La respuesta de Harvard no se hizo esperar. Menos de 24 horas después de que sus autoridades académicas recibieran una carta Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS son sus siglas en inglés), en la que les comunicaba la rescisión de su programa de estudiantes de intercambio, y con él, la potestad para admitir alumnos extranjeros, la prestigiosa universidad demandó este viernes a la Administración de Donald Trump para obtener una suspensión cautelar de una medida que carece de precedentes.
El anuncio de la querella vino acompañado de otra carta, enviada por el presidente de la universidad, Alan Garber, a la comunidad académica. “Condenamos esta acción ilegal e injustificada”, escribe Garber en la misiva. “Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos en Harvard y sirve de advertencia a innumerables personas en universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y alcanzar sus sueños”.
El ataque del Gobierno supone una escalada en el acoso de la Casa Blanca a la institución de educación superior más antigua y pudiente de Estados Unidos, a la que acusa de incitar el “antisemitismo” y el “terrorismo” en su campus. Para doblegar a la universidad, los funcionarios de Washington ya habían congelado cerca de 2.700 millones de fondos federales y amenazan con rescindirles la exención fiscal de la que disfrutan.
La postura de la universidad más antigua (y también con mayores fondos) del país ha sido en estas semanas la de la resistencia ante los atropellos de la Administración de Trump. Garber se ha convertido, frente a la actitud sumisa de la universidad de Columbia, en todo un símbolo de quienes defienden la libertad académica por encima de los intereses del Gobierno y sus presuntas acusaciones de antisemitismo.
En el origen de esta última pelea está la exigencia del DHS de que Harvard comparta la información confidencial de alumnos extranjeros sospechosos de haber participado en protestas propalestinas en el campus durante el curso pasado. En su carta, Noem decretaba la suspensión del programa de intercambio “con efecto inmediato”. “Esto significa que Harvard ya no puede inscribir a alumnos extranjeros y que los que estén ahora cursando sus estudios deberán cambiar de universidad o perderán su estatus legal”, aclaró después un comunicado de prensa del DHS.
Noem dio 72 horas a la universidad para entregar esa información sobre los estudiantes, también videos o audios que puedan ser incriminatorios. “Esta Administración responsabiliza a Harvard de fomentar la violencia, el antisemitismo y por coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus”, escribió Noem. “Es un privilegio, no un derecho, que las universidades matriculen a estudiantes extranjeros y se beneficien de sus matrículas más caras para contribuir a aumentar sus multimillonarios presupuestos”.
Hay unos 6.800 estudiantes internacionales en Harvard que se arriesgan a perder su visado, en torno al 27% del alumnado, según los registros de matriculación de la universidad. Es una cifra que ha crecido en los últimos años: los alumnos de intercambio han aumentado un 19,7% desde 2010. Tras conocerse la noticia de la suspensión del programa de intercambio, el estupor entre profesores, alumnos e investigadores de todo el mundo cundió rápidamente. Muchos no sabían qué sería de su futuro. Ahora tienen claro, al menos, que la universidad está dispuesta a plantar cara a Trump en los tribunales.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
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