El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha señalado a un puñado de jueces federales por haber emitido resoluciones que presuntamente beneficiaron a criminales. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha incluido en la lista a juzgadores que cambiaron de prisión a los acusados, los pusieron en libertad o retrasaron sus procesos de extradición a Estados Unidos, caso del Z-40, Miguel Ángel Treviño Morales, líder del sanguinario cartel de Los Zetas. La exhibición de los jueces, hecha en la popular conferencia Mañanera, ocurre a tres semanas de la elección judicial, en la que los mexicanos elegirán a todos los cargos de la Judicatura por voto popular. “Es increíble, impresionante, que jueces liberen y liberen delincuentes y resulta que siempre acaban en unos cuantos [jueces]. Eso se va a sanear con la elección del Poder Judicial, porque los jueces van a responder al pueblo que los eligió”, ha señalado la presidenta Sheinbaum. La inédita elección se ha visto empañada en los últimos días luego de que se ha revelado el pasado oscuro de algunos de los candidatos, que pasaron los filtros de seguridad y se colaron a la boleta.
García Harfuch ha contabilizado 193 resoluciones judiciales “que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”. El funcionario, brazo derecho de Sheinbaum en la política de seguridad, ha precisado que la decisión de los jueces de relajar las medidas cautelares de los acusados, ordenar su traslado a prisiones de mínima seguridad u ordenar su liberación definitiva ha derivado en “más de 100 delincuentes que regresaron a las calles”. García Harfuch ha detallado que, de octubre de 2024 a abril de este año, fueron liberados 26 integrantes del Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Zetas y Los Rojos. “Hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden”, ha señalado el funcionario.
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, ha anunciado que se tienen preparadas acusaciones contra los jueces, y ha apostado a la renovación de la Judicatura —los comicios serán el 1 de junio— para que las denuncias avancen, pues, ha advertido, en el Poder Judicial se ha encubierto a los juzgadores. “Nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado, un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan”, ha indicado. “En el nuevo cambio, y con la democratización del sistema judicial, se acabó, tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo”, ha adelantado.
García Harfuch ha mencionado algunos casos que ilustran la presunta complicidad de jueces con criminales. Por ejemplo, ha detallado, el juicio de extradición del Z-40 a Estados Unidos fue pospuesto 79 veces por diversos juzgadores, mientras que el proceso de su hermano, Óscar Omar Treviño Morales, Z-42, fue aplazado en 54 ocasiones. Otro botón de muestra: el juez Gregorio Salazar Hernández, del Estado de México, instruyó en abril que Gerardo Ponce Alanís, un líder del Cartel de Sinaloa, fuese trasladado a un penal de mínima seguridad en ese Estado, en cuyo interior las autoridades acaban de decomisar armas, dinero y drogas. El mismo juez Salazar Hernández ordenó en enero de 2023 la libertad de Mario Alberto N., sobrino del mítico capo Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cartel del Golfo. El juez también decidió no vincular a proceso a Juan Enrique N., alias La Pingüa, operador del Cartel del Golfo, en marzo de 2024. En noviembre del mismo año, Salazar Hernández revocó la medida cautelar de prisión preventiva de José Alfredo N., alias El Contador, otro sobrino de Osiel Cárdenas.
El secretario de Seguridad ha mencionado también el caso de José Alonso N., colaborador de El 200, jefe de seguridad de Los Chapitos, que fue capturado en febrero de este año y a quien un juez puso en libertad, a pesar de que las autoridades le acusaron de blanqueo de recursos, portación de armas de fuego y asesinatos. Otro ejemplo: en octubre de 2024, una jueza de Guerrero ordenó la liberación de Nabor N., alias El Camaleón, jefe de plaza de La Familia Michoacana, acusado del secuestro de siete elementos de seguridad pública en 2009. En abril de 2025, ha continuado el funcionario, Francisco Javier N., alias M-60, jefe de plaza de La Familia, detenido por delincuencia organizada y secuestro, obtuvo una sentencia absolutoria. Nicolás Armando N., líder del Cartel del Golfo, capturado por crimen organizado y secuestro, también obtuvo sentencia absolutoria en abril pasado.
García Harfuch ha señalado puntualmente a algunos jueces, como Silvestre Peña Crespo, de Guanajuato; Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro Borbón, ambos de Sonora, por el traslado de delincuentes a otras cárceles o la anulación de la medida de prisión preventiva de acusados de delitos como secuestro, corrupción de menores o portación de armas de fuego exclusivas del Ejército. La exhibición de los juzgadores recuerda al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien instauró la práctica de ventilar en la Mañanera los nombres de los jueces que supuestamente beneficiaban a criminales o que resolvían contra los intereses del Gobierno, sobre todo en lo referente a los grandes proyectos de infraestructura.
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