Tras dos meses de parálisis, el Gobierno ha planteado a Canarias un protocolo para hacerse cargo de los 1.200 menores que han solicitado asilo en Canarias. La iniciativa, que el Ejecutivo plantea como muestra de colaboración, llega justo un día antes de que la Administración central tenga que explicar al Tribunal Supremo qué ha hecho hasta ahora para cumplir con su auto del 25 de marzo en el que le daba 10 días para que, ante el hacinamiento en las islas, acogiese a 1.200 menores solicitantes de asilo en la red estatal.
El Gobierno buscaba ganar tiempo, confiando en que los traslados de miles de menores que se pondrán marcha este verano aliviarán la situación y ya no harían necesaria una medida que el Ejecutivo considera que no le compete. El Ministerio de Política Territorial envió el protocolo este miércoles de forma oficial y, aunque contaba con la complicidad del Gobierno de Fernando Clavijo, se ha encontrado con lo contrario. “Es un protocolo unilateral que no garantiza ni el acceso ni la permanencia de los menores en el sistema de acogida de protección internacional”, critican fuentes del Ejecutivo canario. “Nos sigue sorprendiendo que un día antes de la vista no hayan dado de alta en el sistema de acogida estatal a ninguno de esos menores”, añaden.
El protocolo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, es aún un borrador que ahora deberían complementar los servicios jurídicos de Canarias, pero en las islas no ven mucho margen de negociación si el Gobierno no mueve ficha. “No tenemos nada que negociar hasta que el Estado dé de alta en su sistema de acogida a todos esos menores, en cumplimiento a la orden del Supremo”, advierten fuentes del Gobierno canario.
La acogida de los menores solicitantes de asilo, la mayoría adolescentes que huyeron de la violencia en Malí, se ha convertido en una causa en Canarias. Tras empeñarse en cambiar la ley para imponer a las comunidades autónomas que se hagan cargo de parte de los menores que acogidos en Canarias y Ceuta, el Ejecutivo de Clavijo abrió un frente judicial con el Gobierno central para que atendiese a los chicos y chicas que han pedido asilo o han manifestado que quieren hacerlo. La cuestión provoca una concurrencia competencial (el asilo corresponde al Estado y los menores a las comunidades), pero el Supremo decidió que en esta situación de emergencia ambas administraciones podían colaborar para garantizar el interés superior del menor.
Los meses han pasado sin avances significativos y ahora será el Supremo el que lo constate. En la cita de este jueves, el tribunal requerirá al Gobierno que le informe sobre el cumplimiento del auto de marzo. Y en concreto que le aporte la relación detallada de los menores que han sido ya evaluados individualmente en el ámbito del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y, en su caso, el recurso de acogida que se les ha asignado. Si el sistema no tuviera recursos suficientes, advertía el tribunal, se requerirá el “detalle de las iniciativas concretas” que se han adoptado para obtenerlos. Por último, el Supremo requerirá, justamente, los acuerdos o protocolos concertados con Canarias y el calendario para su ejecución. Según fuentes de ambas partes, este es el único punto en el que se ha avanzado de forma más concreta.
El protocolo, firmado por tres ministerios, asegura que tiene como objetivo cumplir con la orden del Supremo, pero no es lo suficientemente concreto como para suponer que eso pueda ocurrir rápidamente. El documento, de hecho, condiciona el proceso a la creación de otro grupo de trabajo (ya hay uno interministerial para abordar este asunto en Madrid) en el que trabajarían ambas administraciones para analizar las necesidades y vulnerabilidades de cada menor y elegir así los recursos de acogida. También exige a la comunidad autónoma que aporte documentación esencial para iniciar los traslados (declaración de desamparo, informe de edad, historia médica, entrevistas…) y que designe un “órgano interlocutor” con el sistema estatal de acogida. El protocolo advierte de que si se pierde la condición de solicitante de asilo, el menor será reintegrado al sistema autonómico. “Cada parte asumirá el coste de las medidas que le corresponde realizar en aplicación el presente protocolo”, advierte el documento. Y se incluye una salvaguarda que abre la puerta a futuros litigios además del actual: “el contenido del presente protocolo ha de entenderse sin perjuicio de la legitimación de las partes para plantear en cualquier momento las actuaciones judiciales que entiendan que convienen a su derecho”.
La acogida de los menores solicitantes de asilo en Canarias promete continuar siendo un tema espinoso entre administraciones. Aunque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha mostrado proactividad para llegar a una solución, el asunto no solo depende de él. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, en el Ministerio de Migraciones se resisten porque alegan que sus centros no están preparados para acoger menores, mientras que en el de Interior se ha instalado el recelo de que una medida como esta puede llevar al Gobierno canario a incentivar que los menores pidan asilo y así se marchen a la Península.
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