En 2010, en un impulso de loable sinceridad, Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra entre 2003 y 2013, confesó en una conferencia en Nueva York que “de todas las maneras posibles de organizar la banca, la actual es la peor”. Han pasado 15 años de aquella confidencia y el mundo de las finanzas no parece haber mejorado mucho.
Dos hechos recientes nos han recordado el tremendo coste de la crisis financiera y la falta de transparencia sobre el origen de las exorbitantes ganancias bancarias.
En primer lugar, Eurostat ha actualizado el balance del coste de la crisis bancaria en los 27 países de la UE entre 2007–2024. El resultado es muy desigual. Un grupo de 17 países han pagado una factura enorme que suma un total de 266.171 millones de euros. El que ha gestionado peor la crisis es España, donde sus ciudadanos han cargado con las mayores pérdidas de toda la Unión, con unos costes de 72.655 millones de euros, el 27% del total. Otros diez países, sin embargo, no han tenido coste alguno o incluso han recuperado con beneficios las ayudas al sector financiero. Ni los banqueros ni los supervisores españoles han explicado tan extravagante anomalía.
La segunda noticia es el resultado de una investigación de dos expertos en temas financieros, Carlos Arenillas, ex vicepresidente de la CNMV, y Jorge Pérez, ex jefe de regulación contable del Banco de España, explicitada en Lo que el Banco de España no cuenta, (Cinco Días). Los autores sostienen que el Banco de España pagó a la banca española en 2024 unos 8.000 millones de euros por los 200.000 millones de euros que depositaron en el banco central español. El tipo de interés medio con que fueron remunerados estos depósitos fue del 3,7%. Un rendimiento extraordinario si además se tiene en cuenta que son operaciones sin riesgo alguno. Se trata de un generoso obsequio si se tiene en cuenta que en 2024 los seis mayores bancos españoles obtuvieron un beneficio neto de 16.000 millones de euros netos por sus actividades en España.
Hace unos meses la Fiscalía recurrió al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que había rechazado la demanda de Sumar en la que solicitaba el detalle del reparto de la dádiva entre los distintos bancos. Información que había sido denegada previamente por el Banco de España.
El problema es europeo. El año pasado, un grupo de economistas y eurodiputados, encabezados por los profesores Yuemei Ji y Paul de Grauwe, dirigieron una carta al BCE en la que pedían explicaciones por la falta de transparencia de estas transferencias a los bancos en la UE que superaban los 140.000 millones de euros, comparables al presupuesto europeo que en 2023 fue de 169.000 millones de euros. Su presidenta, Christine Lagarde, justificó estas operaciones para “lograr el mandato de estabilidad de precios en la zona euro… incluso si resulta temporalmente en un aumento de las ganancias financieras para los bancos comerciales”.
Un sistema que acarrea tantos costes a la mayoría y ganancias tan arbitrarias a unos pocos no es mejor que el que describió King. La transparencia financiera se ha convertido en una urgencia.
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