Han pasado cuatro meses desde que se confirmó el asesinato de los cuatro niños en Las Malvinas, Guayaquil, y hay una certeza: fueron torturados por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). Cuatro de los 16 militares procesados por el caso admitieron que sus víctimas sufrieron golpes, puñetazos y una ejecución simulada antes de ser abandonados desnudos en Taura, una parroquia rural al sur de Guayaquil tomada, como tantas otras, por el crimen organizado.
La versión de los militares fue desde el principio que los niños eran delincuentes y que fueron abandonados con vida. Pero 27 de abril, durante la segunda reconstrucción de los hechos, cuatro de los acusados confesaron la violencia extrema que vivieron los menores a manos de un subteniente, un sargento, un cabo y un soldado. Las confesiones fueron el resultado de un acuerdo que reduce la pena por información y tras el trasladado de los detenidos a la prisión N.º 4 de Quito, destinada, principalmente, para políticos.
“Fue un recorrido de muerte, donde los niños vivieron un viacrucis plagado de amenazas, insultos, torturas y una simulación de ejecución para que confiesen un delito inexistente”, apunta Abraham Aguirre, abogado de las familias. La reconstrucción de los hechos ocurrió en tres puntos, señala Aguirre, quien estuvo presente. El primero fue en la vía Durán-Tambo— al sur de la ciudad costera de Guayaquil— sitio donde la patrulla bajó a los menores de la camioneta y los amenazó. Una de las versiones sostiene que existe un video en el que se ve a uno de los oficiales pisando a las víctimas.
El segundo punto fue en el peaje de la vía Durán-Tambo, donde bajaron a la fuerza al niño, de 11 años, y los tres adolescentes, de entre 14 y 15 años. Fueron lanzados desde el balde de la camioneta hacia el suelo y obligados a arrodillarse con las manos hacia atrás. En ese lugar fue cuando uno de los militares disparó al suelo, cerca de uno de los menores, intentando simular una ejecución. Allí, según una de las versiones que relata Aguirre, “un suboficial dio una golpiza a uno de los adolescentes”.
La misma paliza se replicó en Taura, el último punto donde los bajaron y obligaron a sacarse la ropa, en plena noche y en medio de la nada. Desde ese momento, la versión de los cuatro cooperantes es la misma: los dejaron con vida. Desmarcándose, al igual que los otros 12 militares, del posterior asesinato de los menores. “Ellos dicen que, una vez que hicieron todo eso, los dejaron sanos y salvos. Se fueron y no saben qué pasó después. Prácticamente, dicen: los golpeamos, pero estaban vivos”, cuestiona Aguirre. No se les volvió a ver más hasta que el 31 de diciembre de 2024 la Fiscalía confirmaba que los restos incinerados hallados en una zona pantanosa de Taura correspondían a los de Steven Medina (11 años), Nehemías Arboleda (15), y los hermanos Ismael (15) y Josué Arroyo (14).
Los padres de los menores conocieron la confesión de los militares acompañados por el equipo psicológico del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, que brinda atención a los padres de los niños desde marzo de este año. Nathalia Santos, una de las psicólogas, explica que solo quienes estuvieron dispuestos recibieron el informe.
La versión de los militares confirma lo que organizaciones de derechos humanos y los propios familiares señalaban meses atrás: los menores fueron torturados. Para Aguirre, “todos estos elementos revelados en la reconstrucción de los hechos podrían agravar la pena”.
La desaparición forzada es sancionada en Ecuador con 22 a 26 años de prisión, según el Código Integral Penal. Es un delito que, además, es imprescriptible en la legislación ecuatoriana, enfatiza el profesor en derecho internacional público de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Efrén Guerrero. “[Las versiones] reafirman la existencia de un escenario que podría plantearse como desaparición forzada. Las confesiones muestran participación de agentes del Estado, privación de libertad de los menores. Después una negativa de varios días de reconocer los hechos o a entregar información”, explica.
Guerrero reconoce que todos estos elementos fortalecen la credibilidad del caso y puede facilitar su admisibilidad ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. La directora del Observatorio de Derechos y Justicia, María Dolores Miño, advierte que el caso podría abrir la puerta a instancias internacionales si el Estado incumple con una reparación íntegra, que incluye la investigación y sanción a los culpables, el derecho a la verdad de lo ocurrido y una reparación económica.
Ecuador tiene un historial de violación a los derechos humanos. De las 553 sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 53 (9,58%) son de Ecuador. “Somos el tercer país que más casos tiene. Hay una situación estructural de impunidad que no está siendo resuelta”, advierte Guerrero.
Dos días después de la confesión de los militares, el 30 de abril, se cerró la investigación, en la que se han recabado testimonios, pericias y dos reconstrucciones de los hechos de aquel día en el que los niños fueron interceptados por un escuadrón de militares y comenzó la pesadilla de sus familias. El fiscal que lleva el caso solicitó, este 1 de mayo, al juez de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio contra los 16 militares implicados en la desaparición de los menores.
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