Hace dos semanas, durante tres noches consecutivas, una decena de cárceles francesas fueron atacadas desde el exterior. Cócteles molotov, ráfagas de kaláshnikov y vehículos oficiales ardiendo. En los coches calcinados aparecieron unas siglas: DDPF (Defensa de los Derechos de los Prisioneros Franceses). Francia, que se dispone a poner en marcha una serie de medidas para combatir estas organizaciones, como centros de alta seguridad para aislar a los delincuentes más peligrosos, encarceló a 21 personas tras una investigación de la Fiscalía Antiterrorista. La acción había sido coordinada por un preso de la DZ Mafia, una organización criminal que desafía al Estado y confirma la sospecha de los ministerios de Interior y de Justicia: las prisiones, a veces, son el lugar perfecto para seguir dirigiendo organizaciones criminales. El problema, sin embargo, es solo uno de los síntomas de un problema estructural.
Francia tiene hoy 186 establecimientos penitenciarios con capacidad para 62.000 presos, pero la cifra de detenidos en marzo superaba los 80.000. Según un estudio del Consejo de Europa publicado el año pasado, es el tercer país europeo con peor tasa de hacinamiento, por detrás de Chipre y Rumania.
La superpoblación es el primer eslabón de una cadena oxidada que amenaza con liquidar cualquier esperanza de reinserción social en el sistema penitenciario. Ni siquiera permite gestionarlo de forma “humana”, denuncia Dominique Simonnot, inspectora general de los Lugares de Privación de Libertad (CGLPL), un organismo público que vela por preservar las condiciones de vida de los presos. “La situación es verdaderamente espantosa. Y tiene toda la pinta de agravarse. No hay voluntad ni valentía política para hacer avanzar las cosas”, insiste.
Los funcionarios de prisiones reclaman desde hace años que se cubran las 5.000 plazas vacantes que no se han renovado. También más apoyo en la cuestión de las amenazas. Hace justo un año, un grupo armado de delincuentes a bordo de dos automóviles tendió una emboscada a un furgón penitenciario y liberó a Mohamed Amra, un preso de 30 años con varias condenas a sus espaldas y sospechoso de estar relacionado con un intento de asesinato ligado al narcotráfico el año pasado en Marbella.
Los asaltantes asesinaron a dos agentes e hirieron a tres antes de darse a la fuga junto a Amra. “Tenemos una población penal cada vez más violenta y con menos límites. Y detrás, llegamos a situaciones como lo que nos pasó en 2024, con un ataque que costó la vida a dos funcionarios, o lo que pasó en abril con los ataques a las cárceles, con amenazas a funcionarios y a sus familias”, apunta Wilfried Fonck, del sindicato de vigilantes de prisiones UFAP.
La violencia en las cárceles ha aumentado notablemente en los últimos años. Pero es solo un reflejo de lo que sucede en la calle, donde las bandas, dirigidas por individuos cada vez más jóvenes, han abrazado en ciudades como Marsella la estética y los métodos de las organizaciones latinoamericanas. Un fenómeno que el propio ministro del Interior, Bruno Retailleau, bautizó como “mexicanización” del crimen. “Hoy le das 2.000 euros a alguien y le mete una bala en la cabeza a otra persona. No hay límites, es gente intelectual y culturalmente muy pobre, y la violencia es una manera de expresarse para ellos. Y en la cárcel, hacinados, cuando tres o más presos comparten una celda de nueve metros cuadrados, aumentan las tensiones”, lamenta Fonck.
El Ministerio de Justicia, consultado por este periódico, indicó que trabaja “para mejorar la situación de las cárceles” y considera que “las medidas anunciadas recientemente por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, como las prisiones de alta seguridad para los detenidos más peligrosos, contribuirán a combatir mejor la criminalidad organizada que, muy a menudo, continúa con sus actividades desde la prisión”. El plan consistirá en abrir cárceles de alta seguridad para aislar a los presos más peligrosos, tal y como hace Italia con los miembros de la mafia a través del famoso artículo 41 Bis. Además, el ministro de Justicia recuperó hace una semana el proyecto de abrir un nuevo penal en mitad de la jungla, en el departamento ultramarino de la Guayana, en Sudamérica, para alojar a los más peligrosos narcotraficantes y presos yihadistas.
El presidente Emmanuel Macron anunció por sorpresa hace dos semanas que el país estudia la posibilidad de alquilar alojamiento penitenciario en cárceles extranjeras, concretamente en países del este. Francia no sería la primera en explorar esta vía para aligerar la densidad de sus prisiones. Entre 2010 y 2016, Bélgica alquiló 680 plazas penitenciarias en la ciudad holandesa de Tilburg. En 2021, Dinamarca firmó un acuerdo de 210 millones de euros para alquilar 300 celdas en Kosovo durante 10 años.
Mientras que el acuerdo entre Dinamarca y Kosovo asciende a casi 200 euros diarios por recluso, el coste diario por preso en Francia está entre 100 y 250 euros, dependiendo del tipo de centro. El anterior acuerdo entre Bélgica con Países Bajos ascendía a 40 millones de euros anuales, debido en parte a los costes de personal, al que había que formar. “La presidencia de la República no debería delegar ese poder en otro país. Pero bien, Bélgica lo hizo entre 2010 y 2016 y no terminó bien, tuvieron que dejar de hacerlo. En Holanda, su personal tuvo que aprender las leyes belgas, además no hablaban francés, y se vulneraban los derechos de los presos de estar cerca de sus familias para que pudiesen visitarles”, critica Simonnot.
La última gran operación realizada en las cárceles francesas, hace una semana, fue bautizada como Prison Break —por la serie televisiva— y sirvió para requisar miles de teléfonos móviles en miniatura que los presos introducen. Cada año se confiscan unos 60.000 dispositivos de este tipo, según el sindicato de prisiones. Pero calculan que podría haber, al menos, el doble. “La estadística sale a dos teléfonos por recluso”, señala Fonck. El protocolo del acuerdo prevé ahora la instalación de inhibidores de señal para teléfonos móviles y el despliegue de dispositivos antidrones con el fin de impedir la continuación de actividades delictivas y del tráfico de estupefacientes desde los centros de detención, señala el Ministerio.
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