La Comunidad Valenciana vive este jueves una jornada de huelga general, convocada por los sindicatos Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS, para exigir responsabilidades por la “negligencia” que “puso en peligro” la vida de miles de trabajadores el 29 de octubre, el día de la dana, así como el reforzamiento de los servicios públicos o la reducción de la jornada laboral. Ni CC OO-PV ni UGT-PV se han adherido al paro.
Desde la madrugada grupos de piquetes han informado del paro en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia y en Mercavalencia, que abastece a mercados y comercios, y a mediodía saldrán de la estación de Renfe y recorrerán el centro de Valencia llamado a los ciudadanos y a los comercios al cierre.
Hoy se cumplen siete meses de la tragedia, que dejó 228 fallecidos, miles de damnificados y cuantiosos daños en la provincia de Valencia y la huelga coincide además con la convocatoria esta tarde de la séptima manifestación en València para exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana.
Los sindicatos convocantes de la huelga general han instado a los trabajadores a no acudir hoy a trabajar por “muchos motivos, 31.630” que corresponden a los 31.400 trabajadores que entraron en ERTE tras la dana y las 228 víctimas mortales que causó la catástrofe.
Piden “depurar todas las responsabilidades políticas y penales” de las autoridades de la Generalitat, con el president Carlos Mazón al mando, y del empresariado que “puso en peligro” la vida de decenas de miles de trabajadores.
Indican asimismo que los trabajadores quieren manifestar “su rabia e indignación” no solo por lo que ha pasado en la dana, sino también por la situación de la vivienda y la vulneración del territorio y reivindicar mejores condiciones laborales rebajando la jornada a 32 horas semanales.
Los sindicatos convocantes defienden que esta huelga es necesaria “por la mediocridad política y poca calidad humana del president de la Generalitat y su equipo de gobierno”, que consideran “el máximo culpable de la gestión previa a la dana y la posterior, de las víctimas y los trabajadores que siguen en ERTE”.
Denuncian que el día de las inundaciones y los posteriores “se ignoraron todos los derechos laborales” porque hubo empresas que “obligaban” a los trabajadores a ir a sus puestos, aunque “no se podían desplazar, eran o tenían afectados directos”, generando “vulneración de derechos laborales”.
Los convocantes han denunciado los servicios mínimos establecidos por la Generalitat para la jornada de protesta de manera “unilateral”, con porcentajes que llegan hasta el 80% en sectores “clave” como Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ARMV) y el transporte interurbano por carretera.
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