tema presupuestal. El INE está operando una elección, más importante que la presidencial de 2024, con la mitad del presupuesto. El primero de junio, la casilla no va a estar tan cerca como estamos acostumbrados. Habrá que ver la participación ciudadana, cuál es el porcentaje y cómo vota la gente. ¿Cuántas boletas serán anuladas por no saber cómo votar? Y el segundo tema es, ¿a quién le doy mi voto de confianza?
P. ¿Considera que la complejidad de las boletas interferirá en los resultados?
R. Sí. Entrar a una mampara con seis o 12 boletas de distinto tamaño va a ser un tema sumamente complejo para absolutamente todos. La manipulación de las boletas, ubicar dónde están los recuadros y no confundirse con los números. No va a ser una elección sencilla.
P. ¿Cuáles pueden ser las implicaciones de llevar los resultados electorales del 1 de junio a tribunales?
R. Solo van a poder impugnar los resultados quienes fueron candidatos, no los partidos políticos y no la ciudadanía. Pueden impugnar que la candidatura electa no cumplió con los requisitos, el perfil y que, por ende, él o ella, como segundo lugar, tendría mayores posibilidades. Podrían impugnar el cómputo. Es decir, podrían pedir un voto por voto a nivel nacional, pero los candidatos no tienen representantes, pueden estar en una casilla, no en varias. El tema de las impugnaciones va a ser desconocido post jornada electoral, habrá que ver cómo lo van construyendo los candidatos.
P. ¿Será muy complejo presentar los recursos de impugnación?
R. En un primer momento, si se trata de cómputos, podría ser complicado. Si se trata de impugnar la elegibilidad de quien ganó la elección, me parece más accesible y más viable.
P. ¿Considera que los tropiezos que ha habido durante el proceso han manchado la elección?
R. No podemos sacar una conclusión global al día de hoy. Han sido desencuentros, pero sinceramente diría que muchos han sido porque no se dio tiempo a la construcción del proceso. Es un proceso inédito y enorme, si uno piensa en el número de cargos que se van a elegir y en las implicaciones que esto lleva en cuanto al sistema de impartición de justicia. No se concibió una reforma desde la prevención, la procuración y la impartición de justicia.
P. ¿Considera que para 2027 se puedan subsanar los vacíos?
R. Cuando se asignen los cargos y quede concluido este proceso, lo ideal sería hacer un verdadero parlamento abierto con los órganos que intervinieron. El INE y el TEPJF, en su caso, llamar a quienes integraron los comités de evaluación para que se pueda ajustar esta reforma para simplificar y hacer más certero el próximo proceso electoral judicial.
P. ¿Se prevé un escenario catastrófico por la posible llegada de juzgadores sin experiencia?
R. No comparto una visión catastrófica. Hay una gran reforma al Poder Judicial. Va a existir una gran Escuela Judicial que puede capacitar y formar a jueces y magistrados que no tienen la experiencia en la impartición de justicia. Juzgados y tribunales estarán integrados por funcionarios de carrera judicial que son quienes asesoran al juez, al magistrado, quienes elaboran los proyectos de sentencia y esos equipos extraordinarios ahí están.
P. ¿Cuál será el costo para los ciudadanos y para el país un eventual fracaso de la elección?
R. No pienso que la elección llegue a fracasar. Lo que se tendrá que evaluar es cuál es el desempeño de todos los órganos. Van a ser los usuarios de la justicia quienes podrán decir si hay una mejoría o siguen las cosas como antes. La ciudadanía va a calificar si esta elección funcionó o no.
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