De un ‘sheriff’ corrupto a un pandillero violento pasando por un excongresista: Trump firma una avalancha de nuevos indultos en tres días

Los más ruidosos fueron los primeros. En el mismo día en que Donald Trump se posesionó como presidente de Estados Unidos por segunda vez, firmó una orden para indultar o conmutar las sentencias de los casi 1.600 condenados o procesados por participar en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Pero esta semana, el republicano ha vuelto a sorprender, sumando de golpe otros 27 nombres a una lista de perdones presidenciales que llega ya a 70 en apenas unos meses; y que si se le suma el indulto masivo del primer día de su presidencia, es ya la más grande de la historia. El récord anterior también era suyo: en su primer mandato indultó o conmutó penas a 237 personas, la mayoría en sus últimos meses en la Casa Blanca.

Los más recientes beneficiarios de los poderes de clemencia del presidente conforman un grupo insospechado e incluyen un sheriff condenado por corrupción, el líder de una pandilla de Chicago que estaba sirviendo cadena perpetua por varios crímenes distintos o un excongresista por Nueva York que se había declarado culpable de un delito de evasión fiscal. Aparte de tener condenas firmes en la justicia por crímenes muy variados, los indultados tienen en común haber expresado su apoyo político a Trump, alegado, como el republicano mismo, haber sido injustamente perseguidos, o haberle pedido expresamente clemencia en los últimos meses.

Ya el lunes Ed Martin, el recientemente nombrado fiscal de indultos que es un firme aliado de Trump y abogó por los perdones a los acusados del 6 de enero antes de entrar de manera oficial al Gobierno, dio una pista de lo que se venía en la semana. “Ningún MAGA dejado atrás”, escribió en redes sociales.

En lugar de seguir el largo protocolo usual del Departamento de Justicia, el presidente ha usado su poder constitucional para otorgar indultos y afianzar o premiar a sus seguidores o incentivar la lealtad dentro de su Administración. Trump hasta creó un nuevo puesto en este Gobierno: “zar de los indultos”. Y nombró en ese cargo a Alice Marie Johnson, que recibió ella misma un perdón presidencial en 2020 y ahora debe recomendar personas para ser indultadas por el presidente.

Perfiles como el de Scott Jenkins, un antiguo sheriff de Virginia de 53 años que había sido condenado culpable el año pasado de fraude federal y soborno. Electo como alguacil de un condado del norte del Estado en 2011, Jenkins estuvo en el cargo 12 años y en 2024 un jurado lo declaró culpable de aceptar más de 75.000 dólares a cambio de nombrar a varios empresarios auxiliares de alguacil, lo cual les daba ciertos privilegios como evitar multas de tráfico o poder llevar armas sin permiso. En marzo de este año, fue sentenciado a 10 años en prisión federal.

De acuerdo a varios reportes, después de su condena, Jenkins apeló directamente a la Administración Trump pidiendo clemencia. A todas luces, su petición ha funcionado. No solamente ha recibido un indulto, sino que el lunes en una publicación en Truth Social, Trump defendió al sheriff, a quien llamó una “víctima de los excesos” del Departamento de Justicia durante la presidencia de Joe Biden. El presidente también criticó al juez que supervisó el caso, alegando que a Jenkins se le impidió presentar “pruebas para apoyarse a sí mismo” y se le “silenció” durante los procedimientos.

Otro caso muy mediático ha sido el de la pareja Julie y Todd Chrisley. Después de volverse famosos por protagonizar un reality show sobre su vida como exitosos desarrolladores inmobiliarios, en 2022 fueron sentenciados por fraude y evasión fiscal, y ordenados a pagar 17,8 millones de dólares en restituciones. Julie recibió una condena de siete años de cárcel y Todd de 12.

De acuerdo al proceso judicial, la pareja embaucó hasta 30 millones de dólares para lucro personal con artimañas para recibir préstamos bancarios. En su memorando de sentencia, los fiscales dijeron que los Chrisley habían participado en una “racha de fraudes de 15 años”. Pero apenas unos años después de haber ingresado a prisión, Trump llamó este martes personalmente a la hija de la pareja, Savannah, que asistió a la Convención Republicana de 2024 y pidió la ayuda al entonces candidato, para avisarle de que estaba firmando papeles de indulto para sus padres. En los pocos días que han pasado desde entonces, ya se ha anunciado que se está planeando un nuevo reality de la familia.

Entre los indultados también hay criminales violentos. Larry Hoover, más conocido como King Larry, es un líder de una pandilla de Chicago que lleva en prisión cumpliendo una sentencia de cadena perpetua desde los años 70 por el asesinato de un pandillero rival. Ha recibido una conmutación de sentencia esta semana, aunque no por el asesinato, sino por otros cargos que se le sumaron cuando en 1997 fiscales federales lo acusaron de seguir operando desde prisión, finalmente condenándolo por narcotráfico, entre varios otros cargos. Su indulto de esta semana no lo libra de la cadena perpetua, pues eso es por un delito estatal que el presidente no tiene poder para cancelar, pero sí significará que saldrá de la cárcel de máxima seguridad de Arizona, donde está recluido, para ser trasladado a otra prisión estatal en Illinois.

Trump tampoco se ha olvidado de aliados políticos, como Michael Grimm y Jeremy Hutchinson. Grimm es un excongresista republicano que representó Staten Island y parte de Brooklyn entre 2011 y 2015, cuando renunció después de ser acusado de no reportar casi un millón de dólares en ingresos y cientos de miles de dólares en salarios de trabajadores de un restaurante en Manhattan del que era dueño. Se declaró culpable y fue sentenciado a ocho meses de cárcel y 200 horas de servicio comunitario, entre otros castigos. Desde entonces, ha apoyado al presidente Trump abiertamente y ahora ha recibido un indulto completo.

Hutchinson, por su parte, es miembro de una importante familia política de Arkansas: hijo de Tim Hutchinson, exsenador nacional, y sobrino de Asa Hutchinson, exgobernador del Estado, él mismo fue senador estatal. En 2023 había sido condenado a más de cuatro años de prisión por fraude fiscal y por aceptar sobornos. Sin embargo, en la carta en la que pidió el indulto presidencial, sus abogados afirmaron que “está absolutamente claro que los demócratas en el Departamento de Justicia y dentro del FBI eligieron procesar el caso porque era un legislador conservador de alto perfil de una familia republicana”, obviando las pruebas que llevaron a su condena. Ahora, cerca de estar a la mitad de su condena, podrá salir de la cárcel sin ningún historial criminal.

La última oleada de indultos de Trump son un ejemplo más de cómo está haciendo trizas las convenciones presidenciales y llevando al límite sus propios poderes. No es que lo que haya hecho sea ilegal, pero sí rompe con lo establecido. La oficina del fiscal de indultos suele estar dirigida por un funcionario de carrera, no por un político elegido por su adhesión al presidente. Y si bien en ocasiones los presidentes no recurren a la oficina del fiscal de indultos en algunos casos, como hizo Biden cuando indultó a miembros de su familia, en la mayoría el Departamento de Justicia analiza una serie de criterios a la hora de estudiar una solicitud de indulto, como la rehabilitación y el arrepentimiento, aunque es el presidente quien decide si sigue su recomendación.

Aparte de los indultos de esta semana, Trump ya había perdonado a personas como Ross Ulbricht, fundador del mercado ilegal de drogas en la deep web Silk Road; el ex gobernador demócrata de Illinois Rod Blagojevich, condenado por cargos federales de corrupción; o tres cofundadores de la bolsa de criptomonedas BitMEX, que se declararon culpables en 2022 de violaciones de la Ley de Secreto Bancario. Y en el mundo trumpista empiezan a sonar llamados para que el presidente indulte a Derek Chauvin, el policía de Minneapolis que mató a George Floyd en 2020, y Tina Peters, una funcionaria electoral de Colorado condenada por permitir el acceso no autorizado a máquinas electorales como parte de una búsqueda de fraude electoral en las elecciones de ese mismo año. Ambos son casos que se han hecho banderas de batalla de los seguidores del presidente, que quieren que sean los siguientes perdonados.