Estados Unidos perderá 5.000 millones al año con el fin del ‘parole’ ordenado por Trump | Inmigración en Estados Unidos

Más de medio millón de migrantes que viven legalmente en Estados Unidos han pasado a estar en la cuerda floja después de que el Tribunal Supremo diera este viernes la razón a la Administración Trump para eliminar el programa parole humanitario. El programa concedía a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), que huían de situaciones críticas en sus países, un permiso de residencia por razones humanitarias de hasta dos años. Gracias a él, cientos de miles de personas han ingresado legalmente, ocupado puestos de trabajo, matriculado a sus hijos en la escuela y contribuido a la comunidad. Se emplean en fábricas, construcción, ocio y hotelería, atención médica, informática y otros campos. El cierre del programa los coloca en la lista de “deportables” y con su expulsión Estados Unidos perdería los 5.500 millones de dólares de actividad económica que generan cada año.

“Desmantelar los procesos del parole de CHNV a mitad de camino dañaría nuestra economía, socavaría las inversiones de los empleadores que contrataron a beneficiarios de CHNV confiando en las promesas del Gobierno y trastornaría las vidas de cientos de miles de familias, incluidos muchos ciudadanos estadounidenses”, asegura el informe de la organización FWD.us.

El mercado de trabajo se resentiría de la falta de mano de obra, un problema sobre el que ya han estado advirtiendo economistas y empresarios desde que Trump anunció su deseo de deportar a los más de 13 millones de indocumentados del país. Con base en datos de la Oficina del Censo, FWD.us estima que, a 30 de septiembre de 2024, había 240.000 beneficiarios de CHNV activos en el mercado laboral. De ellos, 40.000 trabajan en manufactura; 30.000, en construcción; 30.000, en ocio y hostelería, y 30.000 en servicios de salud.

“Esta sentencia tendrá consecuencias devastadoras para cientos de miles de familias y afectará a nuestros lugares de trabajo, ya que las industrias pierden repentinamente a sus trabajadores”, señaló Murad Awawdeh, presidente y CEO de la New York Immigration Coalition, al conocer el fallo del Supremo contra el parole.

La Administración Trump, en su campaña por reducir al máximo la comunidad migrante del país, ha ido eliminando las vías legales que la anterior Administración abrió para acoger extranjeros. El Gobierno de Joe Biden, acuciado por una crisis causada por la entrada masiva de migrantes irregulares, aprobó el parole humanitario para los venezolanos a finales de 2022 y para los nicaragüenses, haitianos y cubanos, a comienzos de 2023.

De esa manera, los migrantes obtenían una vía legal alternativa a ponerse en manos de un coyote y evitando peligros como caer en manos de las mafias de tráfico de personas o lanzarse a una arriesgada travesía por la selva del Darién. Para conseguir el parole, los solicitantes debían tener un patrocinador en Estados Unidos dispuesto a responsabilizarse financieramente del recién llegado. En la mayoría de los casos, los patrocinadores son familiares que ya tienen la nacionalidad estadounidense o la residencia permanente.

Unas 531.000 personas se han beneficiado del programa hasta ahora: 110.000 cubanos, 211.000 haitianos, 93.000 nicaragüenses y 117.000 venezolanos, que viven en al menos 27 Estados.

El programa consiguió su objetivo y, tras su entrada en vigor, la migración no autorizada se desplomó. En un mes, los cruces fronterizos ilegales desde estos países se redujeron de un promedio de 1.231 al día en enero de 2023 a tan solo 46 al día a finales de febrero de 2023. En total, los encuentros con personas de estos cuatro países se redujeron un 62%.

Según los datos manejados por FWD.us de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del Censo, más de la mitad de los beneficiados ya tenía un buen dominio del idioma inglés, casi todos cuentan al menos con un diploma de escuela secundaria y un 63% tiene algún tipo de educación universitaria. La mayoría (87%) de los encuestados expresó su deseo de obtener la ciudadanía estadounidense en algún momento.

“Estas personas hicieron todo lo correcto al seguir los procedimientos establecidos para escapar de las dificultades extremas y la inestabilidad en sus países de origen. Ahora, de repente, sus vidas y sus medios de vida se han visto trastocados por la simple razón del deseo de una Administración de cumplir con una agenda de deportación arbitraria”, añadió Awawdeh.

El parole humanitario para CHNV se inspiró en iniciativas recientes similares, como Uniting for Ukraine, que concedió permisos de residencia a los ucranios que escaparon de la invasión rusa en 2022.

La decisión del Alto Tribunal entierra el fallo que había dictado en abril un juez de Massachusetts, que paralizó la eliminación del programa ordenada por Donald Trump. El magistrado del tribunal de distrito había justificado que no se puede acabar con todos los permisos del parole de golpe y que era necesario evaluar caso a caso. Fue su respuesta a la demanda presentada por algunos beneficiarios del programa contra el Gobierno. En su primer día de mandato, el presidente incluyó el parole entre los programas de acogida de migrantes que quiso cerrar por decreto y que forman parte de su cruzada antiinmigración. El 25 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lo hizo efectivo.

El Supremo, donde seis de los nueve jueces son conservadores, no explicó las razones que le llevaron a despejar el camino para la eliminación del parole. Dos juezas progresistas, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, mostraron su discrepancia. Jackson subrayó que no se ha identificado “ninguna amenaza específica a la seguridad nacional ni problema de política exterior que resulte del respeto a las concesiones vigentes” del parole mientras está pendiente de resolución. El caso puede aún continuar en los tribunales inferiores.

La seguridad nacional ha sido el argumento más utilizado por la Administración Trump para cancelar los programas de acogida de extranjeros. El Supremo le dio otro espaldarazo este mes al fallar a su favor y permitir que elimine el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los venezolanos, otro programa de acogida que, hasta ahora, permitía la residencia legal de 350.000 personas.

Las dos decisiones de la Corte Suprema, que despejan el camino para las deportaciones masivas, hacen temer a los expertos que el siguiente paso sea la ilegalización de DACA, el programa establecido por Barak Obama que dio papeles a los cientos de miles de personas que cruzaron la frontera de forma irregular cuando eran niños. Desde la organización United We Dream señalaron que el último fallo del Supremo “es una clara señal de que el futuro de otros programas se encuentra en grave peligro”.