La elección judicial ha entrado en cuenta regresiva, y a menos de un mes de que los ciudadanos salgan al encuentro con las urnas, las polémicas no dejan de tocar a los inéditos comicios. Con las boletas impresas y en distribución, el Congreso, dominado por Morena, el partido en el poder, ha comenzado una batalla jurídica en el Instituto Nacional Electoral (INE) para bajar de la contienda 26 candidaturas judiciales, 18 de ellas encabezadas por perfiles de dudosa procedencia. Después de la férrea defensa que el oficialismo emprendió, primero de la reforma al Poder Judicial y luego de su punto más ácido, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, ahora busca a como dé lugar cancelar un puñado de postulaciones que en su mayoría pasaron los filtros de idoneidad impuestos, respaldados y vigilados por los propios poderes a través de los comités de evaluación. Otros, cuyos detalles se desconocen hasta el momento, supuestamente se beneficiaron del pase automático que se establece en la reforma. El resto de las candidaturas que se buscan eliminar, ocho, han sido impugnadas por no cumplir con el promedio académico mínimo requerido de ocho, requisito que se debió advertir desde la primera fase de selección de los aspirantes
Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, han solicitado al INE la cancelación de una veintena de candidatos al Poder Judicial por carecer de uno de los requisitos de idoneidad: gozar de buena reputación. El puñado de aspirantes que se colocan en el ojo del huracán, forman parte del paquete de 3.414 candidaturas que se disputarán 881 cargos de impartición de justicia el 1 de junio. Abuso sexual, lesiones, peculado, amenazas y la defensa de integrantes de la delincuencia organizada, son los delitos que han sido develados y han encendido las alarmas de Morena por las implicaciones de legitimidad y certeza que puede tener sobre la ya golpeada elección judicial.
Después de sortear un camino empedrado en el Legislativo y luego en las instancias judiciales con un incontable número de impugnaciones, la reforma judicial pasó a una nueva fase de controversias. Desde la integración de los comités de evaluación, dos de ellos, el Ejecutivo y el Legislativo, formado por personas afines al oficialismo, y un comité del Poder Judicial que suspendió el proceso de selección en acatamiento a órdenes judiciales que ordenaron interrumpir los trabajos. Luego de superar esa fase vino la integración de las listas; tampoco estuvieron exentas de irregularidades. Nombres repetidos, candidatos excluidos, otros que fueron integrados sin que estuvieran contemplados, otros que declinaron y aun así fueron considerados, y un aluvión de irregularidades que culminaron en un retraso significativo en la impresión de las boletas para evitar errores en las papeletas ya complejas por el número de candidatos y cargos. En ellas, los ciudadanos elegirán entre decenas de nombres hasta 12 candidatos en algunos casos.
Cuando parecían superadas la mayoría de las vicisitudes, en la recta final del proceso, la polémica por los perfiles que pueden llegar a ser los próximos impartidores de justicia, vuelve a golpear la certeza del proceso. A los 18 candidatos cuestionados por su mala reputación se les han hallado carpetas de investigación penales y vigentes por delitos que son considerados graves. Algunos cuentan con órdenes de aprehensión o han trabajado en la defensa de capos de células del narcotráfico. Ejemplo de ello es Silvia Delgado, que ha pasado de ser parte, en 2016, de la defensa legal de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, a ser aspirante a jueza en materia penal en el Estado de Chihuahua.
Noroña ha sacado pecho por el trabajo de los comités y ha sostenido, sin dar detalles, que la mayoría de las impugnaciones obedecen a candidaturas que tuvieron pase directo, es decir, que ya ocupaban esos cargos y buscaron mantenerse en sus puestos y no pasaron por el ojo de los comités de vigilancia. La defensa tiene origen, señalan fuentes del Congreso, en que la mayoría de las candidaturas impugnadas han salido de los listados del Legislativo y del Ejecutivo, en donde el oficialismo tiene alta responsabilidad. En el caso de las otras ocho candidaturas, incumplen con los requisitos de elegibilidad, el primer filtro, la fase más sencilla del proceso que aplicaron los comités de evaluación. Los aspirantes buscan ocupar plaza de jueces y magistrados en distintos, circuitos y salas del país con promedios académicos de 7.0, cuando el mínimo es 8.0.
Las candidaturas de dudosa procedencia y con cuestionamientos de elegibilidad han sido advertidas por la ciudadanía. Organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos de a pie han interpuesto denuncias públicas y ante el INE para evidenciar la calidad ética de los candidatos que están a nada de participar en la elección judicial y tienen la posibilidad de ocupar cargos de impartición de justicia.
El INE ha tomado todas medidas que toca la validez de las candidaturas y de los posibles triunfos con el objetivo de nutrir de certeza el proceso. El árbitro electoral aprobó hace unos días un acuerdo que permite investigar las candidaturas judiciales. El objetivo es detectar a quienes hayan cometido algún delito de violencia de género conocida como La 8 de 8. El mecanismo busca evitar que personas con sentencia firme por delitos sexuales; contra la vida; violencia familiar o política y, deudores alimentarios, puedan ocupar un cargo judicial. Para ello, el árbitro electoral ha dispuesto de un micrositio donde las personas pueden proporcionar información sobre los candidatos que hayan incurrido en alguno de los supuestos.
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