En la larga lista de presuntos narcos mexicanos que han pasado por los engranajes de la justicia estadounidense, el nombre de Pedro Inzunza Noriega tendrá una mención aparte. El hombre se ha convertido esta semana junto a otras seis personas, entre ellas su hijo Pedro Inzunza Coronel, en el primer acusado por cargos de narcoterrorismo. El episodio abre una nueva era en el tira y afloja entre Estados Unidos y México por el tráfico de estupefacientes. Lo hace en la misma semana en la que el Gobierno de Donald Trump permitió la entrada al país a 17 personas vinculadas a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Washington da un puñetazo en la mesa con una mano y tiende la otra para ofrecer una negociación.
La acusación afirma que Inzunza Noriega, conocido como Sagitario y 120, pertenece a la organización de los Beltrán Leyva, una facción del Cártel de Sinaloa que lleva dos décadas exportando cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos. Se ha colocado en el centro de la mira de la justicia estadounidense por un motivo específico. “Junto con su hijo, Pedro Inzunza Coronel, trabaja para producir y traficar agresivamente fentanilo. Juntos dirigen una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo en todo el mundo”, asegura el fiscal Adam Gordon.
Gordon, un abogado de 43 años, está desde el 11 de abril al frente de la unidad especial de Narcoterrorismo, un grupo recientemente creado por el Departamento de Justicia. El fiscal trabaja en San Diego, por donde cruza la mayoría del opiáceo que ha provocado una epidemia en Estados Unidos. Este llega desde Tijuana, en México, “una de las plazas controladas por los Beltrán Leyva, junto con los Estados de Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Sinaloa”, según la versión oficial.
Trump emitió en febrero una orden ejecutiva que sumó a seis cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, y a dos pandillas sudamericanas en el listado de organizaciones terroristas extranjeras. Pam Bondi, la fiscal general de la Administración, aseguró esta semana que luchar contra este tipo de grupos criminales necesita de estrategias legales “frescas” y “poderosas”.
“Es difícil que estas designaciones sean meramente pasajeras. Parece el inicio de una estrategia sostenida de Estados Unidos y pasará tiempo antes de que las políticas contra los cárteles puedan desescalar”, considera un abogado de un despacho legal global, quien pide no ser identificado por los casos que litiga en Estados Unidos. El letrado apunta al impacto administrativo y financiero que tienen estas medidas, utilizadas para congelar bienes y activos de las organizaciones en los sistemas financieros, restricciones internacionales y pérdidas de garantías jurídicas protegidas por el debido proceso.
Estados Unidos ya había recurrido a las acusaciones por narcoterrorismo. Lo hizo en marzo de 2020, cuando fueron presentados cargos contra Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y la cúpula chavista por corrupción y por haber recibido dinero del narcotráfico y la guerrilla. “El régimen de Maduro está lleno de corrupción y crimen”, aseguró el entonces fiscal general, William Barr. En la misma línea estaba Mike Pompeo, el secretario de Estado.
El primer Gobierno de Trump ofreció 15 millones de dólares para quien diera información que ayudara a la detención de Maduro. Esta, obviamente, no se ha producido. Tampoco la de Inzunza Noriega, de 62 años, e Inzunza Coronel, de 33 años, quienes son considerados prófugos de la justicia y quienes han sido imputados después de la celebración de un gran jurado.
“El gran reto para las autoridades es ahora capturarlos y lograr cadenas en un juicio”, recuerda el abogado. Este, sin embargo, apunta que el cargo por terrorismo puede tener efectos importantes en un proceso penal y “podría motivar a cooperar o aceptar acuerdos de culpabilidad”. La acusación de narcoterrorismo y de asistencia al terrorismo puede acarrear penas mínimas de 20 años en prisión y multas por 20 millones de dólares.
El fiscal Barr visitó México en enero de 2020 para presionar a las autoridades mexicanas a que frenaran el paso del fentanilo a Estados Unidos. Cuando Trump se fue, Joe Biden no quitó el dedo del renglón. En diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro designó a Inzunza Noriega y a su socio, Oscar Manuel Gastélum Iribe, conocido como El Músico, cabecillas de los Beltrán Leyva y les congeló bienes y movimientos financieros. Fueron afectadas por las medidas 15 personas y dos empresas, la farmacia Difaculsa y Editorial Mercado Ecuestre, una empresa mediática de contenidos equinos.
El Gobierno de Trump cree que los Inzunza han traficado “decenas de miles de kilogramos” de fentanilo. Este era enviado al norte en forma de coloridas pastillas o ladrillos decorados con sellos de marcas de lujo. Las autoridades han vinculado el apellido con el mayor decomiso de fentanilo de la historia, ocurrido el 3 de diciembre de 2024 en diversas localidades de Sinaloa, México. Los agentes federales mexicanos involucrados en la operación se incautaron de 1,5 toneladas de la droga.
Entonces Sinaloa vivía ya una crisis provocada por la guerra entre dos organizaciones criminales, la facción heredada por Joaquín El Chapo Guzmán a sus hijos y la comandada por el gran capo, Ismael El Mayo Zambada. Este, quien no había pisado nunca una prisión en su país, aguarda ahora su momento para enfrentar a la justicia después de haber sido entregado por sus antiguos socios en un incidente internacional.
Ovidio Guzmán López, uno de los damnificados por la guerra que inició en Sinaloa, ha sido agraciado esta semana. El Gobierno de México afirmó que 17 familiares, entre estos su madre, Griselda López, cruzaron a Estados Unidos para entregarse a las autoridades. La detención sucede en un marco en el que Washington ha desaparecido prácticamente el asilo político y puesto en marcha una gran operación de captura de indocumentados e inmigrantes. La prensa estadounidense afirma que Ovidio Guzmán se declarará culpable este verano, lo que confirmaría la negociación con las autoridades.
Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, confirmó el arribo de la familia Guzmán a Estados Unidos. El secretario informó que ninguno de los que cruzaron la frontera era buscado por las autoridades a su servicio. Washington ha guardado de momento silencio sobre la detención, calificada por varios analistas como un gesto que apunta a que hay una negociación en marcha entre Estados Unidos y el capo. Sheinbaum pidió a las autoridades de Washington más transparencia. Esta parece aún lejana en el caso.
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