Mientras Brasil se prepara para la COP30, las fuerzas del atraso y la destrucción aceleran y aumentan su poder dentro del país que alberga el 60% de la mayor selva tropical del mundo, la Amazonia, y la mayor llanura inundable continua del mundo, el Pantanal, entre otros biomas esenciales para la vida. El Senado brasileño se prepara para votar la Ley General de Licencias Ambientales, que en la práctica implosionará la regulación de la mayoría de proyectos, desde la ampliación de hidroeléctricas y carreteras ya construidas hasta la producción de carne y soja. Si se aprueba el texto apodado “Proyecto de Ley de la Devastación” —y todo indica que sí— podría ser imposible controlar la deforestación e impedir que la Amazonia alcance el punto de no retorno, lo cual tendrá impactos en todo el planeta.
Los investigadores medioambientales consideran el proyecto de ley como el mayor retroceso legislativo en más de 40 años. En la mayoría de los casos, en lugar de tener que presentar estudios de impacto ambiental y una previsión de cómo se mitigarán los efectos del proyecto, como se exige actualmente, las empresas se autoconcederán licencias o estarán exentas de tenerlas. Por tanto, bastará con que aprieten un botón, como denuncian los ecologistas, para que se autoricen a sí mismas a destruir la naturaleza.
Desde que se crearon instrumentos para medir el impacto ambiental antes de autorizar una obra, las élites depredadoras de Brasil han esgrimido el argumento del “obstáculo al desarrollo”. Nadie lleva este discurso a la radicalidad ni lo convierte en práctica como la derecha y la extrema derecha, pero parte de la izquierda también se alía a la certeza de que la naturaleza entorpece el progreso, como cuando presiona con fuerza para que se abra un nuevo frente de explotación de petróleo en la Amazonia, defendido personalmente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Originalmente, el proyecto de ley lo presentó en 2004 el exdiputado Luciano Zica, del Partido de los Trabajadores, pero por el camino fue capturado, canibalizado y desfigurado. Nació del consenso de que había que perfeccionar la ley, pero, con los años, lo que debía ser una mejora se convirtió en la destrucción del propio proceso de concesión de licencias. Y finalmente se votará en un Congreso hostil a la naturaleza.
El Instituto Representación y Legitimidad Democrática, del Programa Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología de Brasil, ha creado el CO2-Index, un índice que mide cuánto contribuye cada diputado federal a aumentar o reducir la emisión de gases responsables del calentamiento global. Los resultados muestran que, en la anterior legislatura, de 2019 a 2022, 93 de las 165 votaciones analizadas fueron favorables a propuestas emisoras. Diputados vinculados a partidos de derechas y asociados a los frentes parlamentarios que defienden los intereses de la agroindustria y la minería fueron los que más gases de efecto invernadero emitieron con sus decisiones. En resumen: el Congreso brasileño tuvo un papel decisivo en el empeoramiento de la crisis climática durante el Gobierno del extremista de derecha Jair Bolsonaro.
El Congreso actual es aún más depredador. Su gran enemiga es la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, que ha conseguido reducir la deforestación y es la principal voz dentro del Gobierno de Lula da Silva capaz de frenar proyectos de devastación. Su cartera se ha convertido en un enclave de resistencia en un Gobierno debilitado, que tiene dificultades para aprobar proyectos en el Congreso y debe hacer frente a la baja popularidad de Lula un año antes de las elecciones presidenciales, con la extrema derecha organizándose para volver al poder.
La nueva ley que propone el Congreso se considera una represalia contra Marina Silva por haber impedido hasta ahora que Petrobras, la empresa petrolera pública brasileña, abra un nuevo frente de explotación de petróleo en la Amazonia. En la víspera de la votación del “Proyecto de Ley de la Devastación” en las comisiones del Senado, el ministerio de Marina Silva capituló. El lunes la agencia medioambiental de Brasil aprobó una etapa importante para que avanzara el proceso de obtención de una licencia para prospectar petróleo en la desembocadura del Amazonas, que había negado anteriormente. ¿Coincidencia o componenda? De cualquier modo, pésima noticia para la selva, pésima noticia para el planeta.
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