La elección judicial en México está a la vuelta de la esquina y los cabos sueltos del proceso electoral quedan a la vista para diversas controversias. El Observatorio Electoral Judicial (OEJ), que aglutina a organizaciones sin fines de lucro que se han dado a la tarea de realizar investigaciones y análisis sobre políticas públicas, económicas y sociales, incluido el proceso electoral en curso, ha puesto nuevamente el dedo en la llaga. Uno de sus estudios ha revelado que la distribución de vacantes y candidaturas, así como el complejo diseño de las boletas, suponen peligrosas condiciones de inequidad en la contienda. Los resultados advierten de que de los 3.202 aspirantes a jueces y magistrados de distrito, 201 —el equivalente al 6,3%— no tienen posibilidades de ganar, mientras que otros 103 —el 2%— tienen muy pocas probabilidades. Del total, únicamente 133 personas candidatas —el 4,1%— tienen 100% de probabilidad de ganar por causas ajenas a sus propuestas. Con todo eso, la elección del 1 de junio cuenta con garantías mínimas de que el voto sea libre y auténtico. Los ciudadanos deberán destinar más de 18 horas solo para conocer el perfil de los candidatos, más las propuestas. Esos son los hallazgos más relevantes del informe que realizó la organización, tomando como base datos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE).
El observatorio ha identificado, además, que las razones por las que un puñado de 55 candidatos tienen asegurados sus triunfos por motivos que están alejados de la preferencia ciudadana. Nueve de ellas compiten en boletas donde el número de vacantes es mayor o igual al número de personas que se disputan el cargo, lo que significa que su triunfo está asegurado, sin necesidad siquiera de hacer campaña. El resto, 46 aspirantes, compiten en boletas donde el número de vacantes que se asignarán a uno de los dos sexos será igual al número de personas candidatas de ese mismo sexo.
Del análisis resalta el capítulo titulado El reto [casi imposible] de ejercer un voto informado. De acuerdo con el documento, uno de los problemas más graves que se han identificado es la complejidad de las boletas: seis para el proceso federal y hasta seis más para 19 entidades que tendrán procesos judiciales locales. Aunado a ello, está el embrollo del conteo de votos a cargo de las sedes distritales y no de los ciudadanos, como había ocurrido en todas las elecciones.
El organismo ha desmenuzado los retos a los que México se enfrentará en la jornada electoral del 1 de junio. El mayor reto recaerá en los ciudadanos. Los electores tendrán que elegir entre 221 nombres distintos a 37 cargos judiciales federales, incluyendo ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de las salas del Tribunal Electoral, juezas y jueces de distrito y magistraturas de circuito. Todo esto implica una inversión de tiempo para informarse sobre todas las propuestas. El observatorio ha calculado que son necesarias más de 18 horas solo para conocer el perfil de los aspirantes; a ello, se deben sumar horas para conocer las propuestas y, en el caso de las entidades que tendrán elecciones locales, otro tanto más de tiempo. “Un electorado informado requerirá tiempo adicional para conocer las funciones de cada cargo judicial y entender múltiples especialidades jurídicas. Esta expectativa es irreal en la práctica y compromete el principio de un voto informado”, señala el informe.
El resultado de este análisis ha resultado en un llamado urgente del observatorio a revisar el diseño institucional del proceso judicial electoral. La alerta no es menor, el documento ha arrojado que las reglas actuales vulneran la equidad, la certeza y la legitimidad del resultado. “El fin de la equidad es que todas las personas candidatas tengan la misma oportunidad de competir en condiciones de igualdad. Hoy no es así y, por tanto, la equidad y la legitimidad de la elección están en duda”, remata el informe.
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