La Audiencia Nacional ha condenado al constructor Fernando Martín, expresidente de la promotora Martinsa y del Real Madrid, a tres años y cuatro meses de cárcel por su implicación en el caso Gürtel. El tribunal considera probado que el empresario coordinó y participó en el pago de una mordida de 25 millones de euros al líder de la trama, Francisco Correa, para asegurarse la adjudicación de un pelotazo inmobiliario en Arganda del Rey (Madrid) entre 2004 y 2006, cuando el PP gobernaba en dicho municipio. La sentencia, que castiga también con penas de prisión a varios cargos del partido político, resalta los importantes lazos que había tejido el cabecilla de la red corrupta con la formación conservadora.
Esta sentencia sobre el caso Gürtel, que versa sobre los sucios negocios urdidos por la trama en Arganda, no se sale del guion previsto. Antes del juicio, la inmensa mayoría de acusados —18 de las 19 personas que se sentaron en el banquillo— admitieron los delitos en busca de un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de que el ministerio público rebajara su solicitud de penas y evitar así la entrada en prisión. Entre los confesos se encontraba Fernando Martín, que reconoció que se alió con Correa para que tirara de sus contactos políticos para conseguirle el llamado plan UE-124 (Unidad de Ejecución 124), “una pieza estratégica de desarrollo urbano” de la localidad, donde “el Ayuntamiento tenía la propiedad mayoritaria del suelo”, en palabras del propio exalcalde popular Ginés López.
A cambio de su influencia, Martín pactó entregar a Correa una comisión de 25 millones de euros. La mayor mordida que consiguió Gürtel. Y para cubrir el pago de ese dinero, según recoge la sentencia, el presidente de Martinsa implicó a dos empresarios más: el fallecido Manuel Salinas, del sector de la construcción, y Amando Mayo, un asesor financiero conocido del promotor inmobiliario, que también confesó. “Yo, en el total de la operación, puse siete millones”, dijo el expresidente del Real Madrid durante el juicio: “Cuando estábamos en proceso de negociación, hubo una petición expresa de que, si no se pagaba, no se tenía”, remachó.
En esta nueva sentencia, la Audiencia Nacional condena a Martín por cinco delitos: uno de prevaricación, uno de fraude a las administraciones públicas; uno de cohecho; y dos contra la Hacienda Pública. Y le impone las penas pactadas con la Fiscalía: tres años y cuatro meses de prisión por el total de delitos (aunque ninguna de las penas por separado para cada uno de ellos supera los dos años); y el pago de una multa de más de 270.000 euros. Además, se le aplican los atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y reparación del daño (ya que en 2024 abonó a la Agencia Tributaria más de medio millón de euros en concepto de responsabilidad civil). Con todo ese contexto, antes del juicio, la defensa del constructor ya pidió que se suspendiera su entrada en la cárcel al “concurrir” los requisitos excepcionales previstos en el Código Penal (ninguna pena por separado supera los dos años de reclusión).
Fernando Martín, de 77 años, fue un poderoso e influyente hombre de negocios. Creador del grupo Martinsa en la década de los noventa, se le consideraba uno de los mayores propietarios de suelo en España. Entró en la cúpula directiva del Real Madrid en el año 2000 de la mano del también empresario y constructor Florentino Pérez, a quien sustituyó en la presidencia del club en febrero de 2006 —cargo que dejó a los dos meses, obligado a dimitir por la junta directiva después de negarse a convocar elecciones—. Tras estallar la crisis financiera de 2007, Martinsa quebró en 2008 y anunció la mayor suspensión de pagos de la historia del país
Los cargos del PP
Más allá del expresidente de Martinsa, la lista de condenados es larga. El tribunal sentencia a penas de cárcel a los 19 acusados, incluido al que no pactó con la Fiscalía y negó los delitos: Luis Bremond, exfuncionario del Ayuntamiento de Arganda, al que impone un total de 1 años y 11 meses de prisión. También se castiga con 8 años y 10 meses de cárcel a Francisco Correa; y a Pablo Crespo, número dos de la trama y ex secretario de Organización del PP de Galicia.
Otros penados son los siguientes: Ginés López, exalcalde popular de Arganda (5 años y 7 meses de reclusión); Benjamín Martín Vasco, quien fuera concejal del municipio y consejero delegado de su Sociedad de Fomento, así como diputado regional del PP (6 años); Josefa Aguado, jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento y exparlamentaria en la Asamblea de Madrid (10 meses) por el partido conservador; César Martín Tomás Morales, alias El Santo, ex consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte (5 meses); y los empresarios Amando Mayo (5 años y 4 meses) y Alfonso García Pozuelo (1 año y 9 meses).
En línea con las anteriores sentencias dictadas sobre el caso Gürtel, el tribunal coincide con que Correa creó una red de corrupción para “enriquecerse ilícitamente” con la obtención de contratos públicos adjudicados por la Administración: “Para lograrlo contó con la esencial colaboración de funcionarios, cargos públicos y políticos”. Y, fundamentalmente, con integrantes del PP, donde había anidado la trama.
“La red de influencias de Correa, con la que llevaba a cabo sus actividades ilícitas, se extendió a comunidades y municipios gobernados por el PP debido a la estrecha relación que tanto él como integrantes de su grupo mantenían con algunos cargos y miembros de ese partido político”, añade la resolución de la Audiencia Nacional, fechada el 22 de abril y firmada esta semana por los tres magistrados del tribunal que enjuiciaron esta parte del sumario —Fernando Andreu, María Teresa García y Javier Mariano Ballesteros—.
Gracias a esos contactos, desde al menos 1998, la trama se adentró en el Ayuntamiento de Arganda del Rey con la intención de “lucrarse de los contratos adjudicados por entidades públicas de dicha localidad madrileña […] durante las legislaturas en las que gobernó el PP”. En ese tiempo, según insiste la sentencia y admitieron los implicados, compró a los principales cargos políticos de la localidad: al entonces alcalde Ginés López; y a Benjamín Martín Vasco, quien fuera concejal del municipio y consejero delegado de su Sociedad de Fomento, así como diputado regional.
A cambio de que les adjudicaron contratos públicos de diferente índole a sus empresas y otras por las que intermediaba, Francisco Correa y Pablo Crespo regaron de dádivas y regalos a los cargos del PP, como viajes y relojes de lujo. Según la sentencia, Martín Vasco percibió más de 363.000 euros en efectivo y “en especie”; y el exregidor, más de medio millón.
Esta vista sobre el desembarco de la trama en Arganda, celebrada el pasado marzo, fue el penúltimo juicio previsto del caso Gürtel. Ya solo queda la vista oral que versará sobre la estructura societaria urdida por la red corrupta para blanquear dinero. Por esos hechos, la Audiencia Nacional abrió juicio oral contra 26 personas.
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