El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias ha desestimado el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió Foro Asturias como acusación particular, contra la sentencia que el pasado febrero absolvió al antiguo líder de la formación política, Francisco Álvarez-Cascos, de un delito continuado de apropiación indebida. Tras seis sesiones de juicio y la toma de declaración de más de una veintena de testigos, la Audiencia Provincial falló que, aunque el que fue vicepresidente del Gobierno con José María Aznar había facturado a Foro gastos “dudosos”, como videojuegos o pedidos a domicilio, “la determinación de la naturaleza de los gastos como derivados, o no, de la actividad al servicio del partido” no era algo que el tribunal tuviera que “explorar”. La Fiscalía solicitaba tres años y seis meses de cárcel para Cascos por ingresar en su patrimonio, presuntamente, 181.648 euros de la formación política. El TSJ de Asturias rechaza ahora la petición de anulación de dicha sentencia, que asume como suficientemente motivada teniendo en cuenta que para acordar la absolución “basta la existencia de una duda fáctica razonable”, mientras que “en las sentencias condenatorias el canon de motivación es más riguroso”. Las partes tienen cinco días para recurrir.
Para el ministerio fiscal, al igual que para la acusación particular, las justificaciones ofrecidas por Cascos durante el juicio sobre esos gastos facturados a la formación, y revelados por este periódico en diciembre de 2019, como un videojuego, un colchón, zapatos, pedidos de comida a domicilio, y el autoalquiler de una sede en Madrid, entre otros, eran “inaceptables” y “ridículas”. Pero tanto la Audiencia Provincial como el TSJ de Asturias dan por buena la versión del que fue presidente del Principado alegando que cuando le ofrecieron liderar el partido, se comprometieron a que no perdiera “capacidad económica respecto a su estatus previo”. Según Cascos, ese grupo de fundadores se comprometió a “mantener su nivel de vida” y permitir que conciliara con sus hijos, que residían en Madrid, pero tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el propio partido, rechazaron que ese acuerdo incluyera el tipo de gastos que Cascos terminó pasando a la formación pese a su ya abultada nómina. El informe de la auditoría Centium recoge que en siete meses de 2012, recibió un sueldo de 153.383 euros y otros 24.705 en dietas; en 2013, un salario anual de 139.545 euros más 30.541 en dietas y en 2014, de 164.346 euros además de otros 26.700 en dietas. En esos años, según declaró el auditor, el presidente suponía “entre el 50% y el 60%” de los gastos totales de Foro Asturias.
El TSJ, siguiendo el principio in dubio pro reo, también hace suya la interpretación de la Audiencia Provincial por la cual, al carecer de firma en las cuentas del partido o tarjetas de crédito asociadas a ellas y cobrar dichos gastos tras presentar una serie de tickets, no había habido una “ruptura dolosa del fundamento de la confianza”. Durante el juicio, Cascos admitió que el partido carecía de tesorero, porque según él, no hacía falta, ya que todo se basaba en relaciones “de confianza”. Uno de los testigos explicó que usaban “para todo” la expresión “LQDC”, siglas de “Lo Que Diga Cascos”. El abogado de la formación afirmó que el exministro de Fomento “tenía control absoluto, político y económico” aunque no tuviera firma o tarjeta porque nadie le cuestionaba y porque diseñó un “fenomenal desbarajuste que al único que beneficiaba era a él”. Esta situación pudo darse, añadió, debido a “una legión de incondicionales que pensaron que era el Mesías y que, con confianza ciega, bisoñez e ingenuidad se limitaban a hacer lo que él decía”. Pese a la insistencia del abogado de Foro, Luis Llanes, no hubo forma de que Cascos aclarase quiénes le habían asegurado que podía facturar al partido el tipo de gastos que les pasó: “No era algo que se pone encima mesa; se habla entre personas amigas, no se va con papel y lápiz a levantar un acta”, se limitó a decir.
También da por válida el TSJ la interpretación de la Audiencia Provincial del autoalquiler de una oficina en el paseo de la Castellana de Madrid vinculada a María Porto, entonces esposa de Cascos, y que pagaba el partido: “La sede existió y se utilizó”, afirma la sentencia. La actual presidenta de Foro Asturias, Carmen Moriyón, explicó durante el juicio que descubrió ese alquiler al pedir un informe de las cuentas del partido tras el descalabro electoral de 2019. Al indagar sobre ese gasto, Enrique Álvarez Sostres, uno de los impulsores de Foro, le explicó que no existía tal sede en Madrid, aunque Cascos lo había intentado. Se refería a una reunión en casa del exvicepresidente del Gobierno en la que este le había manifestado su deseo de que la formación alquilase esa oficina de la que él disponía en la capital ya que estaba pasando por “problemas económicos”. Sostres escribió un correo electrónico para explicarle que “podía afectar al orden moral y legal”, ya que mezclaba “problemas personales con los bienes públicos”, pero para entonces, Foro llevaba ya seis meses pagando el alquiler de esa oficina. Tanto el fiscal como el abogado del partido describen esa citación de Cascos a Sostres como un intento de “blanquear” a posteriori ese autoalquiler. En total, la familia Cascos ingresó por ese concepto 173.855 euros entre 2012 y 2014. La tesis, asumida por la Audiencia Provincial y el TSJ, es que la oficina en Madrid se alquiló “con vistas a las elecciones europeas”, pero el alquiler había empezado a pagarse en 2012, dichos comicios se celebraron en 2014 y el candidato del partido no conocía dicha sede.
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