En un extenso documento histórico publicado por el Gobierno mexicano en agosto de 2023 —durante los últimos años de la Administración de López Obrador— el Plan Telaraña fue descrito como una política de persecución y exterminio contra organizaciones políticas o militantes opositoras al régimen entre 1960 y 1980. Un informe secreto, descalcificado hace unos años, permitió conocer al principal firmante de aquellas órdenes de exterminio dirigidas a las fuerzas castrenses del estado de Guerrero: el general Hermenegildo Cuenca Díaz. Los restos de ese mismo general han sido depositados con honores este martes en una ceremonia presidida por Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional, en el panteón de Dolores, en Ciudad de México.

La plana mayor de la Defensa Nacional, acompañados por María del Rosario Cuenca Acosta, hija del general Hermenegildo, protagonizaron este martes una ceremonia en la que se enalteció y celebró el carácter de Cuenca Díaz, así como su trayectoria y su “incuestionable importancia en el desarrollo y modernización de las Fuerzas Armadas”: “Durante su gestión como secretario de la Defensa Nacional, impulsó profundas reformas en las estructuras del Ejército y Fuerza Aérea mexicanas, reflejo de un enfoque firme en la Seguridad Nacional”, dijo el general Gastón Menchaca, vicepresidente de la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar.

Los vínculos de Cuenca Díaz con las operaciones de represión durante la Guerra Sucia fueron revelados después de que, por órdenes presidenciales durante el sexenio de Vicente Fox, hace más de 20 años, el Ejército llevara a cabo una investigación inédita, puertas adentro, sobre los crímenes cometidos por el Estado durante esos años.

El Plan Telaraña arrancó en 1971 con objetivos claros: “La misión principal será la localización y captura o neutralización, en su caso, de los grupos de maleantes, lo cual se logrará por medio de la constante búsqueda de información”, se lee en el informe secreto desclasificado, al que tuvo acceso EL PAÍS, en 2021. Como parte de esta operación, el propio Cuenca Díaz, fue también quien autorizó los vuelos de la muerte, esa estrategia de Estado en la que se asesinó a cientos de disidentes políticos que fueron arrojados desde aviones al océano Pacífico, de acuerdo con documentos militares.

Entre las décadas de 1960 y 1980, el régimen priista que gobernaba México abría los brazos a exiliados que huían de las dictaduras en Sudamérica, como las de Chile o Argentina. Mientras tanto, en silencio y con la complicidad de todo un aparato represivo, aniquilaba en su propia casa cualquier intento de rebelión social. En la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero, una de las prácticas más oscuras de la violencia estatal tuvo lugar durante con los vuelos de la muerte.

La ceremonia de este martes, en la que se colocaron con los más altos honores los restos de Cuenca Díaz en un nicho de honor, y con la presencia de las personalidades de más alto rango de la Defensa Nacional mexicana, ha causado rechazo entre organizaciones de defensa de Derechos Humanos en el país, como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Fundar, y otros defensores y defensoras de derechos humanos.

“El Estado tiene una deuda con las víctimas del terrorismo de los años 70. La verdad y la justicia siguen siendo negadas, mientras actos como el reconocimiento a Hermenegildo Cuenca Díaz, implicado en la represión en Guerrero de aquella época, profundizan el agravio”, ha publicado en su cuenta de X, el Centro de Análisis Fundar.

Datos publicados en 2024, sobre los vuelos de la muerte en la base militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, reunidos por el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y la oficina de investigaciones visuales de SITU Research, hablan de más de 200 vuelos registrados en ese lugar entre 1975 y 1981. Por lo menos 30 de ellos fueron identificados como vuelos en los que se arrojaron al mar los cuerpos de campesinos, maestros, activistas, estudiantes o médicos detenidos de forma irregular.

El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico documentó, en 2024, las graves violaciones a derechos humanos de unas 8.594 personas en el periodo de la Guerra Sucia. Todavía hoy, familiares de detenidos desaparecidos continúan exigiendo al Ejército que revele toda la información que poseen y que se haga justicia.





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