Francisco Martín se ha convertido este martes en el primer alto cargo del Ejecutivo imputado, por un presunto delito de malversación de caudales, en la causa que el juez Juan Carlos Peinado abrió hace más de un año contra Begoña Gómez. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid sostiene, tras admitir una querella de Vox, que el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que previamente fue secretario general de la Presidencia del Gobierno, era “el responsable y superior jerárquico” de Cristina Álvarez, asistente de la esposa de Pedro Sánchez. “Tuve responsabilidades en La Moncloa, siempre cumplí con mi deber y no me salí de ahí”, ha defendido Martín en una comparecencia en la sede de la Delegación.
El máximo representante del Gobierno de España en Madrid, donde mantiene una relación tirante con Isabel Díaz Ayuso, que no le invitó a los actos institucionales del Dos de Mayo, en el que el Ejecutivo central no estuvo representado, es el sexto imputado en la causa que el juez Peinado inició contra Gómez en abril de 2024. En todo este tiempo no ha encontrado un solo indicio que justifique su decisión de prorrogar la investigación hasta final de año. “Llevamos meses con una sucesión de citaciones y en esta ocasión me ha tocado a mí. Quiero hacer mías las muestras de cariño, de apoyo y de solidaridad y compartirlas con muchas personas honestas que desde hace tantos meses vienen encontrándose en una situación como la que yo hoy estoy”, ha recalcado Martín, que se ha mostrado “plenamente confiado” en el sistema judicial y en las instituciones españolas.
El delegado, cargo que ostenta desde marzo de 2023, ha recibido por la tarde una cédula de citación ordenada por Peinado junto un CD, en el que aparece el manuscrito que se trata de la querella de Vox. Martín está citado a comparecer en la Plaza de Castilla el miércoles que viene, 14 de mayo, a las 13.30 horas. “Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad. Tengo la conciencia muy tranquila y no me siento en absoluto concernido con este procedimiento por el que se me cita. Somos un Estado social y de Derecho y, por tanto, estoy convencido de que todo este ruido terminará en nada, de que acabará en la nada”, ha remarcado mientras adelantaba que el 14 de mayo comparecerá ante el juez “con voluntad de colaboración y de confianza en el sistema judicial, que pondrá las cosas en su lugar”.
Pesos pesados del Gobierno como los ministros Félix Bolaños y Óscar López han salido rápidamente en su defensa. “Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país”, se ha pronunciado Bolaños a su llegada a la sesión de control en el Senado. El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid ha publicado en su cuenta en X un mensaje con la definición de prevaricación según la Real Academia de la Lengua: “Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”. “Palabras de actualidad…”, ha enfatizado el dirigente socialista en lo que se entiende como una crítica indirecta pero evidente al juez Peinado.
El malestar en el Gobierno con el magistrado ya era mayúsculo desde que en abril de 2024 admitió a trámite una querella del pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias contra Gómez basada en recortes de prensa y noticias falsas. En el tiempo transcurrido el magistrado no ha encontrado pruebas de los delitos que le atribuye a Gómez, investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. La imputación del delegado del Gobierno, que fue el número dos de Félix Bolaños, en su etapa como secretario general de la Presidencia, responsabilidad en la que Martín le relevó en julio de 2021 cuando Bolaños fue nombrado ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha agriado aún más la relación. Bolaños declaró en Semana Santa como testigo al juez Peinado que no participó en la contratación de la asistente de Gómez. El magistrado suspendió el interrogatorio media hora para que el ministro fuera a averiguar un dato que, según le indicó él y una defensa, ya constaba en el sumario.
El juez ha sido corregido por la Audiencia Provincial en varias ocasiones, pero ha ignorado las pruebas de la inocencia de la mujer del presidente. Los testigos principales de las actividades de Gómez desde que su marido es presidente han negado cualquier tráfico de influencias y han acabado imputados. Fuentes gubernamentales opinan que su último auto, en el que ha añadido a Martín a su lista de imputados, es “demencial” y resulta “imposible buscarle lógica”. “Lo de hoy es un disparate más, como tantos otros”, alegan las fuentes consultadas, que instan a la Audiencia Provincial a intervenir ante lo que en La Moncloa y el PSOE consideran una investigación “prospectiva”. Cargos del más alto nivel del Gobierno sentencian que Peinado “es un problema para la judicatura” española “porque se lleva por delante el prestigio de la justicia” y resaltan que la preocupación es compartida por el sector más tradicional de los jueves conservadores.
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