El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente la puerta a investigar si el rey Juan Carlos ha cometido delitos fiscales. La Sala Penal ha inadmitido la querella presentada por un grupo de juristas contra el rey emérito por cinco presuntos delitos contra la Hacienda Pública. El auto, del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, acuerda el archivo de las actuaciones, en sintonía con el criterio de la Fiscalía, al considerar que los hechos no constituyen delito, se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributaria.
Los hechos por los que se presentó la querella que ahora ha rechazado el Supremo ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, quién en marzo de 2022 archivó las diligencias al entender que el rey emérito había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal. Pero varios juristas (los magistrados jubilados Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, y fiscales anticorrupción también retirados, como Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena), filósofos (Santiago Alba) y periodistas (Pilar del Río) pidieron en noviembre pasado al alto tribunal que investigara a Juan Carlos I al considera que la regularización tributaria no cumplió los requisitos legales porque se hizo cuando la Fiscalía ya había informado al rey emérito de que le estaba investigando.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve.]
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